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Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciara una nueva imputación en contra del antiguo Secretariado de las Farc, esta vez por reclutamiento forzado y utilización de niños y niñas durante el conflicto, la seguridad de las víctimas que participaron en esa investigación se puso en estado de alerta. Así lo dio a conocer el propio órgano de justicia transicional, el cual, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), señaló que garantizará las medidas de protección pertinentes para quienes se encuentran en situación de riesgo por su participación en las pesquisas. La magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad, Lily Rueda Guzmán, en diálogo con El Espectador, señaló que si bien la UIA está al frente de la seguridad, desde su despacho y el de sus colegas se hace una supervisión constante.
Además, la togada habló sobre lo que viene en el proceso en contra de los seis exfarc llamados a responder por delitos de reclutamiento forzado, violencia sexual y otros vejámenes en contra de menores de edad. Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo tendrán 30 días para responder al auto y hacer sus observaciones. La magistrada Rueda reconoce que los miembros del Secretariado ya han hecho una declaración aceptando la imputación, pero esta solo será válida cuando se adjunte dentro del proceso. Este y otros temas fueron profundizados por Rueda, relatora del macrocaso 07 que investiga, precisamente, el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes durante la guerra.
¿Qué sigue en el proceso luego de la imputación al Secretariado por reclutamiento y utilización de menores durante el conflicto?
Ahora se activan las posibilidades que tiene la Jurisdicción en relación con la justicia restaurativa. Nosotros esperamos un pronunciamiento de los comparecientes dentro del proceso, a quienes llamamos a reconocer responsabilidad. Ellos ya se pronunciaron, pero fuera del proceso. Es importante que eso se haga de la forma correcta, con todas las consideraciones que haya sobre el auto. Las víctimas también tienen la oportunidad de presentar sus observaciones, así como el Ministerio Público. Estamos en proceso de notificación. Ya se hizo con los comparecientes, las víctimas individuales y étnicas.
Lo que procede es que la Sala analice, en lógica del reconocimiento, las consideraciones que presenten los comparecientes. Si son ligadas al reconocimiento, entonces la Sala tiene unos criterios para valorar si es un reconocimiento integral, completo y detallado sobre los hechos y, si llega a ser así, se habilita la posibilidad de activar la vía de justicia restaurativa. El macrocaso pasaría a manos de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad donde se hace un análisis que se llama correspondencia, donde evalúan la información, los hechos y la parte jurídica. Si se encuentra que sí hay correspondencia, se habilita esa vía y puede terminar en una sanción restaurativa.
¿Qué pasaría en caso de que no haya un reconocimiento dentro del proceso?
En ese caso se activaría un juicio de naturaleza adversarial que se lleva a cabo dentro de la misma JEP y lo enviaríamos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que sería el equivalente a la Fiscalía en el sistema ordinario. Ellos tendrían que analizar la información y realizar una acusación si encuentran las bases necesarias. Con esa acusación, se daría inicio al juicio adversarial. Si los comparecientes son vencidos en esa etapa del proceso, habría una pena privativa de la libertad de hasta 20 años.
En ese escenario se elimina toda posibilidad de una sanción restaurativa…
Si se toma la vía adversarial, el presupuesto es que las personas están diciendo que son inocentes y que no cometieron estos hechos. Por eso hablo de que deben ser vencidas en juicio.
La JEP anunció que la UIA garantizará las medidas de protección para las víctimas que participaron en la investigación que dejó como resultado la imputación a seis miembros del Secretariado. ¿Hay alertas de amenazas contra estas personas?
Este caso tiene un componente de sensibilidad importante. Sí hemos tenido temas complejos de seguridad y de protección durante el caso, e incluso después de la expedición del auto. Por eso estamos tomando todas las medidas. Lo que hace la UIA en estos casos es que recibe la información de la víctima y su situación de riesgo para activar medidas de protección de emergencia. Es un trabajo mancomunado que algunas veces es supervisado por nosotros como Sala.
¿Cuál fue la labor para contrastar toda la información que recibieron para determinar la existencia de más de 18.000 menores reclutados?
La labor de contrastación tiene que ver con nuestro mandato de identificar qué son máximas responsabilidades y patrones de actuación macrocriminal. Para ello hay que tomar la información en su conjunto y hacer un análisis donde, si bien hay que tomar hecho a hecho, se tienen que poner en perspectiva de cuáles son las repeticiones de la violencia. Cuando hablo de repeticiones me refiero a características comunes: dónde sucedieron los hechos, en qué lugares, en qué tiempos, qué características tenían tanto las víctimas como los perpetradores y cuál fue el modo de operación de la violencia. Nosotros hicimos metodologías particulares y estrategias de organización y sistematización de la información para encontrar patrones. Por eso se llama macrocaso, porque la cantidad de información que se procesa no es solo la de un relato.
Además, implementamos estrategias cuantitativas y cualitativas. Desde el punto de vista cuantitativo, logramos construir el universo provisional de hechos. En esta parte lo que hicimos fue tomar toda la información que en ese momento estaba disponible en el país: informes, expedientes de la justicia ordinaria y lo que nos contaron las víctimas. Con eso construimos tablas de datos e, incluso, elaboramos un subregistro. Cruzamos toda esa información, lo cual fue un gran desafío para no duplicar nombres de las víctimas y el hallazgo principal fue un universo provisional de 18.677 víctimas de reclutamiento desde 1971 hasta 2016. Cuando quisimos conocer los detalles de las violencias para identificar los patrones, fuimos a los relatos de las víctimas acreditadas.
¿Cuántas víctimas acreditadas hay hasta el momento?
En este momento son más de 1.000. Cuando hicimos la fecha de corte del auto en octubre de este año eran 951. Nosotros seguimos recibiendo y acreditando víctimas todo el tiempo.
