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Tras el naufragio del proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2025 en el Congreso de la República, al plan de gastos del Estado le espera un escenario poco visto en la historia reciente del país: la expedición por decreto a partir del 20 de octubre. Sin embargo, el debate en torno a los recursos de funcionamiento, deuda e inversión para el próximo año está lejos de terminar, pues al Gobierno le espera otra batalla en el legislativo: la Ley de Financiamiento.
Recapitulemos. El Ministerio de Hacienda propuso un presupuesto por $523 billones, de los cuales $12 billones están atados al destino de la Ley de Financiamiento, una iniciativa fundamental -como se ha insistido desde el Gobierno- para financiar los planes de la administración Petro en 2025. Lo anterior, dicho sea de paso, ha sido criticado por varios congresistas de oposición, quienes argumentan que no es coherente solicitar recursos para financiar el Presupuesto cuando la ejecución del Gobierno en 2024 ha sido calificada como baja.
Desde el oficialismo, se ha insistido en que, sin Ley de Financiamiento, varias metas del Plan Nacional de Desarrollo (la hoja de ruta del Gobierno) podrían no cumplirse. Cálculos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) indican que, si este proyecto no es aprobado por el Congreso, la inversión total se reducirá a menos del 4 % del PIB (en 2024, la cifra está en 4,6 %).
Recortes en el presupuesto de vivienda
La “tijera” en los recursos de inversión reducirían los alcances de los planes del Gobierno en diferentes ámbitos, como en lo relacionado a vivienda y hábitat.
Y es que, de los 50.000 subsidios de Mi Casa Ya prometidos para 2025, a la fecha el Gobierno solo tiene asegurados los recursos para 20.500 subsidios, como lo aseguró el gabinete del Ministerio de Vivienda hace un par de semanas, y un panorama similar le espera al resto de la oferta habitacional, como los subsidios para mejoramiento de vivienda (programa bandera de la administración Petro) y los incentivos para la vivienda rural y la autoconstrucción, así como a las iniciativas en materia de agua potable y saneamiento básico.
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La cosa está así: los recursos asignados para el Ministerio de Vivienda en 2025 rondan los $8,6 billones (un 11 % menos que en 2024). En detalle, el presupuesto de inversión de la cartera pasaría de $5,98 billones a uno de $4,27 billones para el próximo año, es decir, una caída cercana al 30 %. Además, el recorte para el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), la bolsa de recursos para subsidios de vivienda, sería de $1,7 billones. Así está consignado en el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno, como en la ponencia presentada antes del debate de la iniciativa.
María Clara Rodríguez, jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Ministerio de Vivienda, es la persona encargada de hacerle seguimiento a la ejecución de recursos en la cartera y de supervisar el cumplimiento de las metas que contempla el Plan Nacional de Desarrollo.
Rodríguez habló con este diario sobre lo que les espera a los subsidios y al resto de los programas de vivienda para 2025 y dio un balance de lo ejecutado durante la administración Petro.
¿Cuál es la situación del presupuesto de vivienda para 2025?
Nuestro presupuesto se divide en dos: los recursos que se asignan al Ministerio de Vivienda, desde donde ejecutamos programas de ordenamiento territorial e inversiones de agua, y Fonvivienda, donde específicamente nos asignan los recursos que son para soluciones habitacionales. Fonvivienda tuvo la mayor reducción de recursos para 2025 dentro de la cartera.
Como está el presupuesto en este momento, tenemos una disminución de la inversión del 28,6 %. Estamos atentos a lo que pueda pasar, pero no tenemos los recursos necesarios para dar todos los subsidios de adquisición de vivienda ni para cumplir con nuestra meta planteada de subsidios para mejoramiento de vivienda.
Hay que entender muy bien que el ajuste no es en Mi Casa Ya. El recorte en inversión es de $1,7 billones para todo Fonvivienda, es decir, para todo el conjunto de soluciones habitacionales. Entonces, en este momento es apresurado decir que el único programa impactado es el de subsidios de adquisición de vivienda.
