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La reforma laboral recibió este jueves el visto bueno de la plenaria de la Cámara de Representantes, con lo que se cierra el ciclo de debates en esta corporación. A la iniciativa aún le restan dos discusiones más en el Senado, en comisión y plenaria.
Vale recordar que este es el segundo intento de la iniciativa por recibir el visto bueno del Congreso, luego de que en su primer paso por el Legislativo no logró superar ni siquiera la aprobación en comisión económica (debate anterior a la plenaria de cada cámara).
El proyecto debe completar los dos debates siguientes antes del final de esta legislatura (en junio del próximo año) para poder convertirse en ley. De lo contrario, quedará archivado, por segunda ocasión consecutiva.
Y el pulso político en el Senado puede ser complejo, si se tiene en cuenta que en esa corporación el Gobierno no cuenta con mayorías claras y sí con una oposición que logró hundir el paso del Presupuesto General de la Nación para 2025, algo que no había sucedido en la historia reciente del país.
Ahora bien, la laboral no es el Presupuesto y, aunque tiene asuntos que aún no convencen a empresarios y legisladores, también posee varios puntos que tratan de actualizar la normatividad laboral, que actualmente depende del Código Sustantivo del Trabajo, documento que no ha sido actualizado de forma estructural desde los años 50.
Así va el camino del proyecto
Poner al día al país con tendencias como la automatización del trabajo, la descarbonización de la economía o regular las relaciones laborales en la era de las plataformas tecnológicas (como las de reparto) representa buena parte del espíritu de la reforma que aprobó la Cámara de Representantes.
Así mismo, según la argumentación del Gobierno, también se trata de entregarle más protecciones al trabajador colombiano, en línea con legislación internacional, así como con convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que el país ha suscrito.
Por ejemplo, con la reforma se ampliaría la aplicación de la jornada nocturna, que actualmente empieza a las 9:00 p.m. y pasaría a contabilizarse desde las 7:00 p.m. Originalmente, el proyecto contemplaba que el límite inicial para este periodo fueran las 6:00 p.m., pero en los diversos debates y negociaciones se decidió restarle una hora.
De la misma forma, se busca subir la remuneración para quienes trabajen en días festivos. Actualmente, hay un recargo de 75 % sobre el valor por hora de cada empleado. Originalmente, la reforma buscaba que el recargo se dejara en 100 %, algo que quedó en el texto aprobado por la plenaria de la Cámara, pero se le introdujo gradualidad a su aplicación, de esta forma: 80 % en 2025, 90 % para el año siguiente a ese y llegar a 100 % en 2027.
El capítulo de los trabajadores en las plataformas de reparto también experimentó ajustes, pues al inicio se planteaban unas formas de contratación que, bajo el criterio de las empresas y de una parte de los sectores de repartidores, no eran flexibles y atentaban contra las dinámicas propias de ese trabajo.
Según José Daniel López, director de Alianza In, la flexibilización en esta materia concertada con el Gobierno permitió figuras de contratación que mantienen la autonomía del trabajador, a la vez de imponer obligaciones a las empresas para realizar aportes a seguridad social.
Entre los temas que quedaron por fuera de la reforma en los debates de la Cámara de Representantes se cuentan cosas como las indemnizaciones por despidos sin justa causa, que estaban incluidos en el artículo 8 de la iniciativa.
Este apartado del proyecto ponía en riesgo la seguridad financiera de las empresas, de acuerdo con Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.
Así mismo, en las discusiones de esta en la plenaria también se eliminaron dos artículos que delimitaban más claramente los contratos agropecuarios, en los cuales el jornal no se podía pactar por debajo del salario mínimo. El presidente Gustavo Petro lamentó esta decisión y, a través de su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que “entre más se afecte el nivel de vida de los campesinos y jornaleros en el país, más crecerán las economías ilícitas y la violencia”.
El hundimiento de este artículo generó una amplia celebración por parte de representantes de la oposición, postura que también fue criticada por Petro, quien escribió en esa misma red social: “No entiendo que alguien que se gana 48 millones de pesos mensuales, no quiere que un jornalero gane un salario mínimo. Es por esto que somos uno de los países más desiguales y violentos del mundo”.
