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Delimitadas en un plazo de ocho años para su cumplimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió su primera sanción contra la última línea del Secretariado de las Farc por el caso de secuestros. La condena es en contra de Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”; Jorge Torres, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape, alias “Pastor Alape”; Milton Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Parra, alias “El Médico”; Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”; y Rodrigo Granda, alias “Ricardo Téllez”.
Estos hombres fueron responsables de crear y coordinar, hasta la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la política de secuestros que generó más de 21.000 víctimas en el país por este y otros crímenes de lesa humanidad.
La dimensión de este daño pretende repararse con una serie de Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador y Reparador (TOAR) que fueron impuestos contra el Secretariado. Las sanciones se engloban en cuatro líneas: memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas desaparecidas, recuperación del medio ambiente y acción integral contra minas.
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Aunque en la sentencia de 663 páginas, que ya fue notificada a las partes, la JEP intentó explicar cómo será la ruta de estas sanciones, todavía no es claro cómo se delimitaran estas tareas, los lugares específicos donde estarán cumpliéndolas y qué labores específicas realizarán cada uno de estos siete exmandos de la antigua guerrilla.
¿Cuáles son las cuatro líneas de los proyectos que ejecutará el Secretariado?
- Memoria y reparación simbólica
En el primer componente de memoria y reparación simbólica, la JEP ordenó que los exintegrantes del Secretariado participen activamente en un amplio proyecto con el fin de reconocer públicamente la magnitud del daño causado por la política de secuestros. Entre las tareas que deberán cumplir se encuentra la transcripción y validación de testimonios de las víctimas, la construcción e instalación de baldosas conmemorativas en honor a las personas secuestradas y desaparecidas, así como el diseño y producción de artefactos de memoria. También deberán participar en la grabación de un producto audiovisual que recoja relatos de las víctimas y apoyar en la edición y difusión de esos materiales.
Como parte del proceso, deberán crear, por ejemplo, un micrositio web con contenidos reparadores y asumir la elaboración de cartas de reconocimiento dirigidas a familiares de víctimas acreditadas. Además, la JEP ordenó la realización de actos públicos de perdón, en los que los sancionados tendrán que dar la cara ante la sociedad y ante quienes sufrieron directamente el secuestro. Estas acciones buscan dignificar la memoria de las víctimas y abrir espacios de reflexión colectiva. Sin embargo, la sentencia no determinó qué va a hacer cada compareciente, en dónde, con qué recursos, ni en qué momento del cumplimiento de su sentencia.
- Búsqueda de personas desaparecidas
Otro de los ejes centrales de las sanciones es la obligación de colaborar con la búsqueda de personas que fueron secuestradas y desaparecidas en el marco del conflicto armado. Para ello, los sancionados deberán elaborar un balance actualizado de los casos vinculados al macrocaso de secuestro, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Tendrán que asistir a reuniones por bloques para identificar el estado de cada caso y elaborar planes de trabajo que incluyan la recolección de información clave.
Este proceso implica la entrega de coordenadas, la georreferenciación de posibles lugares de enterramiento y el acompañamiento a visitas de campo con fines de localización o prospección. Asimismo, deberán apoyar la elaboración de mapas temáticos, capacitarse en la adecuación de sitios de custodia de cuerpos y participar en la infraestructura necesaria para su preservación. La sentencia también les ordena realizar actos territoriales concertados con las víctimas, en los que reconozcan su responsabilidad, expresen arrepentimiento y pidan perdón.
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El objetivo es que los comparecientes ayuden a esclarecer el paradero de las víctimas desaparecidas, uno de los capítulos más delicados del caso secuestro, y en el que los aportes de verdad de los comparecientes han resultado insuficientes.
Durante la audiencia de verificación del pasado 1 de agosto en Bogotá, el magistrado Juan Ramón Martínez señaló que de las 80 demandas de verdad de las víctimas, incluidas en las preguntas sobre búsqueda en el caso de secuestro, 66 no tuvieron respuesta por parte de los exmiembros de las Farc y 12 tuvieron respuestas incompletas o insuficientes. Como en el caso de memoria y reparación, en este punto tampoco quedó claro cómo, dónde y en qué momento se cumplirá con la sanción.
- Medio ambiente, naturaleza y territorio
La tercera línea de sanción está relacionada con la recuperación ambiental de territorios afectados por el conflicto armado. Los excomandantes deberán participar en la definición de escenarios y estrategias de intervención para reforestar zonas degradadas, propagar especies nativas y fomentar cultivos de pancoger que beneficien a las comunidades. La sentencia establece que deben habilitar terrenos, instalar viveros, propagar semillas y garantizar el mantenimiento de las áreas intervenidas para asegurar la sostenibilidad del proyecto.
