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Hace poco más de dos meses que el ministro Pedro Sánchez Suárez dejó sus soles como general y colgó el uniforme de oficial activo de la Fuerza Aérea, para ponerse al frente del Ministerio de Defensa de Colombia. Desde entonces, como él mismo lo confiesa, no duerme mucho ni poco: “solo lo suficiente”. Recibió una cartera, según analistas, con serios problemas de gestión, retrasos en asuntos claves como inteligencia, contrainteligencia y capacidades aéreas, y una relación fracturada con el resto del gabinete del presidente Gustavo Petro.
En diálogo con El Espectador, el ministro Sánchez Suárez habló sobre los retos que ha asumido al frente de la cartera de Defensa, las implicaciones de conciliar la política de defensa y seguridad de la nación con el proyecto de paz total del presidente Gustavo Petro, y los avances y resultados del país en la lucha frontal contra los grupos armados. También sobre algunos de los sitios en los que la guerra no da tregua, como la frontera con Ecuador y el suroccidente del país, y de las tareas pendientes al frente de ese despacho.
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¿Cómo encontró la cartera y cuáles han sido los retos más importantes a su llegada al Ministerio de Defensa?
Durante este gobierno se ha apostado por alcanzar la paz total y se adelantaron muchas conversaciones con los grupos al margen de la ley; pero traicionaron al país, traicionaron esa política de Estado y prácticamente crecieron más. Causaron tragedias como la de comienzos de año: el ELN, ese grupo narcoterrorista que vive del narcotráfico, asesinó a más de un centenar de campesinos, desplazó a más de 64.000 y confinó a unos 23.000.
Por otro lado, si uno lo ve desde el enfoque de la amenaza, se encuentra que incrementaron su capacidad criminal y afectaron ciertos focos o áreas. Al interior, indiscutiblemente, si no se pudo contener eso, fue porque no existían las capacidades suficientes y en eso tienen mucho que ver inteligencia y contrainteligencia.
Frente a ese panorama, lanzamos un plan de choque con cinco objetivos: recuperar el control territorial y garantizar la seguridad, el tema de la soberanía, garantizar el ejercicio de la democracia, fortalecer las capacidades y garantizar la transparencia al interior de la institución.
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En fortalecer las capacidades, la inteligencia es fundamental. En ese enfoque ya venían un programa y unas estrategias; simplemente es darles celeridad y alinearlas para que se integren otras capacidades. Por ejemplo, acelerar más la incorporación de inteligencia artificial o empleo de drones para hacer inteligencia táctica en las unidades pequeñas que están en el área de operaciones.
También vimos un panorama en el que se requiere la movilidad; ya venía un plan, eso no es nuevo, de reconfiguración para enfrentar las amenazas. Las Fuerzas de Tarea Conjunta pasaron a ser fuerzas de tarea del Ejército Nacional, pero se crearon unas Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra), que son nueve y se organizaron para cada división, dejando dos en el Cauca, de tal manera que se pudiera responder rápidamente a la amenaza.
En conclusión, se encontró un panorama, como lo conoce toda Colombia, con un deterioro en ciertos indicadores de seguridad, en ciertas regiones y con unas capacidades que era necesario fortalecer.
En cifras concretas, ¿cómo van esos avances?
Comparando con el año anterior, si miramos la tasa de homicidio, a pesar de esos asesinatos que se dispararon a inicio de año, ya estamos en el mismo índice del año pasado. El secuestro se ha reducido levemente, aunque hubo un incremento en un momento, porque fueron 29 militares y policías los secuestrados en el cañón del Micay; eso automáticamente disparó las cifras y las infló.
La extorsión se ha reducido muy, muy levemente; pero ha sido por la respuesta que venía desde antes, que fue el fortalecimiento de los Gaula militares y policiales. También la capacidad de afectar el fenómeno de la extorsión, que el 52% se produce a través de medios digitales, la mayoría desde cárceles. Pero el 75% de los casos de extorsión se resuelven; el 25% no, pero es porque la persona extorsionada siente temor y prefiere pagar. Si confían en nosotros, la posibilidad de resolverlo es casi del 100%.
