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El pasado viernes, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Aunque este tipo de documento suele estar dirigido a un público especializado y técnico, la versión de este año se destacó como una de las más relevantes —y polémicas— en tiempos recientes.
¿La razón? El documento contempla la suspensión de la regla fiscal, haciendo uso de una cláusula de escape diseñada para aplicarse en escenarios de urgencia que puedan comprometer la estabilidad macroeconómica del país.
¿Realmente hemos llegado a ese escenario? La respuesta es ambigua: en parte sí, en parte no. Aun así, esta cláusula se percibe como la única vía para revelar con claridad el estado real de las finanzas públicas, después de años de proyecciones excesivamente optimistas y poco fundamentadas que nos han conducido a esta coyuntura.
El informe del Ministerio también plantea una nueva reforma tributaria. Según lo explicado por el ministro Germán Ávila, el objetivo es lograr un recaudo mínimo de $19 billones. Para ello, se proponen ajustes como la reestructuración del IVA con el fin de disminuir el gasto tributario, cambios en el impuesto al consumo (ImpoConsumo) y modificaciones adicionales al impuesto de renta para personas naturales.
El Marco viene con una extensa revisión de cómo está viendo la economía el Gobierno y qué medidas necesita para volver a meterla en cintura fiscal. Estas son cinco claves para entender qué está pasando y qué viene.
El panorama fiscal del país
En el Plan Financiero que el Gobierno presentó en febrero, se proyectaba que el déficit fiscal para 2025 —es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado— sería del 5,1 %. Sin embargo, el Marco Fiscal divulgado este viernes refleja un ajuste que responde a una situación más grave de lo previsto: ahora se estima que el déficit alcanzará el 7,1 %, una de las cifras más altas en el último siglo, con excepción de los años marcados por la pandemia.
Los analistas consultados por El Espectador aseguran que el alto déficit y la suspensión de la regla fiscal aumentan la posibilidad de que Moody’s, la única calificadora que tiene a Colombia en grado de inversión, baje la calificación. En este panorama también es muy probable que Colombia pierda la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional, organización que estaba a la espera de las señales que dará el Gobierno en el Marco Fiscal.
El uso de la cláusula de escape sigue generando muchas dudas. El CARF dijo este viernes que la cláusula de escape no está contemplada para este tipo de situaciones, por lo que dio un concepto desfavorable a la activación. Además, sostuvo que la situación de las finanzas públicas de Colombia es crítica y que la “estrategia fiscal aprobada por el Confis no permite apuntalar la credibilidad y resulta insuficiente para estabilizar la deuda en el ancla prudente en el mediano plazo”.
El Gobierno quiere una nueva reforma tributaria
El Ministerio de Hacienda presentará a finales de julio una nueva reforma tributaria para consideración del Congreso. Según Ávila se buscan por esta vía nuevos recursos por el orden de $19 billones.
El documento que sustenta la presentación del Marco Fiscal hace algunas precisiones claves al respecto de cómo sería esta nueva iniciativa.
¿Qué cara tendrá esa nueva reforma? “Resulta urgente abordar las ineficiencias del diseño del IVA, cuyo gasto tributario equivale a cerca del 5 % del PIB, afectando la sostenibilidad fiscal y perpetuando inequidades en el sistema impositivo”. En palabras del ministro Ávila, hay que pegarle un buen ojo, de nuevo, a las exenciones de este impuesto.
Así mismo, “sería necesario evaluar una posible reducción de la tarifa efectiva del Impuesto de Renta para Personas Jurídicas, acompañada de una depuración de beneficios tributarios regresivos. De igual forma, el fortalecimiento del impuesto al carbono, la imposición permanente a los juegos de azar en línea y la creación de gravámenes ambientales sobre el uso de plaguicidas, emisiones de ruido y productos como los vapeadores podrían constituir fuentes adicionales de recaudo”, se lee en el documento de Hacienda.
Se viene una nueva alza en el precio del diésel, pero no para todos
Como parte del ajuste de cuentas fiscal, el Minhacienda busca seguir apretando las clavijas en el tema del subsidio al diésel por cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
En esta ocasión, el Gobierno quiere establecer una suerte de precio diferencial para el diésel: mantener los niveles actuales para los transportadores de carga, pero subirlo (con miras a igualarlo con los niveles internacionales) para el resto de usuarios.
Lea también: El Gobierno quiere subir el precio del diésel: ¿a quiénes golpearía esta medida?
Esto significaría ajustar los precios para cerca de 28 % del parque automotor que usa ACPM.
Se trata, en palabras del ministro, de acabar con un subsidio que “no tiene sentido”, ya que se benefician los dueños de camionetas de alta gama o flotas empresariales, de acuerdo con el funcionario.
Los números del FEPC hablan elocuentemente del dinero que se destina a este rubro. Sólo en 2024, este mecanismo le costó a la Nación $10,5 billones, y en lo corrido de 2025 apunta a $8 billones. Hoy, cada galón de diésel tiene un subsidio implícito de $4.615.
La inflación no volvería a la meta sino hasta 2027
Las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo permiten ver que la inflación seguirá dando una cierta lata, al menos hasta finales de 2026 y entrado 2027, cuando se espera que regrese al rango meta del Banco de la República.
Esta entidad considera que el nivel saludable de inflación para el país debe estar en 3 %, meta que en un principio se proyectaba para mediados de este año, después se corrió para finales de 2025 y, para este punto, vamos en unos dos años más sin alcanzar completamente ese horizonte.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, este año, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) debe cerrar en 4,5 %. Actualmente se encuentra en 5,05 %, según la más reciente medición del DANE (datos de mayo).
No se ven recortes presupuestales en el horizonte
En la senda de retorno hacia la regla fiscal hay un gran ausente: los recortes presupuestales.
Esta es una medida que esperaban, y pedían, prácticamente todos los analistas. No sólo por la urgencia de ajustar las cuentas, sino también de enviar señales al mercado de que la tarea fiscal se va a hacer con ajuste de cinturón y no comprando pantalones con elástico.
De acuerdo con diversos análisis, el tamaño de estos recortes debería oscilar entre $20 billones y $40 billones.
Pero en las cuentas del Marco no hay recortes de ningún tipo. Hay austeridad y eficiencia del gasto, más no recortes duros y crudos (como sí hubo en la versión 2024 del documento, por ejemplo). Por medio de austeridad del gasto se podrían ahorrar entre $600.000 millones y $1 billón, según las cuentas del Ministerio.
Lo cierto es que la conversación sobre recortes es complicada de tener en este momento (pero también en cualquiera, quizá): necesitamos más dinero, pero no vamos a reducir cómo lo gastamos. Todo en un año antes de elecciones.
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