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Durante cerca de tres días, 53 soldados y cuatro suboficiales del Ejército fueron retenidos en zona rural de municipio de El Tambo (Cauca), por orden de Anderson Andrey Vargas, alias “Kevin”. El líder de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, no solo es uno de los hombres más buscados por las autoridades, sino también el determinador de este hecho y de gran parte de las 18 asonadas en seis departamentos, que ha sufrido la Fuerza Pública en lo que va de 2025.
Así lo explicó el general Erik Rodríguez, comandante encargado del Ejército, en diálogo con El Espectador. El alto mando habló también sobre los hechos recientes en el suroccidente del país, los vacíos de la presencia integral del Estado en la región y los avances en el intento de las autoridades por retomar el control sobre el cañón del Micay.
¿Hubo algún tipo de conversación con organismos humanitarios para la liberación de los militares o no encontraron disposición por parte de la comunidad?
Normalmente intervienen la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP OEA) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siempre a solicitud de las comunidades. En esta ocasión la comunidad no lo permitió y no tomó el contacto con esos organismos.
De allí la orden de adelantar una operación de rescate…
Así es. Directamente desde la Presidencia de la República se dio la orden de recuperar a los soldados.
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Hubo una respuesta de las autoridades distinta a lo que hicieron en marzo, cuando fueron retenidos 28 policías y un militar, también en esta zona del cañón del Micay. ¿Por qué?
Detrás de esto hay un tema muy importante y al cual le tenemos que dar relevancia. No se trata únicamente de los derechos humanos de estos soldados, que son tan colombianos como las comunidades que perpetran el secuestro.
No solo se están atropellando los derechos de los colombianos, lo que hay de fondo es la existencia de un mecanismo empleado por los grupos armados organizados para disputarle el territorio y el control de la población al Estado. No podemos permitirlo.
De lo contrario, vamos a terminar en una desintegración, porque es un fenómeno que se presenta en esas áreas de presencia débil del Estado, apartadas, y siempre en comunidades vinculadas a la siembra de coca o a la minería ilegal.
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¿Por qué ocurre eso?
Se da porque son comunidades que están controladas por los grupos armados organizados. Esos grupos necesitan que el Estado no llegue a esas áreas, que no se desarrollen, necesitan que esas áreas sigan empobrecidas y alejadas del entorno nacional para seguir haciendo narcotráfico, explotando y protegiendo su minería ilegal.
Pero no pueden enfrentar militarmente a las tropas; ellos pueden hacer hostigamientos, ataques, lanzar granadas con un dron, pero eso no les da la capacidad de luchar y sacar al Ejército de la región. La única manera en que lo hacen es con la fortaleza real que tienen y esa fortaleza es el control de la población.
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Es decir, la instrumentalización.
Sí, y mandan a 300 o 400 personas a que rodeen a los soldados apalancados en dos principios. Primero, el constreñimiento que tienen sobre la población, el control tan fuerte, que ni siquiera necesitan hacerse presentes con armas delante de los pobladores, sino que con llamadas telefónicas y a través de mensajes de chat movilizan a las comunidades.
Eso, porque han logrado la consolidación de un control de esa población durante más de 10 o 15 años en los que han estado solos allá, cultivando coca. El poblador sabe que tiene que ir, si no lo matan o lo sacan; así no esté el bandido ahí, saben que a la semana siguiente lo hacen.
El segundo principio es porque ellos saben que las tropas, apenas vean a los guerrilleros, los van a golpear, los harán huir o los darán de baja. Pero si las tropas se ven rodeadas de población, nuestros soldados no van a hacer empleo de la violencia en contra de civiles.
¿Por qué a los militares retenidos el fin de semana pasado, distinto a lo que sucedió en marzo, decidieron trasladarlos de un lugar a otro en el plagio?
Porque en marzo no tenían plata para alquilar las camionetas. La plata y la logística necesarias no las maneja la comunidad, sino la estructura Carlos Patiño.
En octubre del 2023, durante la época de elecciones, hubo un secuestro de cerca de 140 militares y policías; ahí acababan de sacar la cosecha (de hoja de coca), la organización tenía mucha plata y contrató más de 35 camionetas para sacar a las tropas de allá. Tuvieron logística para darles comida a los campesinos que fueron a hacer la asonada y duraron tres días con las tropas.
