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Las pandillas controlan Puerto Príncipe, la capital de Haití. Asesinatos, incendios y secuestros reinan en la ciudad desde el asesinato de Jovenel Moïse, el último presidente elegido por voluntad popular, en 2021. El sucesor de Moïse, Ariel Henry, ha pedido una intervención militar desde octubre del 2022, que fue aprobada este lunes por el Consejo de Seguridad de la ONU.
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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, que fue una de las figuras que más apoyaron la intervención, respaldó la decisión del órgano. Hace dos meses, el jefe de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció la violencia que azota a Haití y que reporta linchamientos, asesinatos de familias enteras y secuestros.
De acuerdo con Türk, más de 2.500 personas han sido asesinadas este año y 951 han sido secuestradas. Por la violencia de las pandillas, que controlan el 80 % de la capital haitiana, al menos 50.000 haitianos han tenido que abandonar sus casas y refugiarse en centros de acogida temporal.
El pasado 22 de septiembre, Henry dio su discurso frente a la Asamblea General de la ONU, en donde hizo un llamado al Consejo de Seguridad para hacer frente a la crisis “estructural y multidimensional” que enfrenta Haití. En su intervención, aseguró que la violencia de pandillas “pone en peligro no solo al país, sino a toda la región”. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, hizo una advertencia similar, enfatizando que la crisis ya había desbordado las fronteras de Haití.
Manuel Camilo González, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, explicó que la demora en la aprobación de la fuerza multinacional se debía a unos requerimientos previos que necesitaba Estados Unidos, encargado de hacer el lobby de la iniciativa, para poder llevarla a votación en el Consejo de Seguridad y “jugarla a lo seguro”. Primero, contar con los votos suficientes. Segundo, y quizás la más relevante, necesitaba “un doliente” para liderar la misión.
“Aquí es algo paradójico que Estados Unidos hace el lobby, pero no es el que lidera. Lo que va a hacer es que va a dar financiación y ayuda humanitaria, pero quien coloca la fuerza bruta, el trabajo sucio, para ordenar la casa en Haití son los keniatas”, dice el profesor.
La fuerza multinacional que combatirá la violencia
Si bien fue aprobada por el Consejo de Seguridad, la fuerza multinacional no estaría bajo el control de la ONU, sino de Kenia, el país que aceptó desempeñar el papel protagonista. A finales de julio, el Estado africano expresó que estaría dispuesto a liderar el esfuerzo, con una fuerza multinacional conformada por 1.000 agentes de la policía keniata. Desde ese momento, funcionarios de Kenia han visitado Haití y mantenido conversaciones con líderes nacionales. Otros países, como Antigua y Barbuda, Bahamas y Jamaica, también ofrecieron su apoyo.
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Por su parte, Estados Unidos brindará “una sólida asistencia financiera y logística”, de acuerdo con Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense. Blinken aseguró que la administración de Biden trabajará con el Congreso para entregar US$100 millones para apoyar la intervención.
A diferencia de una misión de cascos azules, que es comandada por la ONU, la fuerza que llegará a Haití está bajo la supervisión de Kenia, el país que proveerá más personal y recursos, y tiene la misión de mejorar las condiciones de seguridad.
“Se trata de una misión ajena a las Naciones Unidas aprobada a través de la disposición Capítulo VII de la Carta de la Organización, mediante la cual el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza después de que se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales”, según el comunicado publicado por la ONU.
El objetivo del despliegue es fortalecer la seguridad local y a la Policía Nacional de Haití, ayudándole a combatir pandillas. Esta ayuda será, principalmente, en temas de armas y personal. Según el Consejo de Seguridad, el despliegue de la fuerza no será inmediato, pues todavía faltarán varios meses para que los agentes comiencen a patrullar.
“La misión deberá proveer durante los próximos 12 meses apoyo operacional a la Policía Nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad ante una oleada de violencia sin precedentes, caracterizada por los secuestros, la violencia sexual, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas”, lee el comunicado de la ONU.
Latinoamérica, sin tropas para enviar
A pesar de que países caribeños como Jamaica, Barbados y Bahamas han anunciado que están dispuestos a aportar agentes para conformar la fuerza multinacional, los vecinos latinoamericanos de Haití han declinado participar en la intervención. Solo México contribuirá, no con agentes, sino aceptando entrenar a 660 efectivos en su suelo. Fuentes brasileñas le han dicho a EFE que es muy probable que el gobierno de Lula tome una decisión similar.
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González asegura que esto puede deberse a tres cosas: la posibilidad de una reputación manchada, un contexto de seguridad que cambió en Latinoamérica y la participación de Estados Unidos.
En la primera cuestión, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) dejó un mal recuerdo en la población con respecto a las misiones internacionales. Con la participación de soldados de Uruguay, Brasil, Chile y Argentina, lo que fue planteado como una misión que buscaba la paz, terminó en abusos a la población y la proliferación del cólera. Al ser una fuerza multinacional, tenía un poder diferente al de los órganos dentro del país y los jueces, así como la policía local, serían inoperantes.
“Esos países, sobre todo aquellos que han participado no quieren volver a cometer el mismo error y no quieren verse comprometidos en su imagen internacional”, afirma González.
La segunda razón es el contexto de seguridad en Latinoamérica, en la que después de la pandemia nacieron más organizaciones criminales, que ahora son además trasnacionales. Las prioridades de los Estados están ahora, de acuerdo con el profesor, “en solucionar primero los asuntos domésticos y luego sí ayudar”.
Por último, la participación de Estados Unidos en la aprobación de la fuerza multinacional. De acuerdo con el profesor, los gobiernos de izquierda en Latinoamérica no comparten los enfoques de seguridad de Estados Unidos, que es más punitivo, y no están dispuestos a seguir las órdenes del Estado norteamericano en la solución de la violencia en Haití.
“Hay un choque de visiones en temas de cómo se debe solucionar la crisis. Para los Estados latinoamericanos no es una prioridad en términos de política exterior y, sobre todo, no es el enfoque para solucionar las crisis nacionales”, explica González.
Con la intervención militar, todavía faltarán algunos meses para que la situación pueda normalizarse en Haití. La iniciativa promete restablecer la situación, pero hará falta saber la posición que tomarán las pandillas haitianas, que no están dispuestas a ceder el control ni a dar un paso atrás.
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Por María José Barrios Figueroa
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