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El telón de fondo del caso contra Álvaro Uribe Vélez, que lo tiene condenado en primera instancia por manipulación de testigos, es un grave señalamiento en su contra: sus supuestos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia durante los años noventa; más precisamente, cuando fue gobernador de ese departamento, entre 1995 y 1997. Esa presunta alianza criminal, que ha sido negada tajantemente por el exprimer mandatario, lo relaciona con tres expedientes que permanecen quietos en la Fiscalía General: la masacre paramilitar en el municipio antioqueño de San Roque (septiembre de 1996) y las de La Granja (junio de 1996) y El Aro (octubre de 1997), dos corregimientos del municipio de Ituango.
Sobre estos dos últimos crímenes de lesa humanidad, El Espectador revela las recientes declaraciones de dos empresarios de Ituango que confesaron ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber financiado y colaborado con esas masacres. Se trata de los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio, quienes fueron aceptados por esa jurisdicción en junio de 2023. De acuerdo con sus testimonios, hasta hoy desconocidos, dos altos funcionarios de la Gobernación de Álvaro Uribe, integrantes de la fuerza pública y otros empresarios de la región, se organizaron para brindarle apoyo a los paramilitares del entonces jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.
Los Angulo Osorio llegaron a la JEP en 2021 luego de ser condenados en dos instancias, 2013 y 2017, como los determinadores del asesinato de Jesús María Valle, defensor de derechos humanos de Antioquia, en febrero de 1998. Este abogado, oriundo de Ituango, denunció ante la Fiscalía que las masacres ocurridas en su municipio natal fueron perpetradas por paramilitares en una supuesta alianza con altos mandos de la Cuarta Brigada del Ejército. Incluso, en agosto de 1997, siete meses antes de su asesinato, el líder social señaló públicamente que “el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, ha incurrido en un comportamiento omisivo (ante el actuar de los paramilitares), y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”.
El vínculo con los paramilitares
Justo este alto funcionario departamental, Pedro Juan Moreno, fue mencionado por Francisco Angulo en su declaración ante la JEP el 12 de febrero de 2025. Según el condenado comerciante, Moreno era quien tenía contacto con Jhon Dairo Echeverri Tobón, otro comerciante de Ituango que luego fue la cabeza de la Convivir, un grupo de seguridad privada creado en esa zona de Antioquia con el aval del Gobierno Nacional de Samper Pizano. De acuerdo con Angulo, y como lo han demostrado investigaciones judiciales, esas Convivir fueron una fachada de los paramilitares en Antioquia para cometer masacres, desplazamiento forzado, despojo de tierras, desapariciones forzadas y secuestros.
“Hice parte de la Convivir como auditor fiscal (…) este grupo fue creado para ser un intermediario legal entre paras y Ejército. Teníamos con los paras una relación de amistad, de financiamiento y de entrega de información (…) El rol mío y el de todos los que colaboramos fue haber financiado y prestar ayuda de víveres, medicinas, transporte, alojamiento, y dinero a los paras, al igual que darle información al Ejército y a la Gobernación de Antioquia de donde debían bombardear, todo eso permitió la masacre del Aro y La Granja. Los transportadores, ganaderos, cafeteros, tenemos que ver, ya que financiamos y prestamos logística para que el grupo ingresara y se mantuviera en la zona.”, señaló Angulo ante la JEP.
Hay dos hechos que, según los Angulo, dan cuenta de la estrecha relación de la Convivir y los paramilitares de Mancuso. Primero, dicen los comerciantes condenados, Echeverri Tobón, líder de la Convivir, “contaba que se iba con los paramilitares y cogían a las personas que iban a matar o que mataban y las tiraban por los voladeros de Chingalé, unos precipicios muy profundos en la carretera entre Ituango y Medellín, antes de llegar al Río Cauca”. Segundo, que uno de los líderes de la Convivir, “le había conseguido el puesto en los ‘paracos’ al sobrino, que fue uno de los que tuvieron participación en la Masacre de la Granja (junio de 1996)”.
En este punto de la historia, de acuerdo con el testimonio de los Angulo, fue fundamental un asesor de Pedro Juan Moreno en la Secretaría de Gobierno, de apellido Zapata. Según el testigo, este alto funcionario de la Gobernación era el encargado de entregar los formularios a los paras para crear las Convivir. “Había tres pasos básicos: Se constituía la asociación (la Convivir); luego debíamos tener un concepto militar favorable de la Cuarta Brigada del Ejército; después se solicitaba el reconocimiento de la personería ante la Gobernación de Antioquia (que fue firmada por Zapata) y; después se tramitaba ante la Superintendencia de Vigilancia las armas y radios de comunicaciones”, señaló Francisco Angulo.