La ocasión anterior, en marzo, no estaban en las mismas condiciones económicas, por eso a los policías terminamos sacándolos y recuperándolos en El Plateado, porque no pudieron mover camionetas ni hacer logística.
Ellos dan la orden de que se reúnan 400 personas, pero tienen que tener la logística para darles comida. No son movimientos espontáneos de la comunidad, detrás de eso hay una planeación y un financiamiento importante de la estructura Carlos Patiño.
En esta ocasión no hubo demandas por parte de la comunidad simple y llanamente porque el cabecilla de la Carlos Patiño no les envió la narrativa de lo que tenían que decir o demandar. Estaban preocupados y lo único que querían era sacar a la tropa y generar el impacto mediático del secuestro.
Como era un grupo más pequeño, requirió menos logística y lo sacaron más rápido porque no tenían capacidad y porque, en realidad, la Carlos Patiño está perdiendo control y movilidad, no pueden hacer presencia armada. Pero ese mal que ha estado presente ahí por muchos años, lo último sobre lo que pierde el control es de la psique de la población.
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La cabeza más visible de esa manipulación es alias “Kevin”, ¿verdad?
Así es, y en una pelea entre narcotraficantes, “Kevin” mató al “Mocho”. Ahora el fortín de “Kevin” es el cañón del Micay, especialmente los municipios de El Tambo y Argelia.
¿Dónde están en este momento los 16 capturados durante el operativo de rescate de los militares retenidos? ¿Cómo será su judicialización?
En este momento los capturados están en Popayán. La Policía Nacional debe estar haciendo coordinaciones con la Fiscalía para ponerlos a su disposición. Los actos urgentes los iniciaron desde la noche del lunes, tomando declaraciones de los soldados para determinar niveles de responsabilidad de las personas que están ahí.
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¿Qué insumos tienen para adelantar la judicialización?
Hay algunas imágenes y videos y las declaraciones rendidas por los soldados. Es solo parte del grupo, algunos de los más importantes, pues otros lograron fugarse del sitio. Es un proceso que lo está adelantando la Policía Nacional. En este preciso momento no le puedo decir si ya los pusieron a disposición de la Fiscalía, pero sí que en el proceso hay vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
Respecto a las asonadas contra la Fuerza Pública este año. ¿Qué hace falta para evitarlas?
Este año van 18 asonadas en Cauca, Nariño, Catatumbo (Norte de Santander), Caquetá, Guaviare y Jamundí (Valle del Cauca). Del total, tres han derivado en secuestro de las tropas por parte de las comunidades: una que ocurrió en Policarpa (Nariño) hace dos semanas, otra el 18 de marzo en El Plateado (Argelia, Cauca), donde secuestraron a 28 policías y un soldado; y la del pasado fin de semana. No hemos podido controlar todas las asonadas, pero muchas sí se han prevenido por medio de inteligencia.
Sobre la incidencia de carteles mexicanos, que el presidente Gustavo Petro hace poco desmentía, ¿qué han determinado ustedes?
Hay un relacionamiento de esas estructuras, porque las disidencias de las Farc producen y comercializan la coca que le venden a los mexicanos principalmente. Pero no quiere decir que los mexicanos estén metidos de forma armada en el territorio.
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Para terminar, le pregunto por la presencia integral del Estado en la región. ¿Siente que solo la presencia de Fuerza Pública no es suficiente?
El territorio no se recupera solo con soldados. Nosotros vamos, estabilizamos la región y generamos las condiciones para que los servicios esenciales del Estado lleguen a esa población, pero solo con nuestra presencia no se estabiliza zona.
Tienen que llegar el Ministerio de Transportes a hacer las carreteras que deben hacer, el Ministerio de Educación a garantizar que todos los niños estudien en vez de irse para las filas de esas organizaciones narcoterroristas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud.
Tienen que llegar oportunidades para que en esas regiones apartadas las actividades económicas legales sean más productivas que el cultivo de la coca. O que por lo menos les den un nivel de vida digna a la gente.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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