Sobre cómo hemos afectado a las estructuras ilegales, incrementamos la ofensiva casi en un 60%, depende del período que uno mire, y las afectaciones a los grupos prácticamente en un 40%. En este momento, casi 2.000 integrantes de los principales grupos criminales se han neutralizado. Eso significa que les ha afectado enormemente su área de mando y control criminal, su capacidad armada y de extorsión.
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Ejemplo de ello es la neutralización del tercero del Clan del Golfo, alias “Chirimoya”, también alias “Nino”, que estaba delinquiendo entre Chocó y Valle del Cauca, y los ataques a las estructuras en campamentos. Colombia es, tal vez, el único país en el mundo que bombardea a los carteles de narcotráfico y esas afectaciones fueron muy sensibles para ese grupo criminal.
También la afectación que le estamos haciendo a las disidencias de la Farc, ya sea las de “Iván Mordisco” o a las de “Calarcá”, que han pretendido expandir su extorsión hacia Huila y Tolima. En el Catatumbo, por ejemplo, ya nos acercamos a los 60 neutralizados del ELN, pero aún nos hace falta porque ha cambiado cómo se enfrentan. Ellos huyen, evitan confrontar a la fuerza pública y prefieren camuflarse dentro de la población, están vestidos de civil y se hace muy difícil el principio de distinción.
Paralelo a ello, es recuperar a los menores de edad que han sido reclutados. Si comparamos la cifra, aumentamos la desmovilización, la desvinculación de los menores, en un 37%, pasamos de 112 a 152 que ya hemos recuperado, y estamos afectando esa capacidad criminal.
Nos preocupa que en este gobierno se ha neutralizado alrededor de 10.000 integrantes de estos grupos; a pesar de ello, crecieron. Quiere decir que por cada hombre neutralizado, que se desmovilizó, se capturó o murió en desarrollo de una operación militar, se recuperan dos. ¿De dónde viene? Del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando y la corrupción.
¿Pero cuál es la razón detrás de ese fortalecimiento de los grupos ilegales? ¿Es falta de oportunidades en los territorios o qué pasa?
Resolver este problema es como un wicked problem, un problema retorcido. Hay muchos actores, ya sabemos cuáles son los grupos criminales y factores como el narcotráfico. La interacción entre ellos produce resultados o efectos inesperados. ¿Por qué se da esa complejidad? Porque no perciben una ideología de un grupo revolucionario, sino simplemente un interés criminal de narcotráfico.
Frente a ese problema tan complejo, uno podría decir que faltan oportunidades, pero también hay una cultura del crimen. Por ejemplo, cuando uno pasa por el Cauca, ve perfectamente vías y alrededor siembra de coca. Entonces, uno dice: aquí no es que nos estén faltando oportunidades. El Estado intenta, hace todo lo posible, por llevarlas.
En el cañón del Micay colocamos un hospital transitorio, de campaña, que fue muy criticado. Ese hospital lo atacaron con granadas; una escuela; la convirtieron en un polvorín y tuvimos que descontaminarla; en una vía, volaron un puente y a los militares que llevaban ese puente les tendieron una emboscada. Dicen que faltan oportunidades, que necesitan educación; se las intenta llevar al Estado y lo atacan.
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Hay una cultura de la ilegalidad, una cultura traqueta. Uno observa a los criminales que se han desmovilizado y son de 22 años o 23 años. Se capturan y el que sigue será de 18 años. Incluso ya están optando por reclutar menores, que les es más fácil engañarlos y manipularlos.
Hablaba con el gobernador del Guaviare y me decía: aquí el 100% de los niños tienen asegurada su educación y su comida, para que no vayan a esos grupos ilegales. Pero ahí viene otro factor: la violencia intrafamiliar, que es acelerante para que se vayan hacia esos grupos.
Cuando uno mira la seguridad en un área específica, por ejemplo, en el Atlántico, el 96% de los homicidios son urbanos, el 86% es por sicariato y el 80% son menores de 23 años, por peleas entre bandas criminales. Y hay oportunidades allá; uno mira al gobernador y al alcalde, que están creando espacios de educación, de cultura, oportunidades económicas. Pero es complejo cuando hay arraigada una cultura. Claro, en otros lugares la oportunidad es una limitación enorme para que se dé ese tránsito hacia la legalidad.