En términos de modificación a los esquemas de contratación en el país, la reforma busca cerrarle el paso a los contratos a término fijo, en pro de los de plazo indefinido.
Por ejemplo, el artículo 5 plantea que “los trabajadores y las trabajadoras serán vinculados mediante contrato de trabajo a término indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, podrán celebrarse contratos de trabajo, ya sea a término fijo, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio”.
El artículo 6, precisamente, establece que podrán celebrarse contratos a término fijo por un término no mayor a cuatro años y debe celebrarse por escrito. “Cuando el contrato de trabajo a término fijo no cumpla las condiciones y requisitos previamente mencionados, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral”, indica el texto de la reforma.
El debate sobre estos puntos fue álgido. Del lado de la oposición, varios representantes consideraban que hay sectores como el de la moda o las manufacturas que, por sus ciclos de producción, les es favorable la contratación a término fijo o por obra o labor. Por su parte, los representantes de la bancada del Gobierno argumentaron que es necesario poner límites a estas modalidades, puesto que se han prestado para evitar la estabilidad laboral.
En cuanto a cambios en contratación, el proyecto quiere introducir modificaciones a los contratos de aprendizaje (22 y 23), que quedarán mejor explicados y delimitados en el Código Sustantivo del Trabajo, pues su definición actual es algo etérea y vaga.
Se les impone un límite de 36 meses (en dos etapas, lectiva y práctica) y se estipula que quienes estén sujetos a estos contratos deben recibir una remuneración que no puede estar por debajo del salario mínimo.
En la noche del miércoles, los representantes decidieron aprobar una extensión a la licencia de paternidad en el país (artículo 49), aunque limitaron el alcance que proponía la reforma, que era otorgar 6 semanas para, al final, dejar este asunto en 4 semanas.
Actualmente, esta licencia es de 2 semanas y el aumento hacia las 4 se hará de forma gradual.
Y, al mismo tiempo que la Cámara dio un paso en la ampliación de esta licencia, también decidió negarle esta posibilidad a las parejas adoptantes del mismo sexo, que con el artículo 50 (que se cayó en este debate) podrían acceder a licencias de maternidad y paternidad.
En general, los representantes que se opusieron a este artículo argumentaron que le daba piso legal a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, algo que todavía no es ley en Colombia.
En el debate de este jueves, la plenaria decidió incorporar ocho nuevos artículos, que fueron estudiados en una subcomisión conformada por nueve representantes. Y fueron los últimos puntos en ser votados para dar por concluida el estudio del proyecto en la Cámara.
Entre estos destaca uno de los compromisos que adquirió el Gobierno con los transportadores durante el pasado paro de este sector (que estalló por el alza programada en el precio del galón de diésel). Se trata de medidas para formalizar la contratación de los trabajadores del transporte de transporte y carga.
En resumidas cuentas, se trata de regular las relaciones laborales de estos trabajadores con sus empleadores, eatableciendo contratos de trabajo y el pago de las obligaciones sociales del resto de trabajadores formales del país.
Los peros a la reforma laboral
La principal queja desde el lado de las empresas y gremios es que la reforma hace más costosa la contratación formal de personal. En otras palabras, que encarece la formalidad laboral en un mercado dominado por la informalidad.
De acuerdo con los datos más recientes del DANE, 56 % de la fuerza de trabajo en Colombia labora sin las protecciones de ley que brinda un contrato formal.
Según datos de Fenalco, si la reforma se aprueba en su condición actual, esta podría representar 30 % más de costos en nómina para una mipyme.
En su momento, un informe del Banco de la República situó en poco más de 6 %, aproximadamente, el aumento en costos para la contratación por cuenta de las modificaciones en las jornadas laborales.
Por otra parte, la línea argumentativa del Ministerio de Trabajo, y del Gobierno en general, es que la reforma es necesaria pues busca poner a Colombia a tono con reglamentaciones internacionales, como convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así mismo, frente a los costos de las contrataciones, algunos analistas también han anotado que no es posible buscar crecer en empleo en el país, sin que este sea de calidad, con mayores protecciones y mejores marcos de remuneración. En otras palabras, que no sólo se trata de cantidad, sino de calidad (en pro de los trabajadores).
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