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Jaymes Christopher Schulte, de 38 años, cambió legalmente hace poco su nombre por el de James Bond para despistar a las autoridades y entró a Colombia 10 veces, según los registros migratorios. En los Estados Unidos era conocido como Underdog, un exluchador de Mixed Martial Arts (MMA), liga nacional de artes marciales mixtas. En cambio, en Medellín y en Cartagena, Schulte o Bond era solo un “gringo más”, que buscaba acceder a menores de edad y a mujeres, vulnerables y empobrecidas, para explotarlas sexualmente a cambio de dinero y grabarlas en video. Así se lucraba de ese contenido en varias plataformas, incluyendo su cuenta de Telegram y Pornhub.
Las pesquisas en su contra empezaron en Colombia hace un año. Se originaron por el sufrimiento de una adolescente, de 17, que estuvo cerca de quitarse la vida en un sector popular de Bello (Antioquia), por el acoso de sus compañeros de colegio, que no dejaban de burlarse de ella, luego de que se hiciera viral el video en el que Bond la explotaba sexualmente. El caso llegó a la ONG estadounidense Libertas International, que atiende a víctimas de explotación sexual por parte de ciudadanos estadounidenses, y a las pocas semanas ya tenían identificadas a tres jóvenes más que sufrían una pesadilla similar con el mismo perpetrador.
Con sus historias documentadas, se activó el proceso en la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos —Homeland Security Investigations (HSI por sus siglas en inglés)— y en la Policía Nacional de Colombia. Hace once días, cuando Bond intentaba entrar a Argentina, después de una temporada en Japón, fue detenido con circular roja de Interpol en migración y conducido a Miami (Florida). Allí, a primera hora del Día de Acción de Gracias, en el aeropuerto internacional, fue capturado y acusado por tráfico sexual de menores, participación en conductas sexuales ilícitas en el extranjero, producción de pornografía infantil para su importación a Estados Unidos y otros delitos relacionados, en el Tribunal para el Sur de Florida. Luego, fue trasladado al distrito de Arizona, de donde es oriundo, para enfrentar estos cargos que le pueden dar más de 30 años en prisión.
En el curso de la investigación transnacional, fueron identificadas al menos 18 víctimas colombianas, solo en el municipio de Bello, y un agente encubierto de la Policía Nacional documentó 1.200 videos pornográficos de niñas y jóvenes de Colombia, pero también de otros países, especialmente del sudeste asiático, por lo que su universo de víctimas es incalculable. Bond, de torso fornido y 1,95 de altura, deseaba ser un famoso actor porno y se caracterizaba por ser intimidante, exigirles a sus víctimas que se drogaran, aceptaran ser accedidas sexualmente sin ninguna protección ni condón (a pesar de que padecía sífilis) y se peinaran con dos colitas, para parecer menores de lo que ya eran en las grabaciones que hacía, muchas veces en secreto. En 2018, fue denunciado por primera vez por delitos sexuales en Taiwán, por videos explícitos con menores de edad que terminaron publicados y monetizados en Pornhub y al menos otras 30 páginas de porno.
El Espectador pudo hablar con tres de sus víctimas colombianas, que, con la condición de reservar su identidad, accedieron a contar su historia, decisiva para el camino de justicia que empieza en los Estados Unidos. En la época de los hechos, tenían 17, 16 y 14 años. Las tres eran de Bello y aseguraron que terminaron en el encuentro sexual por necesidad económica.
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Dos de ellas subrayaron que en sus casas estaban pasando hambre cuando llegó el ofrecimiento. Otra más estaba desescolarizada y ya había sido víctima de abuso sexual en la infancia por parte de un familiar cercano. Con todas, Bond fue violento y abusivo. Después de explotarlas sexualmente les dio entre $100.000 y $150.000 (unos US$40).
“Yo vivía con comodidades hasta que se derrumbó mi familia. Entonces surgieron las necesidades, y pues a mí ya no me importaba nada, ni siquiera vender mi cuerpo”, dice Salo*, que tenía 17 años cuando una amiga cercana la convenció de encontrarse con Bond.
Ese día, fueron cuatro menores de edad al apartamento en donde se alojaba este sujeto en Bello: “Recuerdo que ya habíamos salido cuando vimos que la amiga que nos había llevado no salía, así que nos devolvimos por ella al apartamento. Cuando entramos de nuevo, el hombre le echó seguro a la puerta. Nosotros nos miramos sin entender. Yo empecé a gritar que nos dejara salir. El man cogió el celular para que le tradujera lo que quería, porque no hablaba nada de español, y nos dijo que no íbamos a irnos hasta que yo le hiciera sexo oral. Yo protesté. Estaba muy molesta, pero vi el miedo de mis amigas de que nos hiciera daño, porque era fuerte y agresivo y no tuve opción. Me arrodillé, me cogió por el cuello duro, hice lo que quería por cinco segundos, me grabó y por fin nos dejó ir”, cuenta Salo.
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Pero lo peor, dice, vendría meses después de ese amargo momento. Se filtraron los videos, se burlaron de ella sus amigos y conocidos y su familia la abandonó a su suerte. “Todos me dejaron de hablar. Yo caí en una depresión profunda, no quería estudiar, solo consumir drogas, no quería hacer nada con mi vida, no comía, me estaba matando lentamente, porque nunca tuve el valor de quitarme la vida, hasta que me enfermé, me dio una gastroenteritis crónica y del estrés tan grande se me empezó a caer todo el pelo. Así duré tres meses hasta que me contactaron y empecé a colaborar para hacer justicia por lo que había pasado”.
