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El año pasado las críticas al Programa Nacional de Estímulos fueron la noticia. Desde diferentes sectores, y por diversas razones, se cuestionó esta iniciativa, que desde su creación se ha convertido en el talón de Aquiles para aquel o aquella que asuma el liderazgo del Ministerio de las Culturas.
A pesar de que para 2024 se contaba con el monto más alto del programa en toda su historia ($33.390.282.000), al igual que con la cifra de participación más alta (14.239 propuestas, un 60 % más que en 2023). Los problemas en cuanto al proceso de diseño, convocatoria, evaluación y selección de propuestas persistieron.
Esa fue una preocupación para un sector, que en distintos escenarios manifestó que no era posible que siguieran exigiendo las mismas mejoras de hace 27 años, y que aunque reconocían la burocracia como un fenómeno histórico, esperaban se pudiera superar.
Con este precedente, y otras precariedades bajo la lupa, se inició el trabajo del equipo del Ministerio para el proyecto de fortalecimiento de la Ley General de Cultura, que fue radicado ante el Congreso de la República el pasado 7 de mayo. Alberto Sanabria y Gonzalo Castellanos fueron los arquitectos del nuevo articulado que se espera sea debatido la próxima semana por la Cámara de Representantes.
Ambos autores destacaron la necesidad de transformar los mecanismos de asignación de estímulos culturales en el país, así como el fomento de los incentivos a los artistas, cultores, gestores culturales y sabedores. Por esa razón, dos de los pilares de este proyecto de ley son la financiación y los estímulos, además de los derechos y el desarrollo cultural, los enfoques intersectoriales y sectoriales, así como una gobernanza participativa que abra caminos a la voz colectiva.
El título III del proyecto, que lleva por nombre “Fomento, estímulos e incentivos a la vida y la gestión cultural artística, y de los saberes”, aseguró Castellanos, busca eliminar la excesiva tramitología y las barreras burocráticas que dificultan el acceso a los recursos.
Tanto él como Sanabria dijeron ser conscientes de que existe una queja reiterada por parte de los territorios frente al centralismo que caracteriza muchas de las políticas culturales, lo que ha generado tensiones y desigualdades. “El problema no es que no haya estímulos o mecanismos, sino que están diseñados de forma tal, que benefician desigualmente a unos pocos”, aseveró Sanabria, quien también se desempeña como asesor del Ministerio de las Culturas.
Ante este panorama, el proyecto de fortalecimiento no busca principalmente ampliar el número de estímulos, sino transformar en profundidad el sistema de fomento. Para ello se propone una revisión normativa del sistema de convocatorias, con énfasis en facilitar el acceso desde los territorios históricamente excluidos. Esto incluye cambios en los requisitos de postulación, estrategias de formación para los agentes culturales y articulación con otras entidades, como la DIAN y el Ministerio de Hacienda, con el fin de simplificar trámites y flexibilizar criterios.
“La estrategia es facilitar el acceso a los sistemas que ya existen, no inventar otros nuevos”, enfatizó Sanabria. En este marco, el principio de equidad territorial se convierte en un eje transversal. De acuerdo con el artículo 18-3 del proyecto de ley: “La asignación de estímulos preverá posibilidades de subsanación en procesos selectivos, se contemplarán coberturas regionales y de áreas no municipalizadas, se prescindirá de exigencias formales no indispensables para considerar las iniciativas, se establecerán canales de información para la participación según condiciones diferenciadas territorial, etaria, de género, étnica o poblacionalmente, se adelantarán procesos de capacitación a la ciudadanía, uso de herramientas digitales y se proveerá información suficiente sobre las decisiones”.
Pero, ¿cómo se financiará esta transformación? Sanabria señaló que parte de la estrategia se basa en ampliar la articulación con otros sectores y fuentes de inversión. “Identificamos que hay muchas instituciones públicas y privadas que están haciendo programas e inversiones muy importantes en cultura”. Citó como ejemplo al Ministerio de las TIC, que promueve la creación audiovisual, o al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Un aliado clave en este nuevo esquema son las cajas de compensación familiar. “Tienen infraestructuras, una red de bibliotecas, oferta cultural consolidada… ¿Por qué no caracterizar lo que ya están haciendo y sumar esfuerzos?”, planteó Sanabria. Así se consolida uno de los principios más fuertes del proyecto: la intersectorialidad.
