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Dos días después de la ratificación del acuerdo entre Haití y Kenia para el despliegue de 1.000 policías keniatas en el país caribeño, al menos el 97 % de los presos de la cárcel civil de Puerto Príncipe, la capital haitiana, se fugaron. El ataque de bandas armadas, que tienen el control de la ciudad y de un país que sufre una crisis humanitaria, puso en evidencia, una vez más, la situación crítica en temas de seguridad que la fuerza tendrá que afrontar.
Haití ha sido el resultado de una larga lista de soluciones fracasadas: una intervención de la ONU que dejó daños colaterales, un presidente asesinado, un primer ministro de facto y grupos armados que se han tomado el control. Una intervención internacional es la última propuesta, pero la materialización de sus promesas pueda estar muy lejos todavía.
La inestabilidad política
La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) llegó a la isla en 2004, tras el exilio del entonces presidente Bertrand Aristide. La “fuerza de estabilización” sucedió a la Fuerza Multinacional Provisional y estaba integrada por un componente civil, con 1.622 miembros de la policía civil, y uno militar, con un máximo de 6.700 efectivos. Su llegada tendría tres pilares: crear un entorno seguro y estable; apoyar al Gobierno de transición para el desarrollo de un proceso político que llevara a un gobierno democrático; y la protección y promoción de los derechos humanos.
La fuerza salió de la isla en octubre de 2017, dejando a su paso un historial de haber causado una epidemia de cólera, abusos sexuales y explotación infantil. Aun así, en medio del caos, la MINUSTAH había funcionado como “un poder moderador en medio de todos los actores: partidos políticos, grupos armados/pandillas, el mismo Gobierno y la oposición”, explica Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.
Su salida, entonces, terminó de sumir a Haití en la crisis, con el aumento de la criminalidad. Los grupos armados que en el mandato de Aristide habían tenido fuertes nexos con el poder político dejaron esas asociaciones de lado, ahora con una vocación más lucrativa. Su presencia era más fuerte que la del Estado y comenzaron a sustituirlo en la provisión de bienes y servicios para la población.
En ese contexto, Jovenel Moïse, quien había ascendido al poder en febrero del 2017, trató de retomar el control aliándose con estos grupos criminales. De acuerdo con Insight Crime, una alianza de nueve bandas conformada en junio de 2019, llamada G9, cuya cabecilla era Jimmy “Barbecue” Charizier, gozaba de total impunidad ante los tribunales de justicia.
“Al parecer, los líderes de la pandilla no son enjuiciados, siempre y cuando ayuden a mantener la paz en los barrios bajo su control. A cambio, el gobierno de Moïse los considera soldados leales que controlan la inseguridad, silencian las voces de la oposición y refuerzan el apoyo político en toda la capital”, reportó el portal en el 2020.
El asesinato de Moïse fue un punto de quiebre y continúa siendo clave para la crisis que continúa. Los 17 exmilitares colombianos detenidos por el crimen fueron llevados a la cárcel de Puerto Príncipe, en la que, este domingo, un grupo de hombres armados atacó, alegando que querían liberar a todos los privados de la libertad. Los connacionales fueron trasladados, pero su situación es muestra de una institucionalidad inoperante. Para González, la muerte de Moïse empoderó a las pandillas, especialmente en el terreno político y les dio un poder de veto para controlar el resultado de las elecciones y de quienes se postulen. Ese vacío de poder, que fue llenado en parte por el primer ministro Ariel Henri, quien tampoco contaba con legitimidad al no ser elegido popularmente ni contar con la ratificación del Parlamento, favoreció a los actores no estatales, especialmente los criminales.
“Desafortunadamente, el país está completamente desinstitucionalizado, no hay canales para saber los procedimientos, cuál es el respeto de la Constitución o el de la ley. No hay forma de garantizar nada”, dijo a El Espectador Sondra Macollins Garvin, a cargo de la defensa de los colombianos vinculados con el magnicidio de Jovenel Moïse.
¿Una solución a la vista?
El Gobierno pidió ayuda en octubre de 2022: era necesaria la acción internacional para acabar con la ola de violencia que azotaba a la isla. Un año después, el Consejo de Seguridad aprobó una intervención militar que estará bajo el mando de Kenia, que acordó enviar 1.000 agentes de policía para restaurar la tranquilidad en el país caribeño. En un lapso de 12 meses, la fuerza armada internacional trabajará con la Policía Nacional de Haití y la seguridad local para combatir las pandillas.
