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El presidente Gustavo Petro casó una nueva pelea con la empresa Thomas Greg & Sons y, de paso, con la Registraduría. Todo en la antesala de las elecciones de 2026 y con la intención de sacar a esa firma privada de los procesos electorales, justo cuando tiene en la mira reelegir al progresismo en las próximas presidenciales.
A diferencia de lo que ocurrió con la Cancillería, cuando instruyó a su administración para frenar la contratación de Thomas en la polémica licitación de pasaportes, Petro no puede impedir de forma directa que esta firma participe en una licitación de la Registraduría, que es un ente autónomo del poder presidencial.
De hecho, una licitación del organismo electoral fue la nueva causa de las acusaciones del mandatario, quien dijo que supuestamente se estarían gestando posibles amaños en una licitación pública de poco más de $41.000 millones, con el fin –según él– de supuestamente beneficiar a Thomas. Su dardo se disparó el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la apertura de investigación a la campaña presidencial en 2022 por violar los topes de financiación.
Según el jefe de Estado, apoyado por las denuncias de su secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, los términos del acuerdo estarían formulados para que la compañía que hasta este año estuvo a cargo de la expedición de pasaportes sea la elegida. Tanto la entidad que dirige Hernán Penagos como la empresa le salieron al paso a las acusaciones. No obstante, el mandatario las recogió para azuzar el ambiente, asegurando que “la toma de Thomas Greg and Sons de los procesos electorales es el mayor peligro de la democracia colombiana”.
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La toma de Thomas and Gregg de los procesos electorales es el mayor peligro de la democracia colombiana https://t.co/ao0A5qZVM1
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2024
La discusión llega cuando en las últimas semanas, además, ha estado en boca del país político el relato de la reelección. Aunque el mandatario ha dicho que no tiene un “interés personal” en quedarse luego de 2026 en la Casa de Nariño, no se ha desmarcado de proyectos como el de la senadora Isabel Zuleta, del gobiernista Pacto Histórico, que busca, precisamente, abrirle la puerta a la permanencia de Petro en la Casa de Nariño por cuatro años más.
En todo caso, que el tema se esté discutiendo, en medio de un ambiente álgido que ni el anuncio del acuerdo nacional ha logrado aplacar, ha generado preocupaciones. En los pasillos del Capitolio empieza a gestarse cierta desconfianza ante las declaraciones, cada vez más fuertes, del jefe de Estado.
Por ejemplo, el senador Humberto de la Calle, aseguró que “esa inquisición sobre la preparación de las elecciones surge en la propia Presidencia. Todo el que sepa de la comisión de delitos debe denunciarlos, pero si es una cosa diferente, sí me parece preocupante porque la Registraduría (entidad que él dirigió entre 1982 y 1986) es un organismo autónomo y siempre lo ha sido”.
Y sentenció: “Jamás se le ocurriría a nadie que la Presidencia pudiera intervenir en la preparación de las elecciones que exigen contratación y logística. Esto debe ser clarificado”.
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“El acuerdo nacional tiene como punto uno el respeto de las elecciones, ¿aquí quién no las ha respetado? ¿Qué es lo que necesitamos acordar aquí?”, dijo, por su parte, Carlos Meisel, del Centro Democrático. Justamente, otras voces de ese mismo partido ven con desconfianza que el presidente Petro ponga en entredicho el actuar de la Registraduría. Más cuando el Consejo de Estado aceptó, hace una semana, una demanda de nulidad por la elección de Penagos como registrador.
Además, no es la primera vez tampoco que Gustavo Petro se vaya lanza en ristre contra Thomas Greg. En febrero de este año, por ejemplo, aseguró que la firma –de propiedad de la familia de empresarios Bautista– “pueda controlar toda la base de datos de los colombianos en la Registraduría y al mismo tiempo controlan el escrutinio de las elecciones. Tienen el control de las dos palancas de la elección. Una empresa privada, Thomas & Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental”.
