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Esta semana ocurrió algo poco usual en el país. Hablo del lamentable caso de posible explotación sexual de dos niñas en Medellín, de 12 y 13 años, por parte de un estadounidense de 36 que, pese a ser sorprendido por la Policía en este contexto, pudo salir del país a Miami, Estados Unidos, en libertad. Y no me refiero a que estos hechos sean poco comunes en nuestro país —porque en realidad suceden todos los días, en todas las ciudades—, sino a que, como pocas veces, este sacudió la indignación colectiva y permitió devolver la atención sobre este crimen, que viene en aumento, agravado por la pobreza y el fenómeno migratorio venezolano, que pone en extrema vulnerabilidad a niñas y mujeres jóvenes, que por su contexto marginal terminan fácilmente coaccionadas en las redes de explotación sexual, como lo ha documentado este diario.
En las redes sociales, como X, por ejemplo, varias personas se juntaron para visibilizar la identidad de Timothy Alan Livingston, el estadounidense mencionado, cuando su nombre no era conocido en la opinión pública. Con una avalancha de mensajes alertaron a medios de comunicación estadounidenses y a personas vecinas de su domicilio en Ohio, Estados Unidos. Y lo hicieron a través de mensajes en todas las redes sociales e incluso por medio de la popular plataforma de agregaduría de noticias conocida como Reedit. Así lograron que, incluso, personas que se graduaron con este personaje en el colegio lo reconocieran y siguiera avanzando la cadena de información.
Otros reportaron en CyberTipline, la plataforma que centraliza información de denuncias del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por su sigla en inglés). Una organización no gubernamental que trabaja contra este crimen de la mano de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos —Homeland Security Investigations (HSI, por su sigla en inglés)—. Y unos más saltaron del mundo digital al análogo y se pusieron en la tarea de enviar por correo postal cartas a los vecinos de Livingston, en sobre estampillado. El mensaje lo resumió bien uno de los perfiles de X: “Sanción social, ya que a la policía de este país le quedó grande hacer justicia”.
Si bien, al cierre de esta edición, Livingston seguía prófugo de la justicia, la indignación colectiva y la atención mediática produjo lo que pocos casos similares tienen: la plena atención de las autoridades y la sociedad. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria a los policías que dejaron en libertad al extranjero, porque la ley colombiana establece una pena de 14 a 25 años de prisión para quien, directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza”.
La norma, como lo recordó en estos días la Fundación Renacer que lucha contra este flagelo, no exonera de responsabilidad penal al agresor si la víctima consiente la explotación sexual por dinero y, en cambio, esto puede ser un agravante de la conducta, más si se trata de una menor de 14 años.
La Policía Nacional, en cabeza de su director, general William René Salamanca, dio rueda de prensa diciendo que la investigación ya estaba en manos de la Fiscalía y de la HSI de Estados Unidos, y que estaban a la espera de que se concretara la circular azul de la Interpol para dar con el paradero de Livingston, en cualquier lugar del mundo. De hecho, este diario pudo establecer que los agentes de la HSI buscaron el espacio de entrevista con las víctimas, porque esperan adelantar el proceso penal en su país.
Por su parte, por petición de la Fiscalía, un juez de control de garantías de Antioquia emitió orden de captura en contra de Livingston, porque “estaría involucrado en conductas delictivas relacionadas con inducción a prácticas sexuales con dos menores de edad”. Consultada por este diario sobre el tema, la abogada penalista y profesora universitaria, Helena Hernández, espera que la imputación de la Fiscalía en este proceso que empieza contemple delitos graves y no tan leves, como son la posible existencia de trata de personas, estímulo a la prostitución, demanda de explotación sexual y acceso carnal violento, entre otros.
El presidente Gustavo Petro anunció también que, de ser capturado, pedirá su extradición a Colombia y un informe a la Policía para que explique por qué lo dejaron en libertad. No obstante, en términos de políticas y acciones claras contra este delito, el Gobierno sigue sin nombrar a nadie en la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata, adscrita al Ministerio del Interior, en reemplazo de Sonia Bernal Sánchez, quien ocupó a comienzos de abril la curul en el Senado que dejó Piedad Córdoba tras su fallecimiento. Una dependencia clave, que articula la estrategia nacional en este asunto y que no debe seguir acéfala.