Además de ampliar alianzas, el Gobierno apunta a la cooperación internacional y a reactivar instrumentos financieros como el Fondo Cultura, creado por ley, pero hoy inactivo por problemas de gobernanza. “Con este proyecto buscamos darle vida al Fondo Cultura para atraer recursos públicos y privados”, añadió.
El representante Daniel Cavarlho, quien integra la Comisión Accidental de Seguimiento a las Políticas Culturales del Congreso de la República y posiblemente sea uno de los ponentes del proyecto, destacó esta integración de lo público y lo privado. “Un asunto estructural de los estímulos es que van a permitir de una forma más amplia la concurrencia de recursos de diversa índole: con alianzas entre creadores y gestores, con recursos de inversión, con estímulos al acceso como bonos culturales, entre otros”.
Sin embargo, para algunos, como el escritor e investigador Guissepe Ramírez, una de las mayores preocupaciones frente al proyecto de reforma a la Ley General de Cultura en Colombia no está en lo que propone, sino en lo que omite. Aunque valora la intención de rediseñar el sistema de fomento y estímulos con un enfoque territorial, encuentra que el modelo de financiación propuesto deja demasiado peso sobre los hombros de los gestores y muy poco compromiso estatal.
Según su lectura, el único mecanismo de financiación directa que establece el proyecto está en el artículo 38: la estampilla Procultura. Más allá de eso, la norma parece apostar por los incentivos tributarios, como la exención del impuesto de renta a quienes donen recursos a proyectos culturales. “Ese fue el único mecanismo directo de financiación de la cultura. Está descansando sobre algo que llamo la caridad tributaria”, señaló.
Ramírez consideró que este tipo de exenciones pueden ser útiles, pero son insuficientes. Además, son optativas, lo que significa que no hay garantía de que los agentes privados realmente quieran invertir. En consecuencia, el peso de buscar esos recursos recae nuevamente en los gestores culturales. “Eso conduce a que sean los mismos gestores quienes se vean mucho más cargados con tareas de búsqueda de esos recursos”, explicó.
Pero lo que más le inquieta a Ramírez es lo que percibe como una retirada del Estado en su deber de garantizar el acceso y la sostenibilidad de la cultura. “Creo que esa sobrecarga sobre los agentes culturales quita un poco de responsabilidad al Estado en esa búsqueda de recursos. Porque más allá de que sean subsidios, esencialmente el Estado existe porque los ciudadanos pagamos impuestos, y todos los ámbitos del Estado reciben ese dinero”.
Estampilla Procultura: un impuesto para democratizar el acceso
Junto al rediseño del sistema de estímulos, el proyecto trae de vuelta una herramienta que había perdido fuerza en los últimos años: la Estampilla Procultura. Se trata de un mecanismo que permite a municipios, distritos y departamentos recaudar fondos propios para invertir exclusivamente en cultura, mediante un pequeño gravamen sobre contratos o trámites oficiales.
La reforma establece con claridad en qué se debe invertir lo recaudado: creación artística, formación de gestores, infraestructura cultural, bibliotecas y, de forma significativa, seguridad social para artistas y gestores culturales. Hasta un 30% de lo recaudado puede destinarse a este fin en territorios que ya hayan cubierto su pasivo pensional.
“El artista no solo necesita un escenario o una sala de ensayo. Necesita también salud, pensión, estabilidad”, recordó Sanabria. Por eso, esta apuesta no es solo económica, sino también simbólica: reconocer el valor del trabajo cultural como un trabajo digno y con derechos.
Entre críticas y aplausos, el proyecto iniciará su trámite legislativo. Le esperan cuatro debates en el Congreso, donde se definirá su destino.
“El Congreso puede estar viviendo días agitados, pero esta ley tiene la capacidad de juntarnos, de hablar de lo que nos une”, afirmó el representante Daniel Carvalho. “Recoge la diversidad del país gracias a un proceso amplio y hermoso liderado por el Ministerio. Ahora nos toca ratificar que es una ley que nos une”, concluyó.
Por Samuel Sosa Velandia
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