Igualmente, deberán realizar socializaciones comunitarias sobre la protección de ecosistemas altoandinos y de páramos, especialmente en regiones donde las hostilidades dejaron daños graves. Como parte del componente pedagógico, los sancionados deberán capacitarse en métodos de transmisión de conocimientos ambientales y en turismo de naturaleza.
También tendrán que apoyar la identificación de puntos críticos de afectación ambiental, instalar señalización en esas áreas y contribuir a la creación de senderos turísticos comunitarios. La finalidad de estas medidas es transformar lugares que fueron escenarios de violencia en espacios de vida y conservación. De nuevo, la sentencia dejó las mismas dudas de los últimos proyectos sobre su cumplimiento.
- Acción integral contra minas antipersonal
Finalmente, la JEP dispuso un proyecto de acción integral contra minas antipersonal, considerado uno de los más sensibles por el impacto que estas armas dejaron en miles de campesinos, niños y comunidades rurales. Los sancionados deberán aportar información inédita sobre territorios contaminados, así como sobre las técnicas y tácticas utilizadas por las Farc para instalar artefactos explosivos.
Además, tendrán que someterse a un exigente proceso de capacitación en estudios no técnicos y en labores de despeje, que incluye entrenamientos diarios de varias semanas, talleres prácticos y evaluaciones de desempeño.
Deberán colaborar en la planeación con autoridades locales, participar en la marcación de terrenos y en la construcción de cartografía de riesgo para priorizar zonas a intervenir. Otra de las tareas es dictar talleres de sensibilización en educación en el riesgo de minas (ERM) a las comunidades, elaborar piezas comunicativas preventivas y participar en actos territoriales concertados con las víctimas.
Este componente también contempla la sistematización de las experiencias y la verificación de todas las actividades. Este caso no es la excepción a las dudas que quedaron de la sentencia.
¿Cuáles serán las zonas y tareas priorizadas en la sanción?
El tribunal especial definió que los primeros proyectos restaurativos se concentrarán en territorios con mayor número de víctimas acreditadas y de comparecientes vinculados al macrocaso de secuestro. Por eso, la sentencia solo priorizó tres proyectos que, según fuentes de la JEP, están listos para arrancar. En Bogotá se implementará el proyecto “Baldosas por la Memoria”, que contempla la construcción e instalación de placas conmemorativas en espacios públicos asociados a secuestros y desapariciones forzadas.
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La capital concentra 589 víctimas acreditadas en la JEP, de las cuales 408 corresponden a este caso, y además alberga a nueve máximos responsables sometidos a esta jurisdicción, lo que la convierte en el epicentro de esta medida.
De forma paralela, en Palmira (Valle del Cauca) se adelantará un proyecto de búsqueda y entrega digna de desaparecidos en el Cementerio Central, escenario emblemático en los ejercicios de memoria y reconciliación. En esa ciudad se concentran 94 víctimas acreditadas y nueve comparecientes con estatus de máximos responsables, lo que, según la sentencia, garantiza representatividad y pertinencia territorial. Y el último tiene que ver con acciones de reparación y memoria en Cali (Valle del Cauca) y Neiva (Huila), pero no hay muchos detalles todavía de este proyecto.
La JEP aclaró que “los cuatro proyectos restaurativos aquí analizados constituyen una base actual sobre la cual se impone la sanción, pero que, en la medida en que son actualizables, admitirán ajustes razonables que aseguren su eficacia práctica”. En otras palabras, el desarrollo final de estas iniciativas aún está sujeto a concertación y ajustes que permitan equilibrar lo que pueden aportar los exintegrantes del Secretariado con lo que esperan y necesitan las víctimas.
La sentencia deja claro que la ejecución de estos proyectos depende de que el gobierno nacional garantice los recursos para poder cumplirse y, además, que garantice los mínimos de seguridad y vida digna de los comparecientes. Pero más allá del papel, la JEP dejó un margen de flexibilidad para poner en marcha estas medidas de sanción y reparación a las víctimas.
Sin embargo, también abrió una puerta de incertidumbre sobre cómo será, en la práctica, la ejecución de estas sanciones, además de plantear interrogantes sobre si lograrán materializar el doble propósito que les da sentido: responder a la gravedad de los crímenes cometidos y, al mismo tiempo, generar transformaciones reales en clave de verdad, reparación y no repetición.
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