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Tan solo en 15 días el país fue testigo de lo que podría ser la contienda política durante los próximos dos años. Las marchas, contramarchas y un nuevo escándalo de corrupción en las altas esferas del poder público dejaron en segundo plano el debate sobre los cambios sociales. Para congresistas y analistas, el país entró en una etapa de confrontación en la que la prioridad será iniciar una campaña presidencial prematura de cara al 2026.
En este panorama, el primer golpe lo recibirían las reformas sociales del Gobierno: pensional, laboral, salud, educación, entre otras. Al choque entre el Ejecutivo y el Legislativo, que el presidente Gustavo Petro avivó con su discurso en las marchas del 1º de mayo, se sumó el escándalo de los carrotanques de La Guajira y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que para varias figuras de la oposición debería ser razón suficiente para negar los proyectos del petrismo.
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De acuerdo con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, con el dinero que sería producto de sobrecostos y otras irregularidades en el contrato de $46.800 millones se pagaron $3.000 millones al presidente del Senado, Iván Name, y $1.000 millones a su par en la Cámara, Andrés Calle, para impulsar las reformas. Además, según indicó Pinilla, en el entramado participó Sandra Ortiz, como supuesta mensajera para entregarle el dinero a Name, razón por la cual Petro la apartó de su cargo como consejera presidencial para las regiones. Todos, sin embargo, negaron estar involucrados.
“La reforma pensional del Gobierno tiene que caerse, tiene que hundirse. Está manchada por la más rampante corrupción. Usaron a La Guajira solo para hacer campaña y luego la saquearon como prometieron nunca hacerlo”, dijo este lunes el senador David Luna, de Cambio Radical. Como él, otras voces de la oposición están pidiendo lo mismo e incluso definir qué pasará con los cuestionados presidentes de las cámaras durante los debates.
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Incluso algunas voces afines a la agenda de Petro señalaron que el tiempo para que el Ejecutivo apruebe sus proyectos se acabó. “Va a empezar a regir una norma tácita: el primer año del Congreso es para el Gobierno, el segundo es compartido y el tercero es de los congresistas, porque lo que hagan en ese tiempo es lo que definirá su reelección, entonces muchos se van a apartar de las reformas”, señaló una representante a la Cámara del oficialismo.
La situación del Gobierno se complica aún más si se tiene en cuenta que solo quedan siete semanas para aprobar, en dos debates, la reforma pensional, la reforma a la educación y la jurisdicción agraria. Por otra parte, la reforma a la salud también parece estar enredada, pues aunque el Gobierno anunció que hay un acuerdo con las EPS para presentar un nuevo articulado, el proyecto no se radicó la semana pasada, como lo habían anunciado los ministros del Interior y Salud. Al parecer, ese proceso se vio empantanado por el ruido que generó el discurso del presidente en la Plaza de Bolívar.
Otras voces señalan que en el Congreso todos ya están pensando en las elecciones de las mesas directivas del 20 de julio, en las que el Ejecutivo no saldría bien favorecido. En Senado quien puntea es el conservador Efraín Cepeda, férreo contradictor de las reformas, y en la Cámara la más opcionada es Katherine Miranda (Alianza Verde), también de la línea opositora. Aunque en la bancada oficialista ha sonado la idea de romper los acuerdos, las mayorías concuerdan en que el Gobierno no tiene la fuerza para ello, más aún cuando el propio Petro debilitó el acuerdo con liberales y La U al plantear cambios en la reforma pensional.
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Para la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, tanto el Gobierno como la oposición se sienten cómodos en ese escenario de disputa, por lo que, según explica, el país quedaría a la deriva. “Los dos rentan en la polarización porque quieren afianzar sus bases electorales. Por un lado está el presidente atrincherado y promoviendo una lucha de clases y, por el otro, una oposición que solo piensa en ganar las elecciones”, aseguró.
Así, con las vías cerradas para un acuerdo nacional y las reformas pendiendo de un hilo, a la Casa de Nariño han regresado los rumores de un posible remezón en el alto Gobierno. En el Congreso aseguran que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está en una mala posición, tanto por el trámite de las reformas, como por el escándalo de la UNGRD. Sin embargo, varias voces en el gabinete insisten en que el presidente no ha dicho nada al respecto y que, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, esa decisión solo se conocerá hasta último minuto.
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