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Sobre las 8:20 de la mañana de este martes 16 de septiembre, los cinco magistrados de la Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ingresaron a un auditorio de la sede principal de la entidad en Bogotá para leer la primera sentencia de esa instancia creada con el Acuerdo de Paz de 2016. Ante la mirada de todo el país y de la comunidad internacional, la justicia transicional emitió un fallo que para muchos era imposible. No solo por la dimensión de investigar y judicializar más de 11.000 casos de secuestro; reparar a 21.936 víctimas de ese crimen de guerra y de lesa humanidad y ver a los exjefes guerrilleros aceptar su responsabilidad en estos hechos atroces, sino también por empezar a darle cierre jurídico y verdad judicial a los hechos de medio siglo de guerra en Colombia.
Frente a una sala llena de funcionarios de la JEP, cámaras, micrófonos y periodistas, los togados dirigieron durante un poco más de dos horas la lectura en resumen de la primera decisión del tribunal, tras más de siete años de trabajo: la sentencia contra los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc, por ser autores y máximos responsables de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes de guerra. Una realidad que marcó a por lo menos dos generaciones de colombianos que conocieron a través de los periódicos, la radio y la televisión los más desgarradores relatos de las víctimas de secuestros y de sus familiares rogando, desde todos los rincones del país, por su liberación.
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Sentados de izquierda a derecha, frente al auditorio, estaban los magistrados Roberto Carlos Vidal López, Zoraida Anyul Chalela Romano, Ana Manuela Ochoa Arias, Camilo Andrés Suárez Aldana y Juan Ramón Martínez Vargas. Fueron ellos quienes sellaron con sus firmas el fallo de 663 páginas en el que la JEP describió los detalles de la política sistemática de secuestros ejecutada por las antiguas Farc, por la cual 4.325 personas fueron acreditadas como víctimas en todo el país, por parte de la justicia transicional. A su derecha, frente al atril, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, fue el primero en tomar la palabra para dar apertura al evento.
“Invocamos en esta sala de audiencias a todas y cada una de las personas que padecieron directamente el crimen del secuestro en Colombia, así como los vejámenes, torturas y violencia sexual que sufrieron durante sus largos y terribles cautiverios: campesinos, ganaderos, comerciantes, estudiantes, líderes políticos, integrantes de la Fuerza Pública, entre muchos otros colombianos”, dijo el magistrado Ramelli. El presidente de la JEP destacó que es la primera vez que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos se paran frente a la justicia y reconocen su responsabilidad. “La justicia no es la paz, pero es el camino para alcanzarla. Se dejaron atrás los eufemismos y se asumieron las responsabilidades”, dijo el togado.
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Pese a ser la primera decisión de fondo emitida por la JEP y en medio del ánimo optimista de los magistrados en sus intervenciones, las cámaras de la prensa echaron de menos a las partes más interesadas en la decisión: los representantes de las víctimas acreditadas por el macrocaso 01 y los siete exintegrantes del último secretariado de las Farc condenados: Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko”; Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo”; Pastor Lisandro Alape Lascarro, o “Pastor Alape”; Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”; Jaime Alberto Parra o “El médico”; Julián Gallo Cubillos, alias “Carlos Antonio Lozada”; y Rodrigo Granda Escobar o “Ricardo Téllez”.
Sobre estas siete personas, que ahora tendrán que cumplir sanciones propias de ocho años de trabajos y actividades con carácter reparador, la jurisdicción especial determinó que fueron los cerebros detrás de una política sistemática de secuestros. También fueron hallados responsables de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad que se consolidaron como consecuencia del cautiverio, como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. Estos secuestros, según la JEP, ocurrieron con tres objetivos: financiar a la organización ilegal, forzar el intercambio por guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios.