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“Fue una pesadilla”, coincide Zamara*, quien tenía 16 cuando fue inducida a tener relaciones sexuales con Bond a cambio de dinero. “Después de eso, a mi novio de la época le llegó el video porno y yo no sabía ni que eso existía. Me terminó y empezó a ofenderme: que perra, que sucia”. Luego, las burlas y ofensas llegaron también de otros compañeros de colegio, amigos y familiares: “Caí en una depresión tan honda, me sentía tan encerrada, sin salidas, que un día no pude más y me tomé un tarro de pastillas. Por fortuna, mi mamá llegó y me ayudó a vomitar y a salvar la vida. Me llevó al médico y me dejaron hospitalizada. A los días me pusieron un psicólogo, atención psiquiátrica, con el apoyo de la ONG que lleva el caso penal, y ya de a pocos he salido adelante”.
“Cuando eso, mi mamá no conseguía empleo en ninguna parte. No teníamos plata ni para ir al colegio, ni para pagar arriendo y muchas veces solo comíamos una vez al día. Entonces, llegó la oferta de una niña del barrio, me escapé y fui. En el momento, no le di mucha importancia a lo que viví, porque no estaba en mis cinco sentidos, ¿si me entiende?”, narra a su turno Luciana*, quien tenía 14 años y fue inducida por Bond a consumir altas dosis de tusi o tusibí, una peligrosa mezcla de sustancias psicoactivas en forma de polvo de colores, muy popular por estos días en Colombia.
En enero de este año, Luciana dimensionó lo que había sucedido y el impacto que esto traería a su vida cuando se hizo viral el video sexual que Bond grabó ese día. Por eso, no duda en decirle a otras niñas y adolescentes como ella: “No se desesperen, traten de buscar soluciones, porque la prostitución no es la salida, es muy riesgosa. Hoy lo veo, las pueden matar, violar, desaparecer. Yo me salvé porque busqué ayuda a tiempo”.
Las pesquisas en contra de Bond se iniciaron hace un año, luego de que una adolescente estuviera a punto de suicidarse cuando se filtró un video sexual de ella que desconocía.
Luciana, Salo y Zamara coinciden en decir que en el entorno en que crecieron es muy habitual que las niñas y adolescentes, desde los 12 años o antes, accedan a pretensiones sexuales a cambio de dinero de varones nacionales o extranjeros por falta de oportunidades y necesidades económicas. El delito está naturalizado. Sus vidas son un retrato de una realidad más compleja que no se está atendiendo: la trata con fines de explotación sexual en la prostitución está desbordada en Colombia.
Solo este año han sido capturados siete estadounidenses que, amparados en el turismo sexual, cometieron delitos en contra de menores de edad en Medellín, pero el subregistro de casos y el universo de victimarios es incalculable. De hecho, Rocío Urón, coordinadora de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de UNODC, asegura que las cifras reales pueden ser 10 veces más a las oficiales.
Mientras tanto, la justicia avanza a paso imperceptible. Según reportes de la Fiscalía General de la Nación, de 660 noticias criminales activas e inactivas que existen en Colombia sobre el delito de trata de personas entre 2010 a febrero de 2022 solo se han dado 45 condenas, lo que equivale al 6,8 % de las noticias criminales. Estos datos se hicieron públicos esta semana en una audiencia pública que se realizó en el Congreso para poner la lupa en este serio problema. La organizó Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá del partido Dignidad.
Allí se expusieron cifras escalofriantes: en Colombia existen 55.000 víctimas de trata de personas que son menores de edad. Las niñas entre los 12 y 14 años son las más vulnerables, de acuerdo con los registros de Unicef.
Para la Defensoría del Pueblo, consultada en esta audiencia pública, uno de los graves problemas es que no hay una política pública contra la trata, con presupuesto propio desde el Gobierno Nacional, sino que se sostiene con pequeñas asignaciones en los entes territoriales. Para hacerse una idea, el presupuesto asignado para la implementación de la Ley 985/2005 sobre este delito, para este año, fue de solo $2.599′900.000. La vicepresidenta de las Mujeres, Diana Marcela Gómez, se comprometió a que la primera tarea de la Dirección de Atención y Prevención de Violencias del Ministerio de la Igualdad y Equidad será un diagnóstico serio sobre este fenómeno criminal, que permita tomar decisiones a fondo.
En el curso de la investigación transnacional en contra de Jaymes Schulte, se identificaron al menos a 18 víctimas colombianas, solo en el municipio de Bello
Varias sobrevivientes de este delito y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos de las niñas y mujeres, que participaron en este espacio, clamaron por la urgencia de una política pública robusta de atención y protección de las víctimas, así como una mayor investigación y sanción de los agresores y sus redes criminales. Solo eso, creen, puede realmente sacudir y transformar esa idea de que es admisible comprar y acceder sexualmente los cuerpos de las niñas y mujeres más vulnerables y empobrecidas de Colombia.
“Cuando capturaron al exluchador, grité de felicidad. No pensé que lo fueran a coger nunca, porque uno ve que en esos casos casi nunca se hace justicia. Ahora quiero creer que todas sus víctimas vamos a estar bien, vamos a salir adelante, vamos a estar tranquilas. Nadie merece pasar por eso”, dice Zamara antes de despedirse.
* La identidad real fue reservada por razones de seguridad e intimidad.
**Si es víctima de abuso o explotación sexual de este ciudadano estadounidense y busca apoyo, puede contactar a Libertas International.
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Por Natalia Herrera Durán
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