La situación se va a definir el otro año, cuando sabremos exactamente en cuánto queda la cuota (la asignación presupuestal) de Fonvivienda. Haremos los movimientos presupuestales que nos permitan ir desarrollando los programas de mayor ejecución y asignándolos de acuerdo a las necesidades del país.
Hablemos de lo hecho hasta ahora. ¿Cuál es su balance sobre el manejo de los recursos ejecutados por el Ministerio durante el actual Gobierno?
En lo corrido del Gobierno hemos invertido $7,8 billones en soluciones habitacionales. En subsidios de adquisición de vivienda nueva, se han otorgado 119.153 subsidios a la cuota inicial por $3,6 billones; se han otorgado 105.071 coberturas a la tasa de interés, por $1,64 billones; en vivienda rural, ya hemos otorgado 2.704 viviendas por $749.000 millones, y en mejoramiento de vivienda, ya tenemos garantizados recursos por $1,5 billones, con los cuales se tiene asegurada la financiación de 120.000 mejoramientos de vivienda.
Tenemos los recursos garantizados para continuar con las asignaciones (de subsidios) durante lo que resta del año y la total garantía de que esas asignaciones tienen congelados los recursos para pagar los subsidios.
En agua y saneamiento básico, este Gobierno ha puesto en marcha 90 proyectos, ya se han terminado 47 y tenemos en construcción 58 proyectos, con una inversión total de $1,46 billones, y se han invertido $70.000 millones en La Guajira, beneficiando a 79.752 personas con 70 rehabilitaciones de infraestructuras de agua potable y tenemos 561 más contratadas.
Durante las discusiones en el Congreso sobre el Presupuesto General de 2025, se señaló que el Gobierno tiene los recursos de inversión “parqueados en fiducias”. ¿Es el caso del Minvivienda?
Nosotros no tenemos recursos parqueados en fiducias, como dicen coloquialmente. Se genera esta confusión porque, en términos presupuestales, a las entidades nos miden por el presupuesto obligado o pagado, es decir, recursos desembolsados. Pero, en el caso del Ministerio de Vivienda, hay que entender que nuestro rol es financiar, comprometer recursos que serán pagados más adelante.
Financiamos, por ejemplo, los mejoramientos de vivienda. Damos la garantía de un cupo a quienes se postulan y comprometemos el presupuesto para ese mejoramiento, pero debemos esperar a que estos beneficiarios ejecuten sus mejoramientos y nos demuestren que efectivamente lo hicieron, para luego poder girar el recurso.
Y en el caso de subsidios de adquisición de vivienda (Mi Casa Ya) hay que esperar todo un proceso de preasignación de subsidio y ahí viene la asignación. Luego, debemos esperar a que el beneficiario demuestre solvencia ante los bancos y haga el cierre financiero para la compra de vivienda y ahí sí nos cobran el subsidio al Ministerio y se desembolsa.
Entonces, tenemos recursos que permanecen comprometidos y ahí es la claridad que quiero hacer: los recursos no están en ninguna fiducia, están en el Tesoro Nacional. Como Ministerio, no pedimos el giro de recursos hasta que no estemos seguros de que los beneficiarios han cumplido con los requisitos y han solicitado el desembolso.
En ese punto, le pedimos el giro al Ministerio de Hacienda, este gira el recurso a la fiducia e inmediatamente desde la fiducia se dispersa a los beneficiarios.
El gabinete del Minvivienda dijo que, a la fecha, solo tenía recursos para 20.500 de los 50.000 subsidios del programa Mi Casa Ya para 2025. ¿Cómo van las asignaciones?
Este Gobierno ha tenido una meta histórica en la entrega de subsidios de adquisición de vivienda, superior a los promedios de años anteriores: en 2020, se asignaron 38.000 subsidios; en 2022 llegamos a 44.000 y nosotros, en el actual Gobierno, asignamos 52.238 en 2023 y en 2024 ya vamos en 41.197. Es decir, la tendencia se ha mantenido y la promesa del Gobierno se ha cumplido.