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El magistrado Camilo Suárez fue el encargado de leer el resumen de la sentencia contra los siete ex integrantes del secretariado e hizo eco de las palabras del magistrado Ramelli, contenidas en la presentación del fallo: “Esta sentencia no borra el sufrimiento, pero es un acto de reconocimiento. Es la voz que reconoce a la sociedad colombiana y al mundo que lo que ocurrió fue injustificable e inhumano”. Luego, se refirió a los patrones criminales bajo los cuales se cometieron miles de secuestros de civiles, políticos, policías y militares, así como a las sanciones que cumplirán los exlíderes guerrilleros. Mismas que fueron objeto de rechazo por una parte importante de las víctimas que dicen no sentirse reparadas con la sanción.
Las sanciones
La sanción propia contra los siete miembros del antiguo secretariado de las Farc se traduce en el cumplimiento de cuatro líneas de proyectos restaurativos orientados a la reparación simbólica, colectiva e individual, así como a la reconstrucción del tejido social y la promoción de garantías de no repetición. Si bien la sentencia que emitió la JEP señala que dichas actividades tendrán que cumplirse en términos, plazos y condiciones establecidos en un plan operativo, todavía no hay suficiente claridad sobre ese plan y tampoco detalles puntuales sobre las condiciones de cumplimiento por parte de los comparecientes. Lo que sí quedó detallado en el fallo del tribunal fue cada uno de los proyectos que tendrán que desarrollar.
Uno de ellos estará enfocado en procesos de memoria y reparación simbólica. En este proyecto se contemplan 17 actividades entre las que se destacan la realización de transcripciones de testimonios de víctimas, incluyendo proceso de validación de los relatos por parte de estas; tomar capacitaciones para la construcción e instalación de baldosas de secuestro y desaparición forzada; apoyar en el diseño de artefactos de memoria aportando información; realizar eventos de perdón orientados al reconocimiento de verdad; diseñar y poner en marcha el micrositio web con contenidos reparadores; y realizar las tareas asociadas a los mecanismos de monitoreo definidos para la verificación de las acciones o actividades desarrolladas por los comparecientes.
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Una segunda línea de proyectos restaurativos tiene que ver con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Según datos de la Jurisdicción Especial para la Paz, de las más de 4.325 víctimas de secuestro acreditadas en la JEP, cerca del 8% reportó por lo menos un ser querido desaparecido en el marco del cautiverio por las extintas Farc. Sobre esta línea inicialmente tendrán que elaborar un balance de información que permita conocer el universo total de personas secuestradas desaparecidas, vinculadas al macrocaso 01. Los comparecientes tendrán que realizar reuniones con los firmantes de los bloques para establecer el estado actual de cada uno de los casos y deberán elaborar un plan de trabajo para la recolección de información.
Para ello tendrán que incluir la participación de otras personas que entreguen datos relevantes, la identificación de lugares para georeferenciación y el acompañamiento a las visitas de campo de localización o prospección. Luego, de manera detallada, los comparecientes deberán trabajar en informes de seguimiento con toda la información recolectada y siguiendo los lineamientos y herramientas que disponga la Unidad Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Para lograr la georeferenciación tendrán que entregar coordenadas de los lugares de interés, así como apoyar la elaboración de mapas temáticos por regiones para facilitar el hallazgo de los desaparecidos.
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Dentro de las actividades propuestas para este proyecto también se contempla la adecuación de infraestructura de sitios de custodia de cuerpos no identificados. En cuanto al componente restaurativo, los comparecientes participarán en encuentros con víctimas y comunidades. En estas reuniones se tendrá que hacer seguimiento del proyecto y se tendrán que desarrollar memorias, sistematización y relatorías. La sentencia también detalla que deberán realizar las tareas asociadas a los mecanismos de monitoreo definidos para la verificación de las acciones o actividades desarrolladas por los comparecientes.
Otra línea de proyecto está relacionada con medio ambiente, naturaleza y territorio. En este componente, los sancionados deberán participar en la definición de escenarios y estrategias; habilitar el terreno para la implementación del proyecto; realizar acciones de mantenimiento para su sostenibilidad. También tendrán que definir las especies a propagar en esos entornos, instalar viveros, apoyar las acciones agropecuarias, hacer pedagogía en temas ambientales y ecoturismo, así como instalar senderos o rutas para desarrollar esas actividades. Dentro de este proyecto, los comparecientes apoyarán en la localización de puntos de afectación ambiental por el conflicto armado.
