Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Frente a frente. Así se encontraron un grupo de víctimas de secuestro ante sus victimarios: siete exmandos medios del Bloque Occidental de las extintas FARC, durante de una audiencia pública de reconocimiento, citada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y cuyo epicentro fue en Cali (Valle del Cauca). Allí, los comparecientes reconocieron haber secuestrado a más de 227 personas en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño y sur del Chocó entre 1993 y 2016 y, además, aceptaron haber permitido que, bajo su comandancia, quienes se encontraban en cautiverio fueran sometidos a una serie de vejámenes incalculables: torturas, violencia sexual, homicidios y otros crímenes internacionales no amnistiables, es decir, que no pueden recibir perdón judicial.
Si bien ya se habían adelantado dos audiencias de reconocimiento respecto al macrocaso 01 (que investiga los secuestros cometidos por la guerrilla de las FARC), una en Bogotá, donde los integrantes del antiguo Secretariado aceptaron haber plagiado a miles de personas en todo el país, y otra en Ibagué (Tolima) a exmandos medios del Comando Conjunto Central por secuestros ocurridos en Tolima, Quindío y norte del Huila, esta es la primera vez que integrantes del extinto grupo armado reconocen delitos de secuestro ocurridos en el suroccidente del país. Según las investigaciones de la JEP, el bloque secuestró para cumplir tres fines principales: para financiarse, para forzar al Estado colombiano a intercambiar guerrilleros presos y para controlar los territorios donde tenían injerencia.
Los comparecientes llamados a reconocer por parte de la Jurisdicción y que se vieron cara a cara con sus víctimas fueron Édgar López Gómez, conocido como Pacho Chino; Jesucristo Jiménez Cuellar, conocido como Juvenal Rodríguez; Gustavo Arbeláez Cardona, alias Santiago; Héctor Julio Villarraga, conocido en la guerra como Gilberto Arroyave o El Grillo; Carlos Mario Cardona León, alias William o El Paisa; Diego Ardila Merchán, conocido como Leonel Páez, y Oswaldo Miguel Mendoza, alias Pacho Quinto. Durante dos días, las víctimas reclamaron a los firmantes por hechos concretos, algunos recordando sus días encadenados en la selva, y otros reviviendo la memoria de sus familiares que nunca volvieron de las montañas luego de permanecer durante años en cautiverio.
Relatos de las víctimas
Como estableció la Jurisdicción, uno de los principales objetivos que se trazó las FARC para secuestrar fue la necesidad de financiar su organización. Bajo ese propósito, el Bloque Occidental se llevó a cientos de personas, buscando cobrar impagables sumas de dinero. Así lo narró Luz Mélida Ocampo, secuestrada en abril de 2002, mientras se movilizaba con su esposo y su hija en la vía Cali-Buenaventura. “Dispararon al carro y mi esposo estaba herido. Uno de ellos dio la orden y dijo ‘llévense a la cucha esa’”. Ya en cautiverio, Luz Mélida Ocampo relató que guerrilleros del bloque le pidieron a su familia un millón de dólares por su retorno. “Yo me desmayé. Ni yo ni mi familia teníamos esa plata. ¿De dónde la íbamos a sacar? Yo tenía una camioneta que ellos decían que era dizque lujosa, y no, era el fruto de mi trabajo y el de mi familia”.
Su sufrimiento en cautiverio no paró ahí. Con voz entrecortada, Luz Mélida Ocampo contó que fue víctima de abuso sexual en repetidas ocasiones por guerrilleros del Bloque Occidental: “Un día pedí que me dejaran ir a bañar a un río (…) Ahí comienza la historia más horrible para una mujer: estar desnuda, llega un hombre a manosearte, tirarte al piso y violarte, y luego llega otro y también hace lo mismo. A ustedes (se dirige a los mandos medios) les daban cultura pero no sé qué cultura les daban o dónde se perdió todo eso”. Y agregó: “Destruyeron mi vida de una manera que no pueden imaginarse a través de la violación (…) Estoy acá para alzar mi voz no solo por mí, sino por los que han sufrido lo mismo que yo”.
