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Una ruta jurídica. Ese es el camino que ahora deberá recorrer el menor de 15 años que habría disparado al menos ocho balas en contra del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El congresista se encuentra en la Fundación Santa Fe bajo pronóstico reservado, mientras la Fiscalía y la Policía siguen recopilando evidencia para llegar hasta los autores intelectuales. Mientras las pesquisas avanzan, el ente investigador está en la tarea de lograr que el joven colabore con la investigación y les cuente todo lo que sabe sobre quiénes lo contactaron para perpetrar el atentado, cuánto le iban a pagar y qué motivó a los cerebros del ataque a dar la orden. El camino no es tan fácil, pues, al tratarse de un menor de edad, los beneficios y la persecución penal tiene sus bemoles.
De hecho, en esa misma ruta también hay un tema clave para la situación del menor: tanto él como su familia serán incluidos en el sistema encargado de proteger a testigos que ofrece la Fiscalía, un beneficio que podría centrar la atención de las autoridades en garantizarles seguridad mientras el proceso avanza. Este diario conoció que el adolescente y presunto sicario ya le habría entregado información crucial a los investigadores sobre otras personas que ese día, al parecer, lo acompañaban en el parque El Golfito, en la localidad de Fontibón (Bogotá), antes de apretar el gatillo. Videos de cámaras de seguridad, revelados por Noticias Caracol, señalan que el menor posiblemente estuvo vigilado por al menos cinco cómplices que se movilizaban en dos motos y un vehículo Spark de color gris. Investigadores del caso analizan ese material a detalle.
Para entender el camino, expertos en derecho penal explicaron los detalles del proceso. El pasado martes 10 de junio, el menor fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó. Ese mismo día fue enviado al búnker de la Fiscalía, en donde la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que será adecuado un espacio para el joven. El hecho de haberse declarado inocente tiene varias connotaciones. Para el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, aunque pueda ser una “extrañeza”, esto puede tener dos explicaciones: que en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) no hay rebaja de penas por aceptación de cargos; o que negocie un principio de oportunidad con el ente investigador a cambio de entregar información relevante sobre el atentado.
Según el jurista, es “perfectamente posible” que el adolescente llegue a un acuerdo con la Fiscalía para acceder a un principio y, en ese caso, “debe entregar evidencia de respaldo y, conforme lo prevé el Código de Infancia y Adolescencia, el Estado colombiano está en la obligación de protegerlo”. Pero ante este posible escenario también hay otras voces que advierten un asunto clave. De acuerdo con Jorge Mario Gómez, abogado penalista, las negociaciones en este caso, por tratarse de un menor de edad, no son iguales al sistema penal para mayores. “Aquí no proceden negociaciones como los preacuerdos, que buscan rebajas de pena. En este caso, el adolescente podría enfrentarse únicamente a una pena entre dos y ocho años”, apunta.
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Las finalidades del SRPA, dice el abogado Gómez en diálogo con este diario, son de carácter pedagógico y diferenciadas. “Esto quiere decir que tiene un enfoque educativo, pues su objetivo es garantizar una protección integral del adolescente y, adicionalmente, se busca una justicia restaurativa. El sistema de menores no se centra en el castigo, sino en una restauración moral y social. De cierta manera hay una corresponsabilidad del Estado porque fue incapaz de garantizarle un bienestar y asistencia oportuna. Por eso el SRPA tiene como fin el restablecimiento de sus derechos”. De ahí que, añade el jurista, sí tenga validez el principio de oportunidad, pues lo que se busca con esta herramienta son salidas alternativas al proceso judicial, tal como lo propone el enfoque educativo y restaurador del sistema para menores.
En este asunto está de acuerdo la abogada penalista Sofía de Carvalho, quien fue enfática en que la justicia penal en caso de adolescentes no solo está diseñada para perseguir responsabilidades, sino también para garantizar derechos. De acuerdo con la experta, “hay que recordar que los derechos del imputado, aun en casos de alta sensibilidad como este, no pueden ser suspendidos por clamor del público. Protegerlos es muestra de madurez institucional. La justicia no puede ceder a ningún tipo de venganza. Debe mantenerse firme en los principios que la sostienen, y eso no implica impunidad ni olvido de la víctima, sino un equilibrio necesario para que el proceso pueda avanzar con legitimidad, imparcialidad y garantías para todos los involucrados”.