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Sobre la línea de acción integral contra las minas, las extintas Farc deben crear las condiciones para que las comunidades puedan recuperar sus territorios. Para ello tendrán que suministrar información nueva o actualizar la existente sobre territorios, técnicas y tácticas que se implementaron durante el conflicto armado y con esa información se priorizará territorios. En este proyecto será clave el entrenamiento en estudios no técnicos sobre despeje, por lo que participarán en un curso de 60 días en un horario específico de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Posteriormente se realizarán visitas a las comunidades con previa concertación para realizar entrevistas que permitan obtener información sobre posibles zonas de riesgo.
De todo lo anterior, los únicos proyectos que quedaron priorizados, al menos por ahora, son tres: la búsqueda de desaparecidos en el cementerio de Palmira (Valle del Cauca); la iniciativa “Baldosas por la Memoria”, que consistente en la construcción e instalación de baldosas conmemorativas en espacios públicos asociados a hechos de secuestro y desaparición forzada en Bogotá y la realización de un circuito de actos restaurativos con “relatos dignificantes vinculados al plan transversal de memoria, asegurando su realización inicial en Cali, en reconocimiento a las víctimas del secuestro de los diputados del Valle, y en Neiva (Huila), en memoria de las víctimas del secuestro de comerciantes”.
Los desencuentros
En cuanto se conoció la sentencia de la JEP, una parte de las víctimas de secuestros cometidos por las antiguas Farc expresaron públicamente su rechazo a las sanciones. En diálogo con El Espectador, el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, quien estuvo secuestrado durante siete años por las Farc, describió la forma en la que recibió la decisión: “Con una mezcla de decepción e indignación, no con sorpresa. Sí esperaba que hubiera un mínimo de respeto por las víctimas, pero este fallo es una vergüenza. No respeta la dignidad de las víctimas, va a pasar a la historia como un tribunal de impunidad, va a impedir que en el futuro otros acuerdos sean aceptados por la sociedad colombiana, porque fue un engaño a las víctimas”.
A su voz se sumó la de Ingrid Betancourt, líder política que estuvo secuestrada durante más de seis años, justo cuando hacía campaña para llegar a la Presidencia en 2002. Ella calificó la sentencia como “desprovista de racionalidad y desconcertante” pues, en su concepto, no refleja el trabajo que desde que fue abierto el macrocaso 01, en julio de 2018, adelantaron para la reconstrucción de la verdad judicial. “Pensábamos que era un tribunal serio, que estaba recogiendo toda esta información para hacer justicia. Sabíamos que había estos dos caminos, el de estar cobijados o no por los beneficios, nosotros estábamos dando las pruebas de que no podían acceder a esos beneficios porque había incumplido esos acuerdos”, dijo Betancourt.
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Por su parte, los hoy sancionados por la JEP también sentaron su postura. En diálogo con este diario, Pastor Alape, uno de los exintegrantes del último secretariado de las Farc, dijo que asumen la sanción y aceptan su responsabilidad, como lo han hecho durante los últimos seis años, en el marco de las diligencias de la JEP. “Necesitamos conocer la conclusión de la resolución que hasta ahora llegó la notificación para poder proceder en profundidad al análisis del contenido de esta resolución. Efectivamente, hemos venido realizando una serie de actividades reparadoras desde antes de la firma del acuerdo que iniciamos con el piloto del desminado humanitario”, concluyó el exjefe guerrillero.
Los comparecientes y las víctimas ya fueron notificados de la sentencia. Según fuentes de la JEP, se espera que en unos ocho días, los exjefes guerrilleros se presenten ante la justicia especial para empezar a cumplir su sanción, si es que no presentan ningún recurso de apelación en contra de la sentencia. Todavía falta mucho para comprender los alcances y la trascendencia de esta decisión judicial, pero desde ya se advierte que el documento se convierte en una pieza histórica sobre una política criminal que marcó un capítulo de una guerra que dejó más de diez millones de víctimas y cuyos efectos se siguen viviendo a diario en el país.
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