Otras víctimas, como Olga Yaneth González, pidieron a los comparecientes reconocer el plagio de sus familiares. “Estoy aquí porque quiero que reconozcan el secuestro y desaparición forzada del que fue víctima mi papá”. Gilberto González Hernández, un hombre dedicado al campo, fue secuestrado en 2012 por miembros del Bloque Occidental en el municipio de Rosas (Cauca). Aun sigue buscándolo. Su preocupación se aviva cada vez al mencionar que los autores materiales del secuestro aun no han entregado ni un solo detalle del paradero de su padre, pese a que están libres luego de acogerse a la JEP. Frente a quienes desaparecieron en cautiverio, Olga Yaneth González señaló que “el mayor acto de empatía sería entregar sus restos”.
Un escenario similar vivió Henry Sánchez Zúñiga, pues su padre, Silvio Alberto Sánchez, fue secuestrado en 1992 a manos del Octavo Frente de las FARC, en la vía que conduce a los municipios de El Tambo y Patía, en Cauca. Su papá, al cual describe como un hombre emprendedor y trabajador, estuvo en cautiverio durante al menos cuatro años, tiempo en el que tanto él como su hermano se dedicaron a buscarlo. “Imagínese las afectaciones que hacen, perdí el trabajo, mi hermano perdió su trabajo, tuvimos que renunciar para continuar con la investigación”, apuntó Sánchez Zúñiga. Luego de una intensa búsqueda, y con apoyo del CTI de la Fiscalía, halló el cuerpo de su papá, enterrado en las montañas caucanas. “Fue muy lamentable encontrarlo en una montaña con un tiro de gracia en la cabeza, y tal vez torturado con un arma cortopunzante según comentaban los del CTI cuando hicimos el levantamiento” narró ante la JEP y los miembros del bloque.
Durante la diligencia también se puso de presente uno de los casos de secuestro y homicidio más recordados del Bloque Occidental: la masacre de 11 diputados del Valle del Cauca. Pese a que los familiares de los exfuncionarios no asistieron a la audiencia, como tampoco lo hizo Sigifredo López, único sobreviviente de ese crimen y quien justificó su ausencia argumentando que los integrantes de las FARC “siguen diciendo verdades a medias”, la magistratura hizo hincapié en la gravedad de ese hecho, por el cual los comparecientes aceptaron su responsabilidad. Alias Pacho Quinto, por ejemplo, mencionó que los diputados fueron obligados a caminar más de 20 horas y sin ningún tipo de alimentación en las llamadas “marchas de la muerte”.
Comparecientes como Gustavo Arbeláez, alias Santiago, recordaron los escabrosos tratos a los que fueron sometidos los funcionarios, y reconocieron que, además de las extensas caminatas, fueron amarrados y encadenados. Con esos detalles en mano, también reiteraron que la masacre fue producto de una “falla”, pues los diputados eran custodiados por el frente 60 de las FARC, quienes cumplieron la orden de matarlos en caso de un eventual rescate luego de ver hombres armados acercándose. Sin embargo, se trataba de una tropa del frente 30 de la misma guerrilla. Fueron asesinados a sangre fría.
A estos se suman cientos de hechos que las víctimas ya han puesto de presente tanto a los magistrados de la JEP como a sus propios victimarios. Los comparecientes, que ya fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, aceptaron los hechos: “Hay muchas quejas (de las víctimas de secuestro) de que muchos fueron asesinados, varios fueron golpeados, varios hablan de abusos sexuales, de condiciones de no tener el abrigo suficiente, de malos tratos (…) nosotros no tuvimos suficientes mecanismos para evitar eso que estaba ocurriendo”, dijo Édgar López Gómez, conocido como Pacho Chino. “Todos esos hechos que relatan las víctimas fueron ciertos”, concluyeron.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
Conoce más