El exministro Iván Velázquez hablaba de problemas de articulación con las otras entidades del gobierno, ¿cómo encontró esa relación y de qué forma ha mejorado?
Cuando llegué, la relación estaba bastante débil. Decirlo públicamente y organizarlo en una charla es muy fácil; pero llevarlo a la práctica es muy complejo. Con el presidente de la República establecimos que, si la guerra es un problema social, la solución no es netamente militar o policial. Se requiere la acción unificada del Estado, donde está el 30% militar y policial, y el 70% de las otras entidades.
Allí es clave que todos hablemos el mismo idioma y que haya una alineación estratégica, que apuntemos al mismo lado. Que si vamos a resolver el problema de El Plateado, no construyamos una escuela a 200 kilómetros, donde no va a impactar.
Al interior del ministerio reorganizamos, fortalecimos un área de regiones. Dijimos, por ejemplo: esta persona debe estar dedicada solamente a la región del Catatumbo y debe asegurarse que los planes y la articulación se den. Por ejemplo, esta semana hicimos la revisión del Catatumbo, de cómo va la estrategia, cómo está invirtiendo cada ministerio, para que hagamos ese seguimiento y esa articulación. Está mejor, pero siempre habrá algo por mejorar.
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¿Cómo ha logrado compaginar política e ideológicamente con el presidente Gustavo Petro, viniendo usted de las Fuerzas Militares? Pero, además, con la postura de él, que en muchas oportunidades ha sido crítica sobre las tropas.
La defensa de la vida une a cualquiera. El presidente Gustavo Petro es un defensor nato de la vida y se preocupa por ello, por la seguridad. Cuando uno habla con él en los consejos de seguridad, tiene la línea clara en ese enfoque y eso es lo que hace el Ministerio de Defensa.
Antes de asumir este cargo hablábamos de ello y coincidíamos en eso. En algún momento le dije: yo no conozco mucho de política. Y él me respondió: lo que ustedes llaman estrategia, nosotros lo llamamos política. La seguridad y defensa no tienen color de ningún partido, porque tenerlo, ir a favor de un pequeño partido o de un gran partido, sería ir en contra de otro.
Nosotros somos la columna vertebral de la Nación, de la democracia, de asegurar que todos participen y la misma Constitución lo dice: la Fuerza Pública debe ser neutral para garantizar la vía política y democrática. Tampoco se puede sindicalizar a policías o militares, porque eso afectaría un bien supremo, que es la seguridad. Cuando uno tiene esa alineación de que lo que prima es la vida, la seguridad, la defensa de la nación, todos convergen sin problemas.
Su antecesor, pocos días antes de entregarle el cargo, dijo que la situación “no era tan dramática”. ¿Para usted es o no es tan dramático lo que sucede?
La situación es compleja en ciertas regiones del país, no en todos lados. Por ejemplo, en Semana Santa, lo que ocurrió con los atentados terroristas en Cauca, Valle del Cauca, Huila y Antioquia, uno dice: esto es un caos, estamos mal. Pero cuando uno lo compara con la Semana Santa del año anterior, las muertes se redujeron casi en un 37%.
En Popayán, que sufrió ataques en la Vía Panamericana, los turistas pasaron de 130.000 el año pasado, a 170.000 este año. Se movilizaron en Colombia más de 40 millones de personas. El segundo renglón de la economía del país es el turismo, que, como todo, depende significativamente de la seguridad.
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Si los índices de homicidios están mejorando, ¿por qué uno se siente inseguro? Un tema fundamental es la desinformación, que influye en la percepción. Colombia es tal vez el cuarto país donde más desinformación hay en América Latina, al alrededor del 53% o el 60% de lo que se lee en redes sociales es falso. Eso influye muchísimo. Y ahorita que estamos en la era de la información, cualquier evento que ocurra, los medios digitales y, sobre todo, las redes sociales, lo elevan exponencialmente.
