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“Reconozco que se presentaron ultrajes contra la dignidad personal respecto de hechos que se derivaron de la política de anticoncepción y de la práctica de facto de interrupción de los embarazos. Aclaramos que no derivaron de una política institucionalizada, sino que ocurrieron por una falta de control efectivo”. Estas palabras son tan solo un párrafo de las 453 páginas en las que el antiguo Secretariado de las Farc reconoció haber reclutado a más de 18.677 menores de edad entre 1971 y 2016, con un auge entre 1996 y 2016. Este fragmento fue escrito por Julián Gallo Cubillos, más conocido como Carlos Antonio Lozada, actual senador por el Partido Comunes. Su reconocimiento se da luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en noviembre de 2024, imputara a seis exjefes guerrilleros por reclutamiento y violencia sexual.
El pasado 7 de julio, a través de ese documento, conocido por El Espectador, el antiguo Secretariado reconoció su responsabilidad por haber reclutado a niños, niñas y adolescentes durante al menos 46 años e integrarlos a sus filas. Sin embargo, en esa misma carta, quienes fueran los líderes de las Farc, se desligaron completamente de otro asunto clave que les endilga la JEP: la violencia sexual ejercida contra menores reclutados. De acuerdo con los miembros del Secretariado, las torturas y las violencias sexuales, reproductivas y de género no fueron una directriz “institucionalizada o deliberada”. Para la JEP, sin embargo, el tema se debe ver con otros ojos, pues la idea de reclutar para el grupo armado era expandirse a como diera lugar y, para ello, no importó incorporar a sus filas a menores de edad ni que pasara con ellos una vez vistieran el uniforme.
“Un punto importante es el patrón relacionado con los entornos coercitivos, porque generaron las condiciones en donde las víctimas no podían consentir ni denunciar. Se generó un entorno donde una víctima no podía hablar y ellos lo sabían. Eso se pudo evidenciar desde el reclutamiento hasta los casos de violencia sexual”, le dijo a este diario en noviembre pasado Lily Rueda Guzmán, magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad de la JEP, quien lidera las investigaciones del macrocaso 07 que indaga, precisamente, el reclutamiento a menores. Es decir, aunque los integrantes de la extinta guerrilla señalan que los casos de estas violencias no fueron una orden de la organización y que, además, esos actos estaban prohibidos, la JEP encontró que tampoco se adecuaron los espacios para evitarlos y no se movió un dedo para frenarlos o sancionarlos.
Los miembros del Secretariado señalan que no pueden reconocer “la configuración de los crímenes de tortura, esclavitud sexual (…), de cualquier otra forma de violencia sexual”, pues argumentan que esos hechos no fueron parte de una política formal. Y agregan que las directrices del grupo siempre estuvieron orientadas a la toma del poder político y no a “cometer crímenes internacionales”, como la violencia sexual. Para la JEP, este tipo de actos fueron sistemáticos y se repitieron en todo el país. En el auto de imputación, el órgano de justicia transicional encontró que, por ejemplo, un total de 135 menores fueron víctimas de violencia sexual, al menos el 24% de las mujeres reclutadas sufrió anticoncepción forzada y el 19% fueron obligadas a abortar.
En contexto: El último secretariado de las FARC reconoce el reclutamiento de menores, pero niega patrón en violencia sexual
Los testimonios de las víctimas
Para entregar el resultado de un total de 18.677 menores reclutados en 46 años, la Jurisdicción analizó informes, expedientes de la justicia ordinaria y los relatos de las propias víctimas. De ahí se lograron encontrar patrones que se repitieron, donde las violencias sexual y reproductiva fueron protagonistas al interior del extinto grupo armado. Para el Secretariado, la metodología bajo la cual se construyó la imputación es deficiente. Pero los testimonios son claros. “Había un comandante que se llamaba Domingo. Él me llamó a su caleta y me dijo: ‘Estás muy bonita. Te voy a contar una cosa: aquí las niñas aprenden a ser mujer (…) ese hombre me bajó el pantalón, me tocó mis partes y me violó. Ya saliendo de su caleta, muy destrozada, me vuelve a repetir: ‘Ya no es una niña, ahora usted es una mujer y las mujeres no lloran’”, relató una víctima a la JEP.
Otra de las víctimas, cuyo nombre este diario se abstiene de revelar por motivos de seguridad, narró a investigadores de la JEP su historia al interior de las Farc. Según su relato, las mujeres eran vistas como “objetos sexuales” y que, si no querían tener una sobrecarga en sus labores, debían acostarse con alguno de los comandantes de escuadra. “Algún día me dijo un comandante las siguientes palabras, a mí nunca se me va a olvidar: ‘De hoy en adelante la voy a enseñar a ser mujer’. Ser mujer allá era ser violada, o sea, me violó y para él eso significaba ser mujer. Entonces, yo que empecé tan niña, yo decía: ¿si eso es ser mujer, entonces que me esperaba de allí en adelante? (…) En un grupo armado, era la presa nueva que llegaba, entonces el comandante que primero te veía, era el que primero te pedía”, dijo.
Las víctimas también le contaron a la JEP cómo se generó una política de abortos forzados al interior de diferentes bloques y frentes de las Farc. En escabrosos relatos, quienes sobrevivieron y vieron de cerca esos horrores, contaron cómo vivieron estos hechos. “A mí me pasó algo muy doloroso en las Farc. En 2006 o 2007 me hicieron un aborto de seis meses (…) la orden que dio el comandante Albeiro Córdoba era que me sacaran el bebé. Éramos tres compañeras que estábamos en condición de embarazo. El bebé de una de ellas sobrevivió gracias a los medicamentos, pero en mi caso y el de la otra compañera los bebés murieron. Me lo sacaron apenas de seis meses, el de la otra muchacha tenía cuatro. La orden era sacarlos a como diera lugar”.
Una de las mujeres reclutadas también narró cómo a una de sus compañeras le hicieron un procedimiento improvisado y sin ningún tipo de medicamentos o asistencia médica, y luego ordenaron asesinar a su hija recién nacida. “Ella era comandante y quedó en embarazo. Ella sufría de diabetes y tenía la opción de hacerse un degrado (sic) cuando tenía por ahí cuatro meses. Pero la dejaron así y no le hicieron nada. Al final la obligaron por una orden que tenían que hacerle el degrado (sic). Tenía ocho meses y la cogieron, la arrastraron, le hicieron de todo un poquito y le sacaron a la niña viva. La muchacha le dio teta y todo, entonces el comandante, que fue “Mono”, dio la orden de que tenían que matar a la niña y desaparecerla. A la mamá le dio creo que fue un infarto (…) Las enterraron juntas”, relató.
Estos son solo algunos testimonios que recolectó la JEP para imputar a los miembros del Secretariado por reclutamiento y violencia sexual. Son cientos de relatos similares, que dan cuenta de que al interior de la guerrilla sí sucedieron estos crímenes y que no fueron prevenidos. Por su parte, la Sala de Reconocimiento deberá estudiar la respuesta de los exlíderes guerrilleros en la que aceptan, a medias, su responsabilidad, y deberá determinar si es fáctica, jurídica y restaurativa. Pero, si considera que no cumple estos elementos, el caso pasará a la ruta adversarial, donde podría llegar a juicio. Organizaciones de víctimas de reclutamiento, como la Corporación Rosa Blanca, anunciaron que objetarán la respuesta del Secretariado. Todo está servido para un nuevo capítulo en las investigaciones por violencia sexual a los exfarc.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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