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Buscando financiar sus arcas para la guerra, el secretariado de las Farc ideó una política de secuestros que sostuvo hasta su última línea de mando. La primera sanción propia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se construyó con base en toda la investigación que durante siete años hizo el tribunal para aclarar cómo operaron los patrones de secuestro ejecutados por la antigua guerrilla.
Los plagios comenzaron con el objetivo de cobrar extorsiones monetarias a familias de todos los estratos, luego se extendieron a miembros de la fuerza pública y políticos para presionar al gobierno de turno para forzar intercambios de guerrilleros presos, y terminaron como herramienta de control social y territorial.
Hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jorge Torres, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape, alias “Pastor Alape”; Milton Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Parra, alias “El Médico”; Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”; y Rodrigo Granda, alias “Ricardo Téllez”, hoy condenados, encarnaron esta política. Estos hombres, fueron declarados por el tribunal especial como responsables de que se ejecutarán y permitieran estos seis casos de secuestro, y muchos otros más.
Estas historias son solo una pequeña muestra de un universo de más de 21.000 víctimas, y reflejan cómo “la decisión de los comandantes de la guerrilla de entregar el control absoluto sobre el cuerpo y la vida de cada cautivo a los mandos locales permitió toda clase de abusos”.
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César Lasso y José Libardo Forero: doce años encadenados en la selva
El 1 de noviembre de 1998, las Farc ejecutó la toma de Mitú (Vaupés), la primera ocasión en la que la guerrilla se apoderó de una capital departamental. En esa incursión, conocida como Operación Marquetalia, participaron cerca de 1.500 combatientes del Bloque Oriental, dejando 56 muertos y al menos 61 uniformados secuestrados.
Entre ellos estaba el entonces sargento mayor César Lasso, quien pasó 13 años, cinco meses y un día en cautiverio en la selva. “Nos defendimos hasta que nos vimos copados”, recordó Lasso ante la JEP, al narrar cómo su llamado de auxilio no fue escuchado pese a las advertencias sobre la inminencia del ataque.
En el cautiverio, Lasso conoció a José Libardo Forero, otro uniformado secuestrado por la guerrilla en Puerto Rico (Meta), quien permaneció 12 años, nueve meses y dos días en la selva. Durante parte de ese tiempo, ambos fueron encadenados del cuello, obligados a soportar juntos las marchas forzadas, el hambre y tratos crueles.
Sus testimonios han quedado consignados en el macrocaso 01 de la JEP como evidencia del carácter sistemático y degradante de la política de secuestro de la antigua guerrilla. La Jurisdicción resaltó que Lasso y Forero son los policías que más tiempo permanecieron privados de la libertad en manos de la antigua guerrilla.
Gloria Polanco de Lozada y sus hijos: el secuestro múltiple que estremeció a Huila
La columna móvil Teófilo Forero Castro de las Farc irrumpió, el 26 de julio de 2001, en el edificio Miraflores de Neiva (Huila) y ejecutó un secuestro masivo que dejó 16 víctimas, entre ellas Gloria Polanco de Lozada, esposa del entonces senador conservador Jaime Lozada, y sus dos hijos menores de edad, Felipe y Juan Sebastián.
Los jóvenes permanecieron tres años en cautiverio, tiempo en el que su padre reunió la cantidad de dinero que exigió la guerrilla a cambio de su liberación. A los siete meses del secuestro, los menores fueron separados de su madre, quien fue llevada a un campamento de rehenes políticos.
La tragedia familiar se agravó cuando, meses después de recuperar a los jóvenes, el senador Jaime Lozada fue asesinado en un atentado perpetrado por la misma columna guerrillera, en el que su hijo Felipe Lozada resultó herido. Gloria Polanco permaneció más de seis años en cautiverio, hasta febrero de 2008, cuando las Farc anunciaron su liberación unilateral.
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Durante ese tiempo, supo de la libertad de sus hijos gracias a un radio escondido que tenía Ingrid Betancourt, lo que significó una esperanza en medio del cautiverio. Aunque tiempo después, escuchar la noticia de la muerte de su esposo fue un golpe devastador que marcó para siempre la memoria de la familia Lozada Polanco.
José Norberto Pérez Ruiz: el cabo de Policía esperado por su hijo
Durante la toma de la estación de Policía de Santa Cecilia (Risaralda), el 17 de marzo de 2000, el cabo José Norberto Pérez Ruiz fue secuestrado por las Farc. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, un niño de 12 años con cáncer terminal, murió sin poder volver a verlo.
Los médicos habían advertido que el uniformado era el único donante compatible de médula que podía darle una esperanza de vida, pero la guerrilla lo mantuvo en cautiverio considerando que era un preso “canjeable”. En medio de su enfermedad, Andrés envió videos a las Farc en los que pedía la liberación de su padre, mensajes que movilizaron marchas masivas en el país y llegaron incluso al papa Juan Pablo II.
