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El pasado sábado 16 de agosto, El Espectador reveló las declaraciones que hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los financiadores y determinadores de tres hechos que marcaron el conflicto armado colombiano durante los años noventa. Incluso, que tocan al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez: las masacres paramilitares de La Granja (1996) y El Aro (1997); y el asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos en Antioquia (1998), quien denunció esas dos matanzas de campesinos en el municipio de Ituango. Al parecer, esos crímenes se perpetraron en una alianza entre el Ejército, comerciantes y los paramilitares de Salvatore Mancuso.
Quienes confesaron los hechos son los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, quienes fueron aceptados por esa jurisdicción especial en junio de 2023, tras entregar información inédita de cómo se perpetraron las masacres y el asesinato del abogado. Se trata de hechos que por su impacto y gravedad fueron declarados por la Corte Suprema de Justicia, en 2020, como crímenes de lesa humanidad. El Espectador tuvo acceso a las audiencias en las que los hermanos Angulo Osorio, que eran ganaderos en Ituango, confesaron cómo los paramilitares, empresarios de la zona y el Ejército se confabularon para cometer toda clase de delitos: 24 asesinatos, desplazamiento forzado, delitos sexuales, extorsiones, secuestros, entre otros crímenes.
Ese plan criminal tenía dos propósitos: sacar a la guerrilla de la zona y adueñarse de un corredor estratégico para distintas rentas ilegales, principalmente el narcotráfico y movimiento de armas para los paramilitares. Ituango colinda con el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, dos zonas que eran (y son) bastiones de grupos paramilitares; ahora para el Clan del Golfo. De acuerdo con Jaime Angulo, “Ituango era un punto estratégico donde la guerrilla los estaba atacando, el municipio es una zona clave porque la guerrilla se movía desde ahí para San Andrés, Toledo, Yarumal, Briceño, Tarazá, Montelíbano, Valdivia, Dabeiba y Mutatá. O sea, era el eje donde ellos (las Farc y ELN) estaban establecidas”.
Los hermanos Angulo dicen que la masacre de La Granja se gestó en una finca llamada El Porvenir, ubicada en Caucasia (Antioquia). A esa reunión asistieron los ganaderos y otros comerciantes de Ituango, luego de que, en marzo de 1996 llegara un fax a la sede de la empresa Colanta del municipio. En el documento citaban a las “personas pudientes de Ituango que tuvieron problemas con la guerrilla”. Los meses previos, dicen los Angulo, el municipio sufrió una ofensiva de las guerrillas, entre ellas, una toma guerrillera (abril de 1995), el secuestro de su hermano Jhon Freddy, y extorsiones del ELN y las FARC por las actividades ganaderas de la familia. Luego de ese calvario, tuvieron que salir del municipio.
En medio de esa escalada violenta en Ituango, cuenta Francisco Angulo que viajó hasta Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Unos 215 kilómetros de trayecto en carro “El Porvenir queda aproximadamente a 18 kilómetros del centro de Caucasia, era una carretera muy mala”, dijo ante la JEP. Aunque la sentencia contra el jefe paramilitar Cuco Vanoy, que hacía presencia en esta zona, señala que a dicha reunión asistió Carlos Castaño, Angulo dice que lo vio y que, probablemente, fue confundido con un amigo suyo, que era homónimo del máximo líder de los paramilitares. Con un asunto más paradójico y confuso: su amigo también tiene un hermano de nombre Fidel Castaño, pero de apellido Aristizabal; no Gil.
Con quien sí pudo hablar en esa oportunidad fue con Carlos Mauricio García, alias Doble Cero, jefe del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y quien dirigió meses después la masacre de La Granja junto a más de 40 hombres armados. Francisco Angulo señaló que en esa reunión “nos hacen entrar a una casa y empiezan a hablarnos de por qué habían sido creadas las Autodefensas y cuál era el motivo de la reunión. Decían que el motivo era porque Ituango era un nido de guerrilla. Además, que les había llegado la petición de muchos habitantes del pueblo que les colaboraran y entraran los grupos paramilitares a Ituango”.
Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que interrogaron a los hermanos Angulo también indagaron sobre si en esa reunión los paramilitares hablaron en algún punto sobre el Ejército. La respuesta de Francisco Angulo fue contundente: “Los paramilitares, entre ellos Doble Cero, hablaron del porqué se habían creado las autodefensas y todo el repertorio de cómo habían comenzado y que habían crecido mucho por la ayuda del Estado, que sin la ayuda del Estado, no habían podido ser lo que eran en ese momento”. Uno de los invitados a esa reunión clave fue un comerciante que fue determinante en la incursión y permanencia de los paras en Ituango.
