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Hace 28 años el entonces presidente Ernesto Samper impulsó la Ley General de Cultura, sancionada el 7 de agosto de 1997. Esta ley permitió la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, marcando un hito al reconocer institucionalmente la riqueza cultural de Colombia y la dignidad de quienes la cultivan. Desde entonces el país ha cambiado, y con él las dinámicas culturales, las realidades sociales y las aspiraciones de quienes habitan y sostienen este sector.
Durante décadas estos sectores han clamado por garantías, equidad y el reconocimiento pleno de sus oficios como pilares de la vida colectiva. Consciente de estas transformaciones y del paso del tiempo sobre una norma que fue fundamental en su momento, se hizo necesaria una reforma de la Ley General de Cultura: no para borrar su legado, sino para actualizar su espíritu a las demandas y los desafíos del presente. Ayer, bajo la lluvia y el frío bogotano, frente al Congreso de la República en la plazoleta Rafael Núñez, se radicó el proyecto de fortalecimiento de esta ley.
El proyecto comenzará su tránsito en la Cámara de Representantes. Allí será objeto de conversaciones y debates que definirán la renovación del marco legal que sostiene al entramado cultural, cuyos integrantes desde ya consideran esto como una victoria.
“La ley que nos une”. Esa era la frase que más se escuchaba en los pasillos del Ministerio y en su entrada, minutos antes de la radicación de la reforma. Según integrantes de esta cartera, no se trata de un eslogan. Para ellos es el reflejo de un proceso construido de manera colectiva, con voces diversas y desde distintos territorios.
En 2024, el Ministerio realizó 85 mesas de diálogo durante 17 encuentros regionales, en los que se conversó con diversos agentes culturales de distintos sectores para consolidar el documento que se radicó.
Alberto Sanabria Acevedo, asesor en gobernanza y políticas culturales del Ministerio, y Gonzalo Castellanos, gestor de políticas y proyectos sociales y culturales, fueron los arquitectos del nuevo articulado. Lo que ellos redactaron en este documento nació del diálogo “entre la raíz y el porvenir”, y se organizó en torno a cuatro pilares: financiación y estímulos, derechos y desarrollo cultural, enfoques intersectoriales y sectoriales, y una gobernanza participativa que abra caminos a la voz colectiva.
Sanabria indicó que la última transformación profunda de la ley ocurrió en 2008, cuando se reemplazó la idea rígida del “monumento nacional” por una noción de patrimonio más viva y relacionada con la memoria. Ahora, el espíritu de la reforma no es modificar un aspecto puntual, sino fortalecer integralmente el marco jurídico sin desmontar los avances existentes.
“Es clave entender que estamos abordando principalmente la Ley General de Cultura, que está próxima a cumplir 30 años, pero también estamos revisando el conjunto de leyes que el país ha expedido en materia cultural. Se trata, en primer lugar, de entender ese cuerpo normativo y buscar cómo fortalecerlo. Estas leyes han sido fundamentales para la vida democrática del país y el desarrollo de sus sectores culturales”, agregó Castellanos.
Ambos autores resaltaron que uno de los cambios más trascendentales se dará en materia de financiación y estímulos, especialmente en la eliminación de la burocracia que ha acechado la asignación de estos recursos, así como en su descentralización. Asimismo, destacaron que hay una necesidad de incluir a sectores poblacionales que aún no están debidamente reconocidos en la legislación actual, como comunidades étnicas, jóvenes, población LGBTIQ+, población rural y colombianos en el exterior.
“Esta ley busca cerrar esas distancias y darles a las expresiones culturales la posibilidad de desarrollar mecanismos de sostenibilidad. Es un instrumento para gestionar más recursos, tanto a nivel nacional como territorial. Con nuevos incentivos a la inversión privada, se abre la posibilidad de conseguir más financiación, ya que el objetivo es fortalecer el sector no solo con el presupuesto público, sino también con el apoyo privado”, explicó Sanabria.
