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Un avance de casi el 80 % en el debate de la reforma pensional ha puesto el sello de garantía de que en la Cámara de Representantes el ambiente está más abierto a llegar a consensos para discutir los proyectos del Gobierno de Gustavo Petro. Pero en la plenaria el debate no es tan sencillo: acusaciones dirigidas a la mesa directiva afirman que no se ha permitido un debate claro sobre las proposiciones e incluso han llegado a cuestionar al presidente de la corporación, Jaime Raúl Salamanca, por sus decisiones, que han calificado de “arbitrarias”, a la hora de dirigir el recinto para los proyectos de la Casa de Nariño.
Esta es la primera vez que el representante verde ocupa esa dignidad— e incluso una curul en el Congreso—, y había llegado hasta allí con las banderas de garantizar la participación de todos los sectores. En entrevista con El Espectador posterior a su posesión como parte de la cúpula (con 114 votos a favor), prometió que representaría “a las minorías, a los independientes, a la coalición y a la oposición” y daría a “todos, absolutamente todos” garantías para las discusiones.
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Se trata de una promesa que tomaría más relevancia cuando se tiene en cuenta que se trata del año preelectoral, en el que los legisladores buscarán que la ciudadanía ponga el ojo sobre el trabajo legislativo con miras a las elecciones del 2026. Incluso, en medio de un panorama en el que ya se ha planteado la discusión sobre los comicios presidenciales menos de dos años antes de que estos ocurran, cuando se siguen profundizando las distancias entre oficialismo y oposición.
Además, Salamanca llegó a ocupar un cargo que, en la legislatura pasada, la bancada opositora e independiente ya había acusado de favorecer al Gobierno, cuando Andrés Calle (Partido Liberal)— acusado de hacer parte de la red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), pero que ha negado su implicación— dirigía la plenaria. El cierre de ese período había sido con broche de oro para esos congresistas, cuando la reforma pensional pasó “a pupitrazo”, según afirmaron, y generó una “avalancha” de demandas ante la Corte Constitucional. De acuerdo con la oposición, la mesa directiva de la Cámara continúa favoreciendo al Gobierno.
“Sentimos falta de garantías para poder participar y deliberar en el debate”, explicó la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical). Y añadió: “el señor presidente [Salamanca] nos restringe la palabra. Por más que la solicitamos y la pedimos, nos ignora, solo nos da un minuto para participar, sin posibilidad de extenderse, en bloques de artículos que son muy complejos y álgidos. Para nosotros un minuto termina siendo un insulto”.
En esa misma línea estarían las intervenciones en la plenaria. Tan solo este martes, varios congresistas abandonaron el recinto tras gritarle al presidente Salamanca “así no es” y recriminarle que no les daba la palabra ni permitía que algunos artículos fueran analizados de manera individual y no por bloque.
“Hacen este tipo de atrofiaciones [sic] legislativas, porque eso no tiene otro nombre, luego caen en la Corte Constitucional, y sale a decirnos el presidente de la República que eso es un golpe de Estado. Empiecen por tratar los temas de la manera como corresponde, de la carrera no les queda sino el cansancio, como les quedará la carrera de la reforma pensional, que se las va a hundir la corte”, declaró el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático) en la plenaria del pasado martes.
Salamanca, por su parte, afirmó que se han dado todas las garantías para la discusión. Incluso, señaló que de las 500 intervenciones de los representantes en las 10 sesiones que ha habido para discutir la reforma, la mayoría han sido de la oposición.
“Los congresistas que más han intervenido son de la oposición. En orden, los que más han participado han sido Andrés Forero (Centro Democrático), Hernán Cadavid (Centro Democrático), Katherine Miranda (Alianza Verde), Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), Piedad Correal (Partido Liberal). En los cinco congresistas que han intervenido más en la reforma, obviamente exceptuando a la ponente, que es la doctora María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), cuatro son de oposición”, apuntó.
Más allá de los señalamientos por no dar garantías a la oposición, se abrió también la discusión de la violencia política que Salamanca estaría presuntamente ejerciendo sobre algunas parlamentarias, especialmente las que han mostrado más resistencia a los proyectos del Gobierno. La representante Arbeláez anunció que estaba en proceso de recoger las firmas de las congresistas que habrían recibido este tipo de tratos por parte del presidente de la corporación.
“Vamos a recoger algunas firmas de las mujeres que se han sentido maltratadas, porque es importante que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, la Comisión de la Mujer y la Procuraduría investiguen. Yo creo que son ellos los que deberán establecer si, efectivamente, el señor presidente de la Cámara ha venido incurriendo en violencia política, porque somos varias las mujeres que nos hemos visto como atacadas por parte del señor presidente, con falta de garantías, atropelladas durante la discusión de esta reforma”, dijo.
