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En menos de seis días el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha sacado a una persona del gabinete del presidente Gustavo Petro y ha salpicado a otras dos. La reconfiguración del Gobierno que resultó del encuentro de 48 horas entre el gabinete en Paipa ahora enfrenta una situación apremiante: el proyecto contra la corrupción que prometió tiene algunos cabos sueltos que acusan a sus funcionarios de haber estado dispuestos a hacer todo lo posible para que las reformas avanzaran en el Legislativo.
Desde que se supo de algunos funcionarios estarían involucrados en el escándalo de corrupción de la Ungrd, en la que exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla señalaron a Sandra Ortiz, la entonces consejera presidencial para las Regiones, de entregar $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name—Andrés Calle, su par en la Cámara, habría recibido $1.000 millones—, el Gobierno inició inmediatamente una estrategia para desmarcarse de cualquier mancha de actos similares. Este lunes, anunció que aceptaba la renuncia de Ortiz para garantizar “la autonomía de las autoridades judiciales para investigar los supuestos hechos”.
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Un día después, el presidente dio una alocución a la ciudadanía en la que recordó que toda su vida ha luchado contra la corrupción y afirmó que sabía que al llegar al poder se encontraría con “una corrupción estructural y profesionalizada que se ha tomado varias instituciones del Estado colombiano”. Con una responsabilidad de “destruirlas y neutralizarlas”, el mandatario apuntó que la Ungrd “viene desde hace años, evaporando los dineros que son para las víctimas de tragedias naturales y climáticas y convirtiéndolos para el enriquecimiento personal de varios funcionarios”.
“Le pido a la Fiscalía investigar toda la contratación de la Ungrd en los últimos 8 años, con total celeridad. Toda la información que ha recuperado mi gobierno sobre estos grandes hechos de corrupción administrativa ya se encuentra en la Fiscalía, y fue ignorada en la Fiscalía anterior, asimismo como la investigación de los recursos de la paz, el llamado Ocad Paz. Este gobierno estará presto a colaborar con toda la información que sea necesaria”, aseguró en la intervención, en la que también habló sobre posibles casos de corrupción en el Fomag, la Fiduprevisora y Ecopetrol.
En una intervención ante el Senado, en donde la oposición busca demorar el trámite de las reformas por el escándalo de la Ungrd, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco repitió el mensaje que ha dado en los últimos días, mientras reclamaba a senadores opositores que recordaran que él nunca les había ofrecido dinero para las iniciativas. El día anterior, el funcionario, quien había sido mencionado inicialmente como uno de los involucrados en el escándalo, aunque sin pruebas que lo incriminaran, había recalcado que no renunciaría en este momento, porque hacerlo “sería una actitud cobarde de alguien que no tiene nada que esconder”.
“El Gobierno viene a dar la cara” es el mensaje que repite el ministro Velasco, quien ha endurecido su tono frente a las acusaciones. “Nosotros sabemos que tenemos una responsabilidad política que el pueblo nos la reclama, pero que Olmedo López nos genere esa responsabilidad no significa ni el Gobierno ni el presidente ni sus ministros son cómplices”.
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De acuerdo con el ministro, esta sería una estrategia judicial de Pinilla y López para señalar hacia “arriba”, es decir, a sus propios superiores, y “no responderle a la justicia, no responderle al país”. Velasco, quien ya ha enfrentado casos de montajes judiciales, fue enfático en decir que mientras Pinilla busque un principio de oportunidad usando mentiras en su contra, “lo va a perder”.
El mismo ministro indicó que aceptarían la “responsabilidad política” de los hechos, pero, así como otros funcionarios, ha reiterado que están comprometidos con la lucha contra la corrupción. Mientras hacen énfasis en que el presidente fue rápido en actuar para sacar a los implicados, no permiten que se olvide que entramados similares han ocurrido en otros gobiernos.
“Señores senadores, yo he sido el responsable político aquí en esta plenaria y mirándole a los ojos a todos. A todos, especialmente a los senadores de la oposición, les pregunto si alguna vez a alguno de ustedes yo le he ofrecido un centavo por votar alguna de las reformas. Esa pregunta la hago porque ni con mi nombre ni con el nombre del Gobierno se juega. Claro que estoy alterado, estarían ustedes alterados si los acusan de bandidos y si la acusación la hace un bandido”, enfatizó.
Este mismo martes, López llegó al búnker de la Fiscalía para tener su primer encuentro con la justicia desde que estalló el escándalo, en donde logró obtener lo que venía pidiendo desde hace tres meses: un esquema de seguridad compuesto por tres escoltas, una camioneta, un celular y un chaleco antibalas. Con esto, la Fiscalía espera que el exdirector de la Ungrd entregue una propuesta de matriz de colaboración, en la que podrían sumarse nuevos nombres a la lista que ya habían sido divulgados. En su paso por el ente, sostuvo encuentros con la fiscal 79 contra la corrupción, Andrea Muñoz; el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Gabriel Sandoval; y María Cristina Patiño, fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
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Con este nuevo escándalo, que nace de dos funcionarios nombrados por el mismo Gobierno, la primera reconfiguración de la estrategia del Ejecutivo que ocurrió en Paipa en la reunión del gabinete tendrá que evaluar sus pasos a seguir para continuar el trámite de uno de los pendientes más grandes: las reformas.
La oposición ya anunció que está dispuesta a obstaculizar los trámites hasta que las investigaciones puedan determinar si las personas mencionadas por Pinilla sí tendrían las manos untadas en la situación. Desde Cambio Radical, el senador David Luna ha dicho que la reforma pensional está “manchada de la más rampante corrupción” y el representante de Centro Democrático Jose Jaime Uscátegui radicó una ponencia para “aplazar la discusión y votación de proyectos de iniciativa gubernamental”. Por su parte, el oficialismo está más que listo para recordar a estos partidos que sus propios integrantes fueron hallados culpables de escándalos de corrupción.
Para el presidente, las acciones que toma su Gobierno están removiendo “las bases del poder político”, algo que sería necesario para “abrirle paso a las reformas que benefician a las mayorías de Colombia y garantizan la paz”. Con una obstaculización de estas iniciativas, Petro reiteró que se trataría de un “ataque” contra su administración, que “incluye la opción de algunos del golpe, y la ruptura institucional”.
Mientras en las calles tanto la oposición como el oficialismo demostraron que tienen el apoyo de la ciudadanía, el Ejecutivo declarado que seguirá firme para avanzar con el proyecto con el que llegó al poder: “quienes llaman a no tramitar las reformas, los proyectos del gobierno, son incapaces de reconocer las reglas democráticas y la voluntad popular”, declaró la senadora María José Pizarro en la plenaria de Senado.
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