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La Fiscalía trabaja en total sigilo para esclarecer el crimen contra el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Tan callado tiene su trabajo que este 12 de junio logró capturar, imputar y pedir medida de aseguramiento contra el segundo procesado en esta investigación, sin que nadie supiera del avance en el caso. En contraste, el ente investigador sí hizo todo el ruido que pudo para expresar su molestia por las filtraciones de piezas procesales claves y por la injerencia del presidente Gustavo Petro en el expediente. Tan fuerte fue la aclaración que hizo la entidad en cabeza de Luz Adriana Camargo que dejó claro que entidades adscritas al gobierno no tendrán un puesto en las reuniones sobre el caso.
El nuevo hombre procesado
A las 6:20 de la tarde de este jueves 12 de junio, la Fiscalía confirmó que ya tenía bajo su custodia al segundo procesado en este caso. Se trata de Carlos Eduardo Mora González, quien es señalado de haber sido una de las personas que habría planeado el crimen contra del senador del Centro Democrático. El ente investigador le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos, cargos que no aceptó. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que el presunto cómplice del atentado habría tenido la responsabilidad de adelantar el reconocimiento previo del lugar donde se cometió el ataque: el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón en Bogotá.
Esas labores de inteligencia las habría realizado dos días antes del atentado. Un día antes, el 6 de junio, agregaron fuentes enteradas del caso, Mora González, al parecer, ultimó los detalles del atentado para, el 7 de junio, no tener sorpresas. Esos datos de funcionarios del búnker mostrarían que el evento, así como el ataque, sí fue planificado, en contraste con lo que ha dicho el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. La Fiscalía tiene pruebas de que el segundo procesado en esta investigación estuvo cerca del parque El Golfito, momentos antes de que un sicario atacara a Miguel Uribe Turbay, disparando un arma Glock nueve milímentros, y que tres de los ochos disparos que realizó, hirieran de gravedad al precandidato.
Durante la tarde del atentado, cámaras de seguridad de este sector del barrio Modelia captaron a un carro gris modelo Spark que causó sospechas. De ese vehículo descendió quien ha sido señalado por la Fiscalía como el sicario que atentó contra el congresista. Según la investigación en contra de Mora González, en ese automotor donde él estaba momentos antes del ataque, el sicario habría recibido el arma que usó minutos después en su intento fallido de acabar con la vida de Uribe. Como dato adicional, los investigadores identificaron que al sicario le intercambiaron sus prendas de vestir en ese mismo carro. Mora enfrentará su proceso penal desde la cárcel y al cierre de esta edición el juez del caso estudiaba si era viable enviarlo al búnker de la Fiscalía, donde también se encuentra el menor de 15 años.
En contexto: Fiscalía imputó a hombre señalado de planear el atentado contra Miguel Uribe
La Fiscalía se para en la raya
A las 4:55 de la tarde, una hora y media antes de conocerse la nueva imputación, la Fiscalía compartió un duro comunicado en el que le dejó en claro al presidente Gustavo Petro que entidades del gobierno no son bienvenidas en las pesquisas sobre el atentado. El ente investigador fue claro en mencionar que la presencia de los directores de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez; y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, llamados por el primer mandatario a participar en las indagaciones, “desnaturaliza” las labores de la entidad. Aunque agradeció a ambas instituciones por hacer parte del Puesto de Mando Unificado (PMU) que verifica la situación, les pidió apartarse de la investigación.
Esta no fue la única respuesta de la entidad dirigida por Luz Adriana Camargo al presidente Petro, quien el pasado miércoles 11 de junio, durante una alocución en Cali, le pidió al ente investigador integrar una comisión de investigación judicial, independiente de las Naciones Unidas, para adelantar indagaciones en el caso del senador Uribe Turbay y los ataques contra “todos los líderes políticos y sociales”. La Fiscalía agregó: “El país puede tener tranquilidad y confianza en el trabajo independiente, objetivo, decidido y constante del equipo especializado de fiscales, investigadores, analistas, peritos y profesionales del CTI, destacado para realizar las actividades de investigación y acusación que la Constitución Política le ha confiado”.
El búnker en cabeza de Camargo le dejó claro al presidente Petro que la investigación, bajo su autonomía, cuenta con toda las capacidades “operativas y funcionales” para llevar investigaciones de esta índole, así como “los demás casos de su competencia”. Un claro mensaje en el que marca distancia del gobierno Petro en este caso y en el que pone sobre la mesa sus condiciones para seguir en la investigación: total reserva sobre el expediente y a las reuniones sobre los avances solo podrán participar funcionarios de la Fiscalía y de la Dijín de la Policía. Por ahora, la puerta está cerrada para el gobierno, mientras el ente investigador trabaja en sigilo para esclarecer el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
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