El Espectador consultó a la empresa para conocer su postura sobre las recientes declaraciones del presidente, respecto a la licitación de la Registraduría, pero se advirtió que no habrá pronunciamientos públicos. Sin embargo, este diario pudo constatar que hay incomodidad dentro de la compañía, toda vez que está habilitada para participar en el proceso –en el que otras empresas han manifestado su interés, como Cadena S.A.– y que cumple con las reglas de juego de la entidad.
El contrato en cuestión tiene como objeto “contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización delos procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales (JAL), y las Consultas Populares para la conformación del área metropolitana del Suroccidente de Colombia, y el área metropolitana Piedemonte Amazónico”. Su valor, como se dijo, es de $41.017 millones.
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De acuerdo con Idárraga, secretario de Transparencia de Petro y también salpicado por el escándalo del saqueo corrupto a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), habría varias irregularidades en la licitación. Por ejemplo, que “se identifican plazos de menos de 2 meses, previos a la fecha estimada para el desarrollo del proceso electoral y para la ejecución del objeto del contrato”.
He puesto en consideración del señor Registrador Nacional (@Registraduria), suspender el día de hoy la audiencia de adjudicación del proceso que busca “Contratar una solución integral logística, tecnológica, informática y de servicios para la organización y realización de los… pic.twitter.com/LIdS8KA3Av
— Andrés Idárraga Franco (@Aidarragaf) October 8, 2024
También, que el requisito de mínimo diez años de experiencia certificada por la autoridad electoral “estaría limitado a los contratistas que hayan ejecutado contratos de este tipo con la Registraduría. Y aunque se abre a oferentes extranjeros, verían limitado su acceso, por la exigencia de alistamiento”.
Desde la Registraduría explicaron que “es muy clave que se entienda que se trata de una convocatoria pública, no una contratación directa”. Y que, además, “en esta oportunidad se abrió a proponentes nacionales e internacionales y se exigen unas condiciones técnicas mínimas para procesos de este tipo”.
En todo caso, el registrador Penagos, en días pasados, hizo un llamado para que haya un trabajo coordinado entre las autoridades de cara a garantizar la normalidad de las elecciones en 2026.
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“Es esencial que, desde ahora, se coordinen esfuerzos entre el gobierno, la Registraduría Nacional, otras entidades públicas y organizaciones privadas para crear mapas de riesgo que indiquen dónde y cómo actuar. En esa tarea no debemos esperar tres ni cinco meses antes de las elecciones; debemos empezar desde ahora, porque, insisto, no creo que en todas las regiones de Colombia, con las condiciones actuales, haya derecho al voto libre”, dijo el funcionario.
Recientemente, además, se había dado una discusión por los recursos de la Registraduría para 2025. Durante el debate del monto del Presupuesto General de la Nación del año entrante, un punto señalaba que el Ministerio de Hacienda reservaría $3 billones que, en un primer momento, irían a las arcas de la entidad que organiza las elecciones. Al final, el Gobierno dijo que se trató de “un error” y en todo caso el Congreso no aceptó el monto de $523 billones del presupuesto. Sin embargo, la polémica enrareció el ambiente.
Y a eso se suma que en una reciente entrevista con este medio, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también había manifestado preocupación por el panorama para las próximas elecciones presidenciales: “Tenemos que entender que si seguimos en este escalamiento de la violencia verbal, vamos a tener serios problemas en las elecciones de 2026. Yo estoy muy preocupado. El problema es que en Colombia esos niveles tan altos de confrontación verbal, que está sucediendo en muchas democracias del mundo, tienen un peligro adicional de pasar a las armas”.
Así, cada vez más queda en evidencia que la campaña electoral, que empezará en forma en 2025, estará enmarcada por acusaciones de uno y otro bando de que se busca torpedear la normalidad de los comicios. Será el mismo Gobierno el que demuestre si consigue aplacar los ánimos haciendo caso al acuerdo nacional que propuso.
La licitación de la Registraduría que enfrenta a Petro con Thomas Greg:
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