Se trata de Jhon Dairo Echeverri, un comerciante del municipio que luego terminó estrechamente relacionado con los paramilitares mientras dirigía la Convivir de Ituango, un grupo de seguridad conformada por civiles que terminó siendo fachada de los paramilitares. “También asistieron a esa reunión Alberto Elías Úsuga, quien era el inspector de Ituango, Román Tapias, Gildardo de Jesús Zuluaga, Juan Fernando Builes, Ricardo Arboleda, Víctor Restrepo, Manuel Piedrahita Tobón, William Sucerquia, Juan Carlos Duque Correa, Jesús María Roldán, Arnulfo Calle, Adolfo Trujillo, Pedro Mazo, Humberto Macías, Bernardo Tobón, Luis Betancour, Javier Mazo, Fabio Correa y Benjamín Correa”, aseguró Angulo.
Angulo relató que, luego de ese discurso introductorio de Doble Cero, los paramilitares empezaron a llamar a las personas de la lista que aparecía en el fax enviado a la sede de Colanta en Ituango. “En ese orden, a nosotros dos nos tocó de terceros. Nos llaman y entonces nos piden una colaboración para financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de acuerdo a lo que nosotros teníamos en el pueblo; que les colaboráramos, que la cuota de nosotros era de $10 millones. Cuando salimos de eso empezamos a conversar con los otros asistentes que iban saliendo y a unos les pedían $4 millones, a otros 5, a otros 7, a otros 8, y así”, dijo Francisco Angulo en octubre de 2021 a la JEP.
El 12 de febrero de 2025, cinco años después de esa declaración, Francisco Angulo también lanzó una grave acusación contra Colanta. Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le preguntaron “¿Qué sabe a detalle sobre la posible relación de grupos paramilitares y la empresa Colanta?”. A lo que él respondió: “También fue citada como empresa a la reunión en Caucasia y pagaba a los paramilitares”. Los documentos conocidos por este diario no señalan si Angulo ha dado más información sobre este asunto. A su vez, El Espectador se contactó con la reconocida empresa para conocer su versión sobre este señalamiento, pero hasta el momento no se pronunciaron.
La entrada de los paramilitares a Ituango
Lo que sí preguntaron los magistrados fue “¿qué sucedió luego de esa reunión en Caucasia?”. Francisco Angulo señaló que se fue a Medellín a seguir trabando, mientras que su hermano se quedó en Caucasia, donde había pasado los últimos meses tras la arremetida de la guerrilla en Ituango. “Luego de que mi hermano facilitara los camiones para que entrara los para a Ituango, él me llama y me pide que contacte a un señor, Carlos Carvajal, para que les preste un apartamento para alojar a los paras en el pueblo. Llamo y efectivamente entregan un apartamento encima de la discoteca Los Guaduales. Los comandantes, Junior y Emiro, cercanos a Mancuso, se ubicaron en el apartamento que yo les presté”, apuntó el ganadero.
Dice Angulo que, antes de la masacre de La Granja, en el hotel Bristol de Ituango también se quedaron los paramilitares. “Otros se quedaron en la finca El Río del señor Javier Duque. Este señor es el papá de Máximo Duque, quien fue el director de Medicina Legal (2004- 2007)”, señaló Francisco Angulo en febrero de 2025. En diálogo con este diario, Máximo Duque señaló que: “Mi padre murió hace mucho tiempo, con severa demencia y secuelas de la violencia y de un secuestro que lo arruinó económica y mentalmente en 1991. Nunca se recuperó y no pudo volver a trabajar en su finca. Hay quienes dicen que en ese secuestro participaron “amigos” de mi padre. No conozco esos detalles y no podría decir nada más”.
El resto fue historia. Y muy violenta. El martes 11 de junio de 1996, los paramilitares llegaron al corregimiento en carros y fuertemente armados, obligando a los pobladores a cerrar los comercios y salir de sus casas. Luego de la incursión, los paramilitares dejaron un saldo de cuatro muertos: Graciela Arboleda, Héctor H. García, William Villa y Jairo Sepúlveda. Jaime Angulo dice que meses después de la masacre recibió una llamada de Carlos Castaño, no su amigo; esta vez sí era el máximo jefe de los paras, advirtiéndole que iba a sacar a su gente de Ituango, ante la falta de financiación del grupo. Ante esa situación, vendió 13 vacas para seguir patrocinando a las AUC. “Fue el único contacto que tuve con Castaño Gil”, afirmó.
Sobre cómo se gestó la segunda masacre, la del corregimiento de El Aro (1997), El Espectador hará una nueva entrega en la que contará pormenores sobre cómo agentes del Estado habrían forjado una alianza criminal con paramilitares. Una acción ilegal que aún tiene al expresidente Uribe mencionado en una investigación. Desde 2017, el Tribunal Superior de Medellín pidió investigar al entonces gobernador de Antioquia por su posible participación en los hechos. Sin embargo, el expresidente ha negado tajantemente cualquier vínculo con cualquier delito.
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Por David Escobar Moreno
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