Siguiendo esta premisa, la abogada le explicó a este diario que la aplicación de un principio de oportunidad cuenta con diferencias sustanciales al comparar la justicia para adultos con la de menores. Para la experta, en el SRPA el análisis para otorgar este beneficio es más riguroso y altamente supervisado. “Implica una valoración integral que tome en cuenta su edad, nivel de responsabilidad, contexto sociofamiliar, grado de participación en los hechos y, sobre todo, la posibilidad real de que se rehabilite y no reincida. Este análisis lo hacen la Fiscalía, el juez, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), un defensor de familia y el Ministerio Público”. Además, la abogada precisó que el principio no es equivalente a que el menor quede en libertad, pues esa debe ser una decisión “argumentada, controlada y justificada”.
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Así mismo, la jurista explica que la probable firma de un principio de oportunidad tampoco deja por fuera a las víctimas, pues no es posible avanzar en el proceso sin considerar el impacto que estos hechos dejaron sobre quienes sufrieron las consecuencias. “Este principio no debe verse como una salida fácil, sino como una herramienta que busca equilibrar debidamente la justicia. En lugar de optar por una lógica exclusivamente punitiva, el sistema busca una respuesta más integral. Que el menor reconozca su responsabilidad, que reciba el acompañamiento que necesita para no repetir su conducta y que las víctimas reciban una forma de reparación”, señaló la abogada.
Por esa razón, y con miras a garantizar los derechos del presunto autor material del atentado y cuidar su testimonio, un juez de control de garantías autorizó su traslado al búnker, custodiado por un fuerte esquema de seguridad. Allí, el menor permanece recluido en un espacio que fue acondicionado por funcionarios del CTI. Además, tanto el menor como su familia fueron incluidos en el Programa de Protección a Testigos de la Fiscalía, el cual ofrece medidas para evitar un alto riesgo de amenaza. Para el abogado Gómez, si bien este mecanismo funciona, aun cuenta con “muchas limitaciones” y, asegura, “existe una queja permanente porque no hay cumplimiento (…) Por la magnitud de este hecho, de haber atentado contra un precandidato presidencial, se podrían brindar herramientas más sólidas para la protección del menor”, agregó.
Sin embargo, una alta fuente judicial que sigue de cerca el proceso, pero prefiere no ser citado, le dijo a este diario que el programa se ha venido transformando “y hoy funciona muy bien”. De hecho, asegura que entre su lista de beneficios se puede otorgar vivienda, ayuda monetaria, reubicación y, en algunos casos, una reinstalación en el exterior. “Naturalmente, para que un programa de esta naturaleza funcione, no se puede contar cómo opera, o si no rastrearían a los protegidos y la idea es resguardar a los procesados vulnerables”. Para la abogada De Carvalho, esta protección no representa en sí un privilegio, sino una obligación que tiene el Estado para asegurar la integridad física del menor de edad. “Protege, además, la validez del proceso judicial, evitando obstrucciones, presiones o alteración de pruebas”, anota.
Así las cosas, el menor ahora custodiado por funcionarios del CTI, y acompañado por el ICBF, cuenta con esta ruta jurídica para entregar nuevos detalles sobre lo sucedido el pasado sábado 7 de junio y así acceder a un principio de oportunidad con el ente investigador. Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a El Espectador que el adolescente de 15 años ya ha entregado alguna información a los investigadores del caso, quienes también indagan datos extraídos de su celular, el cual está en manos de la entidad. “Tenemos sus contactos, chats y redes que muestran otros partícipes”, señaló una persona que sigue de cerca el proceso. Las autoridades avanzan a toda máquina para dar con los autores intelectuales del ataque, mientras el senador y precandidato permanece “en estado crítico y con monitoreo neurológico estricto”, según la Fundación Santa Fe.
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