El otro factor que influye enormemente es que nos estamos acercando a un período de elecciones y eso lo utilizan muchos contradictores de la política actual para decir y mostrar que esto está fallando, que esto está mal. Personalmente, como ministro de Defensa, digo: ¿Cómo es posible que haya gente que intente afectar y deteriorar la seguridad lanzando esas balas mediáticas? ¿A quién le hacen daño? Le hacen daño a los colombianos; no a mí. El propósito aquí es que le vaya bien a esta institución, al Ministerio de Defensa, al presidente de la República y al país.
En las zonas donde hay ceses al fuego, el plan pistola en contra de la Fuerza Pública parece ser más fuerte. ¿Está fallando la política de paz total del gobierno?
Donde más ha habido afectación por “plan pistola” es donde no hay cese fuego, a causa del Clan del Golfo, principalmente. Lo más importante es prevenir. Es clave entrenar a la gente, darles en ciertas áreas la oportunidad de que lleven su armamento, que actúen de otras maneras. Son decisiones que ya habíamos tomado desde hace mucho.
El otro es la neutralización anticipada y para hacerlo se requiere información. Si miran mi perfil de X, encuentran que estamos pagando por información, no solamente para encontrar a los asesinos, sino para prevenir cualquier atentado contra nosotros.
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Frente a ello, se reforzó un comando especial, una unidad élite que tenemos dentro del Plan Agamenón 2.0, para ir detrás de las personas que asesinaron a nuestros policías y militares, y para prevenir que lo sigan haciendo. Ya hemos dado resultados muy contundentes.
Hemos capturado a poco más de 200 personas en estas últimas semanas, que han tenido relaciones con estos sicariatos, que en muchos casos, para no dañar su nombre criminal de Clan del Golfo, hacen outsourcing criminal con algunas pandillas.
¿Contemplaría usted la posibilidad de cerrar los ceses al fuego y usar la lucha frontal contra los grupos al margen de la ley?
La decisión de lo que tiene que ver con los ceses al fuego es del señor presidente de la República, nuestra responsabilidad es defender y proteger a los colombianos. Hace 34 años se hizo un cambio para que el ministro de Defensa fuera civil; y yo soy civil, porque ya me retiré, ya no aparezco en el escalafón militar.
Tuve una formación de 35 años, no solamente en el ámbito de defensa, sino también en el de la estrategia nacional, que es un voto de confianza sobre quién viene de esa formación. Pero mi enfoque, la Constitución lo dice claramente, es netamente de seguridad y defensa nacional; y aquí hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente Gustavo Petro.
Pero, ¿qué tan difícil ha sido poner a conversar la política de paz total del presidente y la política de seguridad y defensa? ¿Cómo llegar a acuerdos?
No es difícil, la verdad, porque la seguridad es para alcanzar la paz; uno depende del otro. Es de mirar cómo ajustamos las estrategias y en ello intervienen diferentes actores. Resolver un problema de seguridad no es sencillo, alcanzar la paz no es sencillo y habrá posiciones contrarias en algunos momentos, pero eso es lo que le da la riqueza a la toma de decisiones.
Un tema que agrupa asuntos de paz, defensa y seguridad es lo que está pasando en la frontera con Ecuador. ¿Qué es lo que se juegan los Comandos de Frontera allí?
Son un grupo criminal al que lo único que le interesa es el negocio del narcotráfico. A ellos no les interesa si están en Ecuador o en Colombia, sino el crimen. Es clave que compartamos aún más información con Ecuador, siempre ha habido buenas relaciones en ese sentido, y también desarrollar operaciones para que no haya espacio para el crimen.
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Lo que ocurre allá precisamente es que convergen el narcotráfico y la minería; eso es un atractivo, un imán para cualquier organización internacional.
¿Qué ha conversado con las autoridades de Ecuador? ¿Ya hay planes específicos para atender lo que sucede en la frontera?
Sí, es atacar integralmente la amenaza. Primero hay que entender cómo es la amenaza, caracterizarla, saber quién es su mando, cómo está organizada, cuáles son sus finanzas, incluso dónde lavan activos, dónde hay narcos invisibles. La clave aquí es compartir mucha información y cada nación puede estar desarrollando las acciones; identificar también puntos nodales, puntos críticos donde converge el crimen, priorizar y focalizar el esfuerzo contra ellos.