Debido a las limitaciones presupuestales, ¿en 2025 el Ministerio de Vivienda se centrará más en los programas de mejoramiento que en los subsidios para la compra (Mi Casa Ya), como ha sido la política predominante en el actual Gobierno?
Esta se ha vuelto una economía muy “subsidiodependiente” y no es lo que se busca en un país que está en desarrollo. El sector de la construcción no depende exclusivamente del subsidio de adquisición de vivienda, porque esto solamente abarca una parte de la población; tenemos un nicho, otra población que hay que atender también.
Tenemos una línea clara de Gobierno y es que tenemos que solucionar el déficit habitacional. Hay políticas enfocadas en solucionar ese déficit cualitativo, como los mejoramientos, impulsar la autoconstrucción, porque tenemos que atender a la población desfavorecida, al tiempo que a todos los demás. Pero esto no debería depender de los subsidios de adquisición para que se mueva la economía. Todo el sector debe moverse.
Hay una línea importante con los mejoramientos de vivienda, pero no ha sido el programa al que más recursos se le han asignado. El programa con más recursos es el de adquisición de vivienda (Mi Casa Ya).
Queremos fortalecer las organizaciones comunitarias y las entidades territoriales, para que se adecúen al mecanismo (de mejoramientos) y se genere una oferta.
Todo el sector debe ir fluctuando de acuerdo a las necesidades del país y a cómo está la economía y sus posibilidades. Los constructores tienen un gran segmento de mercado que no es solo los que necesitan subsidio. Los constructores deben empezar a fluctuar su oferta de acuerdo a las necesidades y la situación económica del país.
Desde el Ministerio de Vivienda, ¿se están explorando otras alternativas de financiación?
Lo que estamos haciendo nosotros, como Ministerio, para conseguir nuestras metas es sumar diferentes fuentes de financiación diferentes al Gobierno Nacional. No solamente hablamos de obras por impuestos, sino también la convergencia con entidades territoriales y municipales.
La idea es que se giren recursos (para vivienda) a las entidades territoriales y municipales, como lo pueden ser del Sistema Nacional de Regalías, y nosotros como cabeza de sector viabilizar esos proyectos que las entidades presenten. En ese tipo de presupuestos (los de regalías), las entidades territoriales muchas veces tienen saldos, es decir, recursos que no se ejecutan, igual en el Sistema General de Participaciones.
Como cabeza de sector estamos pensando en estrategias para que, a través de la asistencia técnica, el acompañamiento, a entidades territoriales estas tengan esa capacidad de ejecutar proyectos tanto de vivienda como de agua potable, saneamiento básico y ordenamiento territorial.
¿Podemos estar tranquilos de que, con o sin ley de financiamiento, el Gobierno sacará adelante sus apuestas en materia habitacional?
En este momento, lo más importante es ver cómo, entre todos en el país, solucionamos los problemas que se están presentando. Más allá del presupuesto, tenemos un programa de reactivación económica en el que estamos llamando a los constructores para que sean aliados; a los bancos, para que sigan mejorando las tasas de interés y creen nuevas líneas de crédito.
También estamos con el pacto por el crédito, y se están desarrollando alternativas normativas que permitan mayores beneficios a ciudadanos. Impulsamos la economía comunitaria y estamos esperando que las asociaciones comunitarias que se postularon a los mejoramientos de vivienda empiecen a desarrollar estas obras.
Es así que, con los recursos que van a entrar a la economía finalizando el año y a principios del otro, sí será posible la reactivación económica en el sector. No es la primera vez que se presenta una ley de financiamiento y problemas económicos ya ha habido en el pasado, pero como cabeza de sector estamos implementando estrategias y creando alianzas para sacar adelante las metas que tenemos.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
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