¿Qué tan relevante fue la información suministrada desde la justicia ordinaria? En esa instancia las investigaciones no avanzaban y solo había dos fallos condenatorios…
Dos fallos contra miembros del Secretariado. Esa es una aclaración importante. Nosotros encontramos 45 sentencias en contra de otras personas adscritas a las Farc, pero que a nuestro juicio no son máximos responsables. Pusimos el foco en la investigación que había en contra del Secretariado porque es importante entender quiénes estaban en capacidad de controlar todo este tipo de violencia. Y, particularmente, en la justicia ordinaria no había una indagación de la vida intrafilas de niños y niñas. Por eso nuestro principal insumo en la investigación fue el diálogo con las víctimas.
¿Luego de la emisión del auto podrían abrirse investigaciones contra mandos medios por estos hechos?
Nosotros tenemos un mandato, como Sala de Reconocimiento de Verdad, de encontrar máximas responsabilidades a través de macrocasos. Es una metodología de trabajo diferente a la que se hace caso a caso. Por eso hacemos agrupaciones, como en el caso de los patrones macrocriminales, pero nuestro mandato no está relacionado con la investigación de ir uno a uno. De todas maneras, en el caso vamos a continuar con unas diligencias territoriales que tenemos programadas hace dos años y que son versiones voluntarias de diferentes bloques de las extintas Farc. Escucharemos a los comparecientes y a las víctimas.
Si bien el auto señala al Secretariado como máximos responsables, no se menciona hechos concretos de su participación en delitos de reclutamiento y violencia sexual, aunque se hace énfasis en que ellos establecían y, de cierta forma, avalaban esas políticas…
Aquí la responsabilidad es individual. Es como cuando una junta dirige, pero todos toman decisiones individuales como colectivo. La responsabilidad y el llamado a reconocer es individual y en la decisión se puede ver la parte donde hacemos un análisis de uno a uno de los miembros del Secretariado y de su aporte en cada uno de los patrones. Hicimos la construcción del patrón en relación con víctimas menores de 17 años y, por ejemplo, con las directrices que fueron ordenadas por el Secretariado de reclutar personas de 15 a 17 años. Esto nace desde la Séptima Conferencia Nacional Guerrillera en 1982 firmada por ellos. Entonces sí hubo una orden directa de buscar niños de estas edades entre los 15 y 17 años hasta los 30.
También se tienen en cuenta los planes de crecimiento que eran órdenes para incrementar en general, y los mandos medios lo interpretaban como una medida para incrementar tropas. Esto, sin hacer ninguna previsión real de qué implica dar órdenes de crecimiento del grupo armado cuando están en una comunidad en donde hay niños y niñas y se necesita personal para confrontar militarmente al Estado y a otros actores irregulares. En ese sentido, sí encontramos una serie de acciones concretas de directrices para el reclutamiento de menores. No estamos hablando solo de una negligencia por parte del antiguo Secretariado, también es una omisión deliberada, con conocimiento.
Otro punto de gran importancia para la Sala es el patrón relacionado con los entornos coercitivos, porque generaron las condiciones en donde las víctimas no podían consentir y no podían denunciar. Se generó un entorno donde una víctima no podía hablar y ellos lo sabían. El nombre concreto para este caso sería responsabilidad de mando, y eso se pudo evidenciar desde el reclutamiento hasta en los casos de violencia sexual, donde encontramos 135 víctimas y siento que no se les hace justicia a ellas.
Más detalles: El reclutamiento y la violencia sexual al interior de las Farc, según detalló la JEP
¿Por qué no se les hace justicia?
Mi percepción estos días ha sido que hay una necesidad de encontrar una victimización particular. Y nosotros estamos mostrando un universo más grande de cientos de víctimas que nos dicen que sufrieron estas violencias con las características que hemos encontrado en modalidades de abuso de poder. Esto no sería posible si hubiésemos hecho un caso a caso y tuviésemos solo cinco hechos, por ejemplo. ¿Qué te dicen cinco hechos solamente? Eso es lo que hay en la justicia ordinaria. Entonces siento que hay una obsesión de encontrar alguna víctima particular y se está perdiendo de vista a cientos de víctimas que sufrieron violencia sexual y reclutamiento.
¿Cuál es el escenario para Rodrigo Granda que no fue imputado por estos hechos, pero se supone que existe una responsabilidad individual dentro de lo colectivo?
Cuando hablamos de responsabilidad individual nos referimos al control sobre los hechos. Y nosotros encontramos que los seis miembros llamados a reconocer tuvieron capacidad de control en todos los patrones. Pero en relación con Rodrigo Granda, no encontramos esa capacidad porque, cuando contrastamos la evidencia, vimos que, por ejemplo, él era suplente del Secretariado. No era quien tomaba las decisiones como las otras seis personas que llamamos a responder. Él no participó en las Conferencias Nacionales Guerrilleras en donde se establecieron las directrices sobre las condiciones para ingreso a las filas de personal o los temas de anticoncepción. Tampoco encontramos en Rodrigo Granda un control sobre la tropa, pues no era coordinador o comandante de algún bloque, ni tenía mando efectivo sobre sus subordinados.
¿En qué van las investigaciones contra la fuerza pública por reclutamiento y utilización de menores?
Nosotros contrastamos información e hicimos el universo provisional de hechos respecto a la Fuerza Pública y encontramos 94 casos hasta el 2016, en relación con los 18.677 documentados al interior de las filas de las Farc. A la fecha, hemos recibido 14 solicitudes de acreditación de víctimas de la Fuerza Pública. Ahora viene el desafío de buscar las metodologías que nos permitan avanzar en la recolección de información sobre estos hechos, pues sí tenemos varias víctimas que están dispuestas a dar sus relatos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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