Otro sitio en el que es muy compleja la situación es en Jamundí, en el Valle del Cauca, ¿están perdiendo el control de esa zona? ¿Qué es lo que sucede allí y qué relación tiene con la situación en el norte del Cauca?
Proteger la vida siempre va a ser un desafío. Mire la historia de cualquier Nación; en el caso colombiano, los últimos 60 años hemos tenido ese desafío de proteger la vida. Pero se ha degradado enormemente el crimen. Suena contradictorio que el crimen se degrade, pero es que ya se volvió incluso sin alma. La estructura Jaime Martínez, cuyo líder es alias “Marlon”, por quien ofrecemos hasta $500 millones de pesos de recompensa y que hace parte de las decisiones de “Iván Mordisco”, secuestraron a un menor de 11 años, para extorsionar a su familia.
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No es que se esté perdiendo el control, sino que el desespero es tan grande que ya miran de qué otras opciones pueden agarrarse para afectar la seguridad y la percepción que tenemos nosotros de lo que está pasando.
Hace dos semanas usted estuvo en Estados Unidos con la hoy exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, hablando sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico. ¿Usted es optimista frente al tema de la certificación antidrogas o es realista de que eso está en la cuerda floja?
Yo soy realista de que vamos a derrotar el narcotráfico. Acabarlo es una obsesión que tienen el señor presidente de la República y todos los colombianos. Pero el tráfico no se puede ver como una mata de coca. La mata por sí misma es un árbol ancestral; es lo que se transforma alrededor.
Por eso el enfoque es afectación de insumos, que lo hemos hecho enormemente; afectación de la infraestructura, cada 45 minutos destruimos un laboratorio; afectación de los criminales que están detrás de ellos, los principales carteles: Clan del Golfo, ELN, disidencias de la Farc; afectación también a la interdicción, o sea, a la pasta base de coca que sale. El 70% se captura por fuera del territorio y la mayor cantidad se hace en ultramar.
Uno dice: sí, creció la incautación porque también creció la producción, más hectáreas; de alguna manera sí, pero es también porque incrementamos la efectividad en la interdicción en ultramar. Eso se debe principalmente a la cooperación y a la cohesión. Dialogábamos con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y veíamos cómo el crimen internacional afecta a las naciones; los criminales envían de aquí hacia otros lugares del mundo, que tienen unos altos índices de educación, pero en los que hay demanda.
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El problema no es de educación, sino de cultura. Hacen unos esfuerzos importantes allá, pero llegan armas a Colombia; el 42% viene de Estados Unidos, el año pasado incautamos alrededor de 24 mil armas. De allí la importancia que la cooperación y la cohesión entre las naciones debe ser más fuerte.
Cualquier fractura, el único que gana es el criminal. Si ocurriera la descertificación, ¿quién gana y quién pierde? Gana el criminal, porque tendrá más opciones de mandar droga, porque se pierde una capacidad de contención. Nuestros hombres y mujeres, por ejemplo, mueren acá protegiendo a los colombianos y también conteniendo ese mal. Francia lo reconoció y dijo: ustedes son unos héroes por este trabajo que hacen, evitan y mitigan que esta amenaza, este cáncer, llegue a mi territorio.
El otro tema es el cultivo por sí mismo, transformar la economía. No es erradicar una mata, porque los vuelve nómadas. Puede ser que erradiquemos 30.000 o 50.000 hectáreas, y al final pasamos de 250.000 a 260.000. No hubo una reducción efectiva y sí se trasladaron algunos de esos cultivos a zonas protegidas.
Creemos que va a funcionar lo que se ha mostrado en el Catatumbo: se han entregado títulos de tierras, los campesinos ya se han inscrito para sustitución y vamos de la mano. Una comunidad dijo: queremos que venga aquí la Policía y nos ayude a erradicar 400 hectáreas, y en ese enfoque estamos nosotros avanzando. Es más fácil hacerlo de manera voluntaria, pero transformando la economía. De lo contrario, vamos a tener vías y vocación para traquetos.