A pesar de las súplicas, el menor falleció el 18 de diciembre de 2001 en Buga (Valle del Cauca), sin poder ver a su padre en libertad. Pérez permaneció secuestrado 25 meses, hasta el 6 de abril de 2002, cuando fue asesinado junto a su compañero Víctor Marulanda mientras intentaban escapar de un campamento guerrillero en la vereda Santa Ana, en Granada (Antioquia).
Ambos recibieron disparos por la espalda y sus cuerpos fueron dejados en la zona para que la Cruz Roja los recuperara. José Norberto Pérez fue despedido en la Basílica Metropolitana de Medellín y sepultado en el cementerio de Buga, al lado de la tumba de su hijo, Andrés Felipe.
Los diputados del Valle: 11 asesinados y un único sobreviviente
El 11 de abril de 2002, las Farc secuestró a los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca en la ciudad de Cali. El operativo, en el que participaron el comando conjunto Occidental y el bloque móvil Arturo Ruiz, se disfrazó como un ataque terrorista para lograr que los diputados abordaran un bus, desde donde fueron trasladados a la cordillera occidental.
Durante más de cinco años, los políticos estuvieron cautivos en campamentos del frente 30 y 60 y otras estructuras, sometidos a marchas forzadas conocidas como la “marcha de la muerte”.
El 18 de junio de 2007, once de ellos fueron asesinados a tiros por sus captores, en un hecho que la guerrilla justificó como un “error” al confundir un movimiento del frente 29 con un operativo militar de rescate. El único sobreviviente de esa tragedia fue Sigifredo López, quien permaneció secuestrado durante siete años hasta su liberación el 5 de febrero de 2009 en una entrega humanitaria.
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López, hoy víctima acreditada ante la JEP, padeció una doble victimización cuando, en 2012, la Fiscalía de Eduardo Montealegre lo acusó falsamente de haber participado en el crimen de sus colegas. Tras demostrar su inocencia, el Estado fue condenado a reparar económicamente y de manera simbólica el daño causado por esas acusaciones.
Ingrid Betancourt, Clara Rojas y los tres contratistas norteamericanos
El 23 de febrero de 2002, la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora Clara Rojas fueron interceptadas en un retén de las Farc en la vía entre Florencia y San Vicente del Caguán. Betancourt permaneció seis años, cuatro meses y nueve días en cautiverio, mientras que Rojas estuvo cinco años, diez meses y quince días.
Ambas fueron retenidas inicialmente por el bloque Sur y luego trasladadas al bloque Oriental, donde compartieron cautiverio con otros secuestrados. En enero de 2008, Clara Rojas recuperó su libertad en una liberación de la guerrilla, mientras que Betancourt fue rescatada el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque en las selvas del Guaviare.
Un año después del secuestro de Betancourt y Rojas, el 12 de febrero de 2003, la columna móvil Teófilo Forero Castro y el frente 15 derribaron una avioneta en Caquetá, capturando a tres ciudadanos estadounidenses: Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, que trabajaban como contratistas de la empresa de defensa Northrop Grumman en el marco del Plan Colombia.
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Conocidos como los “contratistas norteamericanos”, permanecieron en manos de la guerrilla durante más de cinco años, y trasladados entre campamentos hasta su rescate el mismo día de la Operación Jaque que liberó a Betancourt.
El secuestro y asesinato del gobernador Guillermo Gaviria y el exministro Gilberto Echeverri
El 21 de abril de 2002, en medio de la “Marcha de la NoViolencia” que buscaba abrir un camino de reconciliación en el conflicto del oriente antioqueño, el frente 34 de las Farc secuestró al entonces gobernador Guillermo Gaviria Correa y a su asesor de paz, el exministro Gilberto Echeverri Mejía.
La caminata partió de Medellín (Antioquia) y pretendía llegar a Caicedo como un acto de resistencia civil contra la violencia que asfixiaba a las comunidades. Sin embargo, a la altura del puente El Vaho, los insurgentes interceptaron a la comitiva y se llevaron a ambos dirigentes, quienes permanecieron en cautiverio un año y 15 días.
El 5 de mayo de 2003, durante un fallido operativo militar de rescate, la guerrilla asesinó a Gaviria, Echeverri y a once militares más. Este caso ejemplificó la lógica de los secuestros políticos como herramienta de presión de la antigua guerrilla. Según explicó Luis Óscar Úsuga Restrepo, alias “Isaías Trujillo”, excomandante del bloque Noroccidental, la decisión de mantenerlos en cautiverio respondió a órdenes directas del Secretariado.
“Yo hubiera podido dar la orden de liberarlos. Hasta ahí asumo la responsabilidad. Pero como nosotros éramos una organización subordinada, hice lo que tenía que hacer: comunicarle al secretariado y ellos ordenaron dejarlos secuestrados porque eran canjeables” señaló el exjefe guerrillero.
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