El objetivo de la fuerza internacional, de acuerdo con el Consejo de Seguridad, es establecer “un mecanismo de supervisión para evitar violaciones o abusos de los derechos humanos” y garantizar “que la planificación y la realización de las operaciones durante el despliegue se ajusten al derecho internacional”. La lógica bajo la cual se aprueba la intervención es que un Haití seguro hará posible la formación de un gobierno transitorio y de unas elecciones libres y justas, pero asegurarse de su cumplimiento podrá ser más difícil.
Para esto, es necesario recordar otras soluciones propuestas a la crisis, cuyos fracasos recalcan los “peros” que enfrenta la fuerza internacional. Por un lado, el Acuerdo de Montana de 2021, en el que agrupaciones políticas terminaron conformando una oposición a la ratificación de Henri, buscando que se generara un gobierno de transición de dos años en el cual pudieran organizarse elecciones libres. Su posición, por supuesto, no fue tomada en cuenta, especialmente debido a la fragmentación partidaria que hay en Haití.
Por otro lado, el Acuerdo del 21 de diciembre de 2022, en el que una coalición de organizaciones de la sociedad civil, empresarios y actores políticos, junto con el primer ministro Ariel Henri, formularon una posible transición que pudiera llevar a la realización de elecciones. Sin embargo, recibió poca atención e interés por parte de los actores internacionales, y sus puntos no fueron cumplidos. Específicamente, porque establecía que el mandato de Henri expiraba en febrero del 2024. El primer ministro aún sigue en el poder.
Teniendo esto en cuenta, cuatro son los retos principales que enfrenta la fuerza de intervención. El primero, ligado con el Acuerdo del 21 de diciembre, con el que el Tribunal Judicial de Kenia argumentó que no darían cumplimiento a un pacto firmado con un primer ministro que no tenía legitimación electoral ni parlamentaria y cuyo mandato ya había finalizado. El problema se solucionó con la firma de un “acuerdo recíproco” entre las partes con el que habrá un envío “mutuo” de policías.
El segundo, y quizás uno de los más importantes, un reloj al que no le queda mucho tiempo. Desde la aprobación de la fuerza en octubre han pasado cinco meses, casi la mitad del tiempo que habría tenido que operar en territorio haitiano. La razón de la demora ha sido la preparación de las tropas, pero también el bloqueo judicial mencionado anteriormente, y eso solo ha hecho que la crisis se siga agudizando, ejemplificado con la incursión violenta de bandas criminales en la cárcel de Puerto Príncipe este domingo.
El tercero, la poca preparación de la policía keniata para afrontar un gran encargo como es el de la pacificación de Haití. Además de las acusaciones por ejecuciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos, está la urbanización del conflicto, es decir, cuando los combates se libran en los centros más poblados y aumenta el número de víctimas civiles.
“En este tipo de trabajo, el problema de las bandas callejeras es muy delicado. Están en medio de la población. No tienen uniformes. No sabes quién es quién. Eres extranjero allí, y tienes que tener mucho cuidado de no confundir a los delincuentes con la población, porque están dentro de la población”, afirma el teniente general Carlos Alberto dos Santos Cruz, quien fue el comandante de las fuerzas de la MINUSTAH, en una entrevista para la ONU.
Finalmente, que se cree que el problema de Haití más de una cuestión de seguridad pública que de administración pública, como lo señala el teniente general. Con lo que llama “una coordinación deficiente” entre instituciones estatales, es muy complejo llegar a una solución de fondo que permita llegar a la solución más íntegra: la realización de las elecciones. Si se tiene en cuenta la operación de los grupos armados y su poder en el terreno, unos comicios no serán posibles sin su injerencia.
“Es muy difícil que unas elecciones limpias, justas y competitivas se lleven a cabo porque siempre van a existir dos riesgos. Uno, que efectivamente las preferencias [de un candidato] sean distorsionadas porque [lo] van a coaccionar las pandillas algún político. Segundo, como están las cosas, las pandillas van a ser un actor de veto. Es decir, quien se monte en el poder necesariamente va a tener una resistencia armada de un actor no estatal porque ahora los políticos y las pandillas están separadas”, asevera el profesor González.
Aún no es claro cuándo llegaran los efectivos keniatas a territorio haitiano, pero con las experiencias de la MINUSTAH, es poco probable que los reciban con los brazos abiertos. Por el momento, es la solución en la que el mundo entero tiene puesta la esperanza para solucionar la crisis de violencia en Haití.
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Por María José Barrios Figueroa
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