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En respuesta, Salamanca ha asegurado que ha “tratado de guardar un equilibrio para que todos los congresistas tengan el mismo trato independientemente de su origen, de su condición, de su sexo, de su posición política. No ha habido ningún tipo de discriminación, para nada”. Enfatizó en que ha “abierto espacios por instrucción [suya] para que las mujeres del Congreso sean más visibles”.
“Yo respeto esas críticas que me las han hecho, porque yo entiendo que todos quieren participar, y que, pues, son cientos y cientos de congresistas, en donde a veces, digamos, independientemente de su posición política, siempre va a haber alguien que no esté tranquilo, no esté contento”, aseveró.
Al final del camino está, de todas formas, que tanto bancadas independientes como de la oposición le critican su cercanía con el “Gobierno del cambio”. Así se habría evidenciado en el momento de su elección, cuando el Ejecutivo hizo la tarea, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, para que fuera Salamanca quien ocupara la dignidad, en lugar de Katherine Miranda, quien se posiciona como una crítica férrea a la Casa de Nariño.
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La situación ha sido favorable para el Gobierno en la Cámara. Las tres mesas directivas que han sido elegidas han tenido todas presidentes que se inclinan hacia el proyecto político de la Casa de Nariño. Según el acuerdo entre los compromisarios, ese puesto estaba destinado al Pacto Histórico en 2022-2023 (el representante David Racero), el Partido Liberal entre 2023 y 2024 (el representante Andrés Calle), y, el pasado 20 de julio se decidió que sería Jaime Raúl Salamanca el congresista que ocuparía la dignidad en representación del partido Alianza Verde.
En esa línea, la bancada independiente, conformada por representantes de Verde Oxígeno, Nuevo Liberalismo y Alianza Verde, le reclamen que no haya dispuesto un espacio en la agenda para la discusión de su proyecto de reforma a la salud, presentado semanas antes que el del Gobierno.
En cerca de ocho meses, las cosas cambiarían para el Gobierno, pues un partido de oposición llegaría por primera vez a esa presidencia: Cambio Radical. Aunque con una mayoría definida que le ha permitido sacar adelante a la reforma a la salud que luego se hundió en Senado y aprobar el articulado de la reforma pensional que había salido de la plenaria de la Cámara alta, es un puesto que define las agendas y suele determinar el destino de los proyectos del Gobierno.
En el Senado, por ejemplo, se ha mantenido una línea opositora contra el mandatario, con nombres como Iván Name (Alianza Verde) entre 2023-2024 y Efraín Cepeda para 2024-2025 (Partido Conservador). Aun así, el primer año estuvo ocupado en breves periodos por los entonces senadores Roy Barreras, hoy embajador de Colombia en Londres, y Alexander López, quien está como director del Departamento Nacional de Planeación. Los dos fueron removidos de sus curules tras decisiones del Consejo de Estado que determinaron que habían incurrido en doble militancia.
La expectativa, por el momento, es que se retome la discusión el 16 de octubre. Salamanca se mantiene en que la reforma podrá obtener el visto bueno de la Cámara la semana que viene, con debates por tres días seguidos que permitirán a la corporación retomar los proyectos de origen parlamentario el lunes siguiente.
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Quedarían también en la corporación otras discusiones pendientes, entre ellas, la reforma política del Gobierno Petro, que no ha podido prosperar en intentos pasados, y la reforma a la salud 2.0, que tendrán que superar primero los debates en la Comisión Primera y la Séptima, respectivamente.
“Cada proyecto tiene su propia dinámica. Yo creo que en este proyecto de la laboral hemos tenido a un Gobierno escuchando y a unas bancadas construyendo y mejorando el texto que se presentó originalmente”, indicó Salamanca. “Yo creo que, si se mantiene lo que se ha construido en la Cámara, le estará dando herramientas al Senado de la República para poder dar una importante discusión en la agenda social que propone el Gobierno”, concluyó.
En el entretanto, el ambiente está tenso no solo por los señalamientos hacia el presidente de la Cámara, sino también por las discusiones alrededor de la investigación que cursa en el Consejo Nacional Electoral por la campaña Petro y que ya calentó la situación en la corporación legislativa, en donde todos los representantes están tomando partido para dar su posición al respecto. Al menos en lo legislativo, el acuerdo nacional, cuyos puntos fueron presentados por el ministro Cristo hace menos de una semana, parece estar pausado.
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