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Más de 8.500 personas acreditadas como víctimas en toda Colombia. 135 casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar). Más de 21.000 personas secuestradas en distintos sitios del país cometidos entre 1990 y 2016. Cinco grandes patrones criminales. Siete exjefes guerrilleros y 12 militares en retiro condenados. Cuatro proyectos de reparación priorizados.
Esas son algunas de las cifras que resumen las dos sentencias emitidas el pasado 16 y 18 de septiembre por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con relación a los macrocasos 01 y 03, que investiga la justicia transicional, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016. Las primeras decisiones que imponen sanciones restaurativas en lugar de penas de cárcel.
Pero, más allá de los números para medir la efectividad de la justicia, en el centro de las decisiones están las víctimas de los más graves crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por grupos al margen de la ley y agentes del Estado, durante medio siglo de violencia. Estas son sus voces.
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Nohemí Esther Pacheco Zabatá
Nohemí Pacheco Zabatá tenía 14 años cuando fue asesinada por cuatro soldados del Batallón La Popa. Vivía en la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez; una población de cerca de 6.000 habitantes, en jurisdicción de Valledupar (Cesar). Hacía parte de la comunidad indígena wiwa, golpeada por la violencia sistemática que ejercieron militares y paramilitares en la región. En la madrugada del 9 de febrero fue sacada a la fuerza de su vivienda, junto a Hermes Enrique Carrillo Arias.
Él, que hacía parte del pueblo indígena kankuamo, intentó huir; pero los militares lo retuvieron. Los uniformados los asesinaron y presentaron como guerrilleros muertos en combate. “Habían sido desplazados de sus comunidades de origen a causa de los señalamientos y amenazas de los grupos guerrilleros que hacían presencia en el territorio”, detalla la sentencia de la JEP. Y huyendo de la guerrilla fueron asesinados a manos de agentes del Estado.
“Esta Sección destacó que tales acciones generaron un efecto desproporcionado del conflicto armado sobre los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, quienes fueron involucrados en la guerra a través de mecanismos de control territorial y personal, con estrategias de reclutamiento y de involucramiento en los enfrentamientos”.
Sentencia de la JEP
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Carlos Alfredo Castro Aguirre
A Carlos Alfredo Castro Aguirre lo engañaron con falsas promesas de trabajo para asesinarlo. Desapareció el 30 de junio de 2004, en la vereda Cuesta de la Plata, del municipio de Pueblo Bello (Cesar), durante el desarrollo de la orden de operaciones Espartaco y la misión táctica Maremoto del Ejército. “Estaba sin trabajo, aceptó e invitó a Jhon Jader Escorcia, un amigo que tenía un niño pequeño. El dichoso reclutamiento no era para recoger café, sino para asesinarlos y presentarlos como bajas dadas en combate”, le contó a este diario Karen Castro Aguirre, su hermana.
Su madre, María Otilia Aguirre, lo buscó durante 15 años hasta que enfermó y falleció en 2019. Para su familia, “no es nada satisfactorio saber el desenlace de una historia de tanto dolor, en la que los victimarios y asesinos parecen ser los protagonistas”. La JEP ordenó seguir con las acciones necesarias para encontrar su cuerpo, que lleva más de 21 años desaparecido.
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Jhon Jader Escorcia Bonet
También Jhon Jader Escorcia Bonet fue engañado con falsas promesas de trabajo. Cuando a su amigo Carlos Alfredo Castro le ofrecieron ir a recolectar café a la Sierra Nevada, se fue con él. Salió de su casa el 30 de junio de 2024 y su familia no supo nada de él hasta después de 15 días, cuando las primeras noticias llegaron a sus oídos: “Los soldados habían matado a mi hermano”, le contó a este medio su hermana, Rocío Escorcia. Tras presentarlo como guerrillero muerto en combate, fue sepultado como persona no identificada en el cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar.
Su familia lo encontró siete años después, tras una búsqueda intensa. “Mi mamá se enfermó, se murió de tristeza y de melancolía, de no saber por qué el Ejército le mató a su hijo”, narró Rocío. El 31 de agosto de 2023, las autoridades visitaron la fosa común en la que fue hallado, para intentar dar con el paradero de su amigo Jhon Jader.
“Nos contaron cómo lo habían planeado y cómo había sucedido, nos enteramos de cosas que en la justicia ordinaria nunca hubiéramos logrado”.
Rocío Escorcia, hermana de Jhon Jader Escorcia Bonet
Víctor Hugo Maestre Rodríguez
La barbarie de los militares de La Popa se ensañó con el corregimiento de Atánquez. Víctor Hugo Maestre Rodríguez, indígena del pueblo kankuamo, conocía bien las prácticas criminales de los hombres del Pelotón Dinamarca. El sábado 2 de octubre de 2004, en una carretera de la población, se los encontró de frente. “La víctima reconoció a uno de los militares que ya antes lo había detenido y obligado a hacer trabajos físicos de limpieza en las calles bajo la amenaza de que si lo encontraba por la noche no respondería por él, porque tenía información de que era guerrillero”, documentó la JEP sobre su caso.
Lo retuvieron, le quitaron su documento de identidad, lo obligaron a vestirse con un uniforme de camuflado y le entregaron un arma. “Ustedes me van a matar”, le dijo Víctor Hugo a los soldados. “Sí, usted se va a morir”, respondieron ellos. Y así lo hicieron: fue asesinado dos días después, la noche del 4 de octubre.
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Martín Villazón Ochoa
A Martín Villazón Ochoa también lo obligaron a portar un uniforme que no le correspondía. Había pasado cinco meses con una pierna enyesada. El 3 de julio de 2004 asistió a una cita médica en Valledupar, un primo suyo le había prestado $2.000 para ir a la diligencia. Al salir, se sentó y se quedó dormido en una calle del centro de la ciudad. “Uno de los militares en servicio activo lo despertó bajo la convicción de que era una persona en condición de calle, apta para el montaje porque seguramente no tendría redes de apoyo que lo buscaran cuando ocurriera su asesinato y desaparición”, documentó la JEP.
Lo llevaron por la vía al corregimiento de San José de Oriente, lo obligaron a cambiarse de ropa para que, con el camuflado, según le dijeron, su familia lo encontrara. De lo contrario, lo desaparecerían. Uno de los militares le disparó y luego fue presentado como baja en combate, para inflar las cifras de resultados operacionales.
“Lo amenazaron para intimidarlo y lograr que vistiera el uniforme camuflado antes de su ejecución y -como ya lo habían hecho antes con otras víctimas- le dijeron que, si vestía el camuflado, él se aseguraría de que su familia encontrara su cadáver”.
Sentencia de la JEP
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David Rubio y Alberto Edwin Meza Viana
Para los militares de La Popa, según determinó la JEP, asesinar a personas en situación de vulnerabilidad se les convirtió en un claro patrón de criminalidad. Tal fue el caso de David Rubio y Alberto Edwin Meza Viana, quienes estaban en condición de calle y dormían en un andén del barrio Amaneceres, de Valledupar. “Uno de los comparecientes (Elkin Leonardo Burgos Suárez), militar en servicio activo del Ejército, recorrió en un taxi las calles de Valledupar en busca de las víctimas.
Luego de ubicarlas, las engaño con el ofrecimiento de un trabajo para desvarar un camión”, reseñó la sentencia. Los obligaron a bañarse, cortarse el pelo y vestirse con camuflado. Luego los asesinaron y presentaron como cuerpos de paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Para la JEP, estos hombres fueron cosificados: “tenía el paquete completo”, dijo el militar que los interceptó para asesinarlos.
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Por Gustavo Montes Arias
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