La embajada norteamericana señaló, a su turno, que está plenamente comprometida con la erradicación de todo tipo de trata y explotación de personas en el mundo, y que esto “incluye la colaboración activa con el Gobierno colombiano, las fuerzas de seguridad y la sociedad civil para combatir todas las formas de delitos de explotación y apoyar a las víctimas”, refiriéndose al caso de Livingston, sin mencionarlo directamente.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la primera autoridad en denunciar los hechos, dio una extensa rueda de prensa condenando el caso y anunció la expedición del Decreto 0248 de 2024. En la parte motiva, la decisión rescata legislación internacional que ha suscrito Colombia, pero que muy pocas veces aterriza, como la Recomendación General de la CEDAW No. 38, que establece que la trata y la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual son discriminación estructural en contra de las mujeres y constituye violencia de género, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (conocida como la Convención De Belem Do Para), que consagra en su artículo tres que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado.
El decreto dio datos importantes para entender cómo está el mercado de explotación sexual de menores de edad en la capital de Antioquia. Señala que para 2023 se reportaron 240 casos de posibles víctimas de este delito en Medellín y que solo en lo que va este año ya se han reportado 39 casos por estos mismos hechos: “Estas cifras vienen en aumento, toda vez que para 2020, 2021 y 2022 se presentaron 159, 298 y 167 casos, respectivamente”, dice el decreto.
La medida suspende temporalmente la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines en el espacio público de un área que contempla gran parte de la llamada “zona rosa” de El Poblado, llena de bares y restaurantes, que incluye el parque Lleras y Provenza, las áreas más visitadas por los turistas nacionales y extranjeros, de mayores ingresos, en Medellín. Pero el decreto también ha sido leído como ambiguo o insuficiente, porque puede resultar en la criminalización de las niñas y mujeres jóvenes prostituidas, víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
“El decreto, en su artículo dos, busca sancionar la oferta, es decir, pone la lupa sobre las niñas y mujeres prostituidas y no sobre los proxenetas y demandantes de actividades sexuales, es decir, las redes criminales y los puteros. Delimita su atención solo a El Poblado, lo que puede desplazar esta problemática a otras zonas o espacios privados y no aborda cuáles serán las sanciones para quienes incumplan. Así como, en su artículo tres, le da la responsabilidad a la Policía de hacer cumplir la medida, que tiene poca formación en estos temas y puede terminar revictimizando. Tampoco queda tan clara la oferta social y económica para que quienes sobreviven de esta actividad tengan otras oportunidades, porque ese es su único ingreso y muchas son migrantes indocumentadas”, explicó en diálogo con El Espectador Sara Jaramillo, presidenta de la veeduría ciudadana a la Ruta de Trata de Personas de Medellín y una de las organizadoras del plantón frente al edificio Gothem, que está citado para el martes 9 de abril de 2024, cuando se cumplen los diez días de suspensión que las autoridades le dieron a este lugar, después de que se conociera este nuevo caso de abuso. Este domingo 7 de abril, se conoció la decisión del edificio Gothen de cerrar voluntariamente y de manera definitiva este inmueble. Gotham es propiedad de la compañía Gotham Primavera SAS, de la cual es propietario Bradley Hinkelman, un canadiense con cerca de 400 inmuebles alquilados en plataformas como Airbnnb en Medellín. Una de las empresas más grandes que tiene Hinkelman se llama Casacol.
En entrevista con El Espectador, Valeria*, una paisa víctima de explotación sexual en la prostitución por parte de un extranjero cuando tenía 15 años, que lucha todos los días por superar los impactos que esas experiencias traumáticas trajeron a su vida, se mostró muy escéptica con la apuesta de la Alcaldía: “Lo que quieren es que El Poblado se vea bonito, como quien ve una postal turística, pero si realmente quisieran ver el problema a fondo no solo se quedarían en ese lugar, sino se pensaría toda la ciudad. Se centraron mucho en el Lleras, pero, por ejemplo, debajo del metro de Medellín hay muchas niñas venezolanas y colombianas prostituidas.