Pero específicamente sobre la certificación, ¿es optimista o no?
Creo que se va a mantener, lo que estamos haciendo lo muestra. La certificación no es simplemente por una mata, es por afectar toda la cadena del narcotráfico y Colombia está haciendo un empeño supremamente fuerte. Muéstreme un país en el mundo que bombardee a carteles del narcotráfico; la muerte de hombres y mujeres por el “plan pistola”, es la reacción por la afectación tan grande que le estamos haciendo a esa cadena.
Yo soy optimista en que neutralizaremos el narcotráfico; pero tiene que ser de la mano de todos, porque algunos dicen: yo consumo cocaína por aquí, yo consumo drogas por allá, no me hace daño. No le hace daño, pero está dándole alimento al verdugo, volviéndolo más fuerte y aniquilando a nuestros campesinos.
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En caso de que se perdiera la certificación, ¿ya tienen un plan B?
Claro, siempre hay un plan B. Siempre tenemos el plan para seguir. Pero aquí fue claro el mensaje que tuvimos con los Estados Unidos, ese diálogo fue honesto, real. La fortaleza está en la convicción.
Hace poco se supo que militares de un batallón en Bogotá habrían botado material hospitalario en una zona donde la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares. ¿No le parece grave que militares se estén saltando órdenes de esa jurisdicción? ¿Qué responde usted?
Jamás justificaría cualquier violación a medidas cautelares de la JEP, cualquier ley o cualquier norma. Eso está totalmente prohibido, es un delito. Estos hechos ocurrieron antes de mi llegada como ministro de Defensa, el 30 de enero, cuando un sargento le dio la orden a dos soldados de abrir un hueco y cuatro días después, el 3 de febrero, encontró la JEP dicho hueco, la tierra que habían removido al lado y las herramientas que habían utilizado.
En ese sitio hay unas medidas cautelares, en un área de 265 hectáreas, que es mucho más grande que la localidad de La Candelaria (Bogotá), y se tomaron esas medidas cautelares para buscar a Pedro Movilla Galarza, quien desapareció en 1993.
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Por supuesto que es supremamente grave el incumplimiento a cualquier orden o instrucción por parte de la JEP, cualquier ente o autoridad. Por ello se abrió una investigación a cargo de la Fiscalía 128 Especializada, en la justicia ordinaria, pero también a través de la Justicia Penal Militar y Policial, con el fiscal de conocimiento, para que investigue qué fue lo que pasó y se tomen todas las acciones necesarias. Al interior del Ejército se abrió también una investigación disciplinaria.
Nosotros somos respetuosos y debemos actuar, militares y policías, bajo la Constitución y la ley. Y si se llega a demostrar alguna irregularidad por parte de estos entes investigadores, se deben tomar todas las sanciones y acciones que sean del caso. Aquí no hay lugar para la impunidad.
Señor ministro, ¿Iván Mordisco está vivo o está muerto?
Por él hay una recompensa de hasta $4.450 millones. Cuando sepamos si está neutralizado o vivo, lo informaremos
En un país rodeado de tanta violencia, donde sus propios líderes hacen signos como el de la espada de Bolívar, empuñada por el presidente, ¿qué decirle a los ciudadanos para que se sientan tranquilos? ¿Cómo darles esperanza de paz?
Es dársela con hechos, el Ministerio de Defensa está para proteger la vida de los colombianos, lo que le pertenece a Colombia, su soberanía. Puede ser que en este momento la desinformación, que muchas veces viaja por las redes sociales, genere paranoia y ruido, pero aquí el enfoque claro: proteger a la nación. La dirección y por lo que nosotros trabajamos y hablamos cada ocho días con el señor presidente en los consejos de seguridad es proteger la vida.
Puede ser que el momento sea muy complejo, pero hemos tenido otros más difíciles y de ellos hemos salido. Para eso estamos, para salir adelante; y para eso nos formaron. Este es un reto muy grande, pero al final de este año estoy seguro de que vamos a tener mejores índices de seguridad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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