En 2018, cuando la Corte Suprema lo investigaba por manipulación de testigos, el expresidente Uribe dijo que sí promovió y apoyó a las Convivir durante su paso por la Gobernación, pero que fue “porque siempre ha creído en la colaboración ciudadana con la fuerza pública. El gobierno departamental reconocía la personería jurídica, pero la licencia operativa y la supervisión correspondían a la Superintendencia de Vigilancia del Gobierno Nacional. Como gobernador de Antioquia se canceló tres personerías jurídicas y se suspendió otra, por comprobadas irregularidades. Siempre impulsé el trabajo honesto a través de reuniones periódicas entre los gerentes de las Convivir con la finalidad de cimentar el compromiso que las asociaciones debían proclamar y respetar los derechos humanos”.
Aunque este diario le informó a la defensa del expresidente en qué marco se hicieron esas declaraciones de los hermanos Angulo, su abogado, Jaime Granados, señaló que “ese relato de los hechos no supera ni el ámbito del chisme, el testigo (que no identifica quién es) dice que un tercero tenía interlocución con un funcionario, que ya hoy falleció y quien por ello no puede referirse al tema (Pedro Juan Moreno, muerto en un aparente accidente aéreo en 2006). La posición del doctor Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia frente al paramilitarismo está plenamente documentada como se evidencia en sus discursos y las múltiples denuncias que interpuso por los crímenes de estos grupos”.
La aprobación express de la Convivir y los militares
A los magistrados de la Sala de Definición de la JEP les llamó la atención que, al día siguiente de crear la Convivir, 16 de julio de 1997, la Cuarta Brigada del Ejército les dio el aval militar. Luego, advierten los togados durante el interrogatorio, que el aval de la Gobernación de Antioquia también fue “de manera expedita”: la fecha de la resolución es del 24 de julio de 1997, es decir, nueve días calendario, y siete días hábiles después de fundar la Convivir. Según la versión de los Angulo, un general de apellido Ospina (que luego fue comandante del Ejército) era “el más interesado” en que se creara la Convivir, con el fin de que ayudara a entregar información para darle al Ejército en Ituango. “Echeverri (el líder de la Convivir) y yo nos reunimos con él en la Cuarta Brigada, dijo que esperaba que diéramos buenos resultados”, aseguró ante la JEP Francisco Angulo, hoy preso en una cárcel colombiana.
Una fiscal, y alias Lucas, el financiero de los paramilitares
Los hermanos Angulo señalaron ante la JEP que ese grupo criminal tenía entre sus colaboradores a una fiscal que entregaba información valiosa para sus intereses criminales, entre ella, datos claves que pusieron al defensor de derechos humanos en el radar de los paras. “Esa fiscal informó que estaban investigando la entrada paramilitar a Ituango y la relación de la Cuarta Brigada a raíz de las denuncia de Valle. La investigación se estaba llevando en Caucasia, pero la Fiscalía ordenó llevar ese expediente a Medellín. Un camión de la Fiscalía era el encargado de llevar el expediente, pero fue interceptado el vehículo, se robaron los expedientes y es ahí donde se lee realmente lo que había y las pruebas”, dijo Francisco Angulo ante la JEP.
Fuentes cercanas al proceso le indicaron a este diario que la funcionaria judicial fue asesinada años más tarde y que es una información que todavía está siendo valorada para ser ampliada ante los magistrados como uno los aportes de los Angulo a la verdad. Los hermanos Angulo declararon ante la JEP sobre un asunto que la Fiscalía ya procesa a una persona: Jacinto Soto Toro, alias Lucas, el hombre de confianza de la cúpula militar para financiar operaciones militares, entre ellas la masacre de La Granja y El Aro. “Cuando Lucas no mandaba dinero a los paras en Ituango, yo le entregué 10 millones a alias Junior, el paramilitar en Ituango que seguía órdenes de Mancuso”, dijo Francisco Angulo.
Se espera que en los próximos meses la JEP vuelva a citar a los hermanos Angulo para que amplíen su testimonio en esa jurisdicción, el cual podría revelar capítulos inéditos de dos de las masacres más emblemáticas del conflicto armado colombiano. Entre tanto, los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá trabajan a toda máquina para tomar una decisión de segunda instancia sobre el proceso contra el expresidente por manipulación de testigos. A ese mismo tribunal llegará el expediente contra el exabogado de Uribe, Diego Cadena, quien fue condenado en primera instancia por esos mismos hechos: intentar torcer los testimonios de exparamilitares que acusaban a Uribe de tener nexos con las AUC.
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Por David Escobar Moreno
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