Cuando este diario le preguntó a Valeria en qué condiciones se está dando la explotación sexual infantil en ese sector, ella mencionó: “Ahí en el centro, por el parque Berrío, Prado, San Diego, parque Botero se da a cualquier hora. Sucede en las piezas de unos edificios, tipo hoteles, que tienen precios muy bajos, desde los $7 a los $25 mil el rato. Todos estos tienen recepción y esa persona está allí no para evitar que se dé la explotación de menores de edad, sino para evitar que entren habitantes de calle o se roben algo, como los televisores baratos y las pocas cosas que hay”.
También indicó que la mayor cantidad de casos siguen sucediendo en los apartamentos o fincas privadas, alquiladas por plataformas web como Airbnb, como el edificio Gothem, en El Poblado, donde fue sorprendido Livingston. El Espectador consultó a los directivos de esta plataforma mundial y, recientemente, estos se refirieron por primera vez al tema en un medio de comunicación, al señalar que no son ajenos a la problemática, que están buscando capacitar a sus anfitriones en el país y que ya adelantaron talleres en Cartagena, en donde también está desbordado este delito. Sin embargo, reconocieron que en Medellín están en mora de empezar a realizar acciones que aporten en la prevención, denuncia y sanción de esta problemática.
La administración de Fico anunció hace algunas semanas que iba a prohibir las rentas en inmuebles privados, por períodos cortos, en la ciudad, como acción preventiva de estos casos de explotación sexual de menores, reconociendo que el delito se mueve a sus anchas en estos escenarios. Pero el anuncio solo se quedó en eso, por ahora. La política se volcó a la “zona rosa” de El Poblado, no sin críticas y expresiones de descontento de los dueños de los bares y discotecas, en especial en el parque Lleras. Este diario pudo constatar que la Alcaldía ha recibido enormes presiones de poderosos sectores económicos de Medellín, que no quieren que estas medidas impacten sus bolsillos.
Por el contrario, dos grandes defensoras del decreto, Valeria Molina y Manuela Restrepo, secretaria de las Mujeres y subsecretaria de Transversalización de esta dependencia en la Alcaldía de Medellín, respectivamente, aseguraron que el decreto no es una acción aislada, porque es parte de una intervención integral, mientras enfrentan la criminalidad para la recuperación integral del parque Lleras y sus alrededores.
Resaltaron, además, que el decreto se centra en controlar la demanda de actividades sexuales pagas para prevenir la instrumentalización de personas en situación de prostitución por estas redes criminales y que su prioridad es “perseguir a los explotadores, no a las personas en situación de prostitución”. Por eso buscan también acercar y activar rutas de atención y protección: “Contamos con equipos en la zona para brindar apoyo y llevar oportunidades que les permitan a estas mujeres tomar decisiones libres e informadas para tener opciones para una vida digna y, tras esa atención inicial, buscamos integrarlas a programas como Familias Medellín, la Escuela para la Inclusión y el proyecto Parceras. Es decir, trabajamos en rutas de salida, pero también en dignificar las condiciones de vida con atención psicológica y jurídica. También estamos sensibilizando a la Fuerza Pública para evitar la criminalización de las personas en situación de prostitución y garantizar un enfoque de protección y apoyo. Vamos por buen camino. El parque Lleras debe ser un espacio seguro para las mujeres, niñas y niños en Medellín”, expresó Molina.
El Espectador reveló esta semana que en los últimos 10 años 372 extranjeros han sido vinculados a procesos penales por delitos sexuales asociados a la explotación sexual solo en Medellín. En su gran mayoría son varones de nacionalidades estadounidense, israelí, mexicana, canadiense, alemana y peruana. La realidad es abrumadora y, por supuesto, no solo vincula a los extranjeros, porque la gran mayoría de los delitos sexuales son perpetrados por colombianos. Quizá, por eso, refresca que ante un caso de explotación sexual de menores de edad, la sociedad se indigne y las autoridades despierten y se activen para encontrar caminos que enfrenten este crimen, desde un enfoque de derechos humanos. Solo así este grave delito dejará de ser paisaje en Medellín, pero también en Bogotá, Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Cali y Pereira.
* La identidad real fue reservada por razones de seguridad e intimidad.
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Por Natalia Herrera Durán
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