En lo que señaló el asesor, una de las propuestas del proyecto es el fortalecimiento de los incentivos tributarios para aquellos que decidan aportar a la cultura. Quienes contribuyan con recursos a la Red de Bibliotecas Públicas, a los fondos mixtos de cultura, al Fondo Nacional de Cultura o a proyectos de preservación de bienes y expresiones culturales podrán recibir una deducción del 165 % sobre el impuesto de renta.
Otra de las propuestas busca aumentar el límite de la estampilla “Procultura”, elevándolo del 2 al 2,5 %. Este recurso, aprobado por las asambleas departamentales y los concejos municipales o distritales, destina fondos a cuestiones fundamentales, como la seguridad social de los creadores y gestores, además de reforzar las bibliotecas públicas, que siguen siendo uno de los pilares de la educación y la cultura en todo el país.
El proyecto incluye también una medida que abre nuevas oportunidades para la cultura en el espacio público. Se plantea eximir o reducir las tasas por el uso de calles, plazas y parques con fines culturales.
Los cambios deberán ser analizados desde nuestra orilla mientras son discutidos en el Congreso. Sin embargo, Sanabria destacó que el proceso de construcción de esta ley ha sido diferente al de otras iniciativas legislativas. Explicó que, además de ser un proceso único, “se ha caracterizado por un intenso y fructífero diálogo intersectorial con diversos actores clave”. Uno de los ejemplos más notables de este diálogo, según él, ha sido el trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda. Esta ley, dijo, “contiene mecanismos económicos sin precedentes, una propuesta audaz que ha sido cuidadosamente discutida y entendida por esa cartera, que reconoció el impacto positivo de muchas de las medidas”.
Castellanos destacó que el mensaje central de este proyecto de ley es claro: “La cultura contribuye a las finanzas del país, a veces con uno o más puntos del Producto Interno Bruto”. Además, subrayó que es el momento de devolverle a la cultura parte de lo que genera, aunque reconoció que nunca será suficiente ni alcanzará todas las aspiraciones del sector.
“Existen sectores culturales que, sin incentivos, no logran avanzar; sin embargo, con incentivos, la contribución es significativa, actuando como un factor multiplicador muy importante. No solo en esa contabilidad social —la memoria, la reconfiguración del tejido social—, sino también en una contabilidad económica, donde la cultura cumple un papel clave”, agregó.
Las reformas que se han presentado en este gobierno no han tenido mucho éxito en el legislativo. Las discusiones han estado politizadas y la oposición no ha dado lugar al oficialismo. Ante ese panorama, Castellanos y Sanabria se muestran tranquilos. Están seguros de que esto se trata de algo más que de una orilla política. “Hemos tenido varias reuniones con congresistas de todos los partidos, incluyendo la Comisión Accidental de Seguimiento a Políticas Culturales. A pesar de algunas posturas en oposición al gobierno, ha prevalecido un espíritu de unidad. Nos han dicho que, aunque no sean parte de la bancada oficialista, nos acompañarán en este proceso. Durante estas conversaciones, varios congresistas han destacado que este proyecto de ley ofrece una oportunidad para crear un pacto nacional basado en la cultura”, aseveró Sanabria.
La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, habló para El Espectador y fue enfática en que la postura del Ministerio no es la de imponer una reforma, sino la de abrir una conversación: “Lo que ocurrirá al interior del Capitolio Nacional será un diálogo. Son los pequeños cambios simbólicos los que comienzan la transformación de una cultura de disrupción hacia una cultura del diálogo”, expresó.
También recordó que la cultura es, inevitablemente, política. Pero hizo una distinción necesaria: lo político no es lo mismo que la política partidista. La primera pertenece al terreno del sentido común y compartido; la segunda, al ejercicio institucional del poder. En ese cruce, la cultura y el arte que nacen de los territorios, con su propia política —más íntima, más ontológica— también proponen su visión del país. Y es esa visión la que se espera llevar al Congreso: no como una verdad cerrada, sino como un punto de partida para escuchar, debatir y construir en común.
Por Samuel Sosa Velandia
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