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El próximo 7 de agosto, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de Colombia hasta 2030. La campaña que lo llevó a ganar en las urnas el pasado 21 de junio se centró en gran parte en el enfoque de seguridad que tendría su mandato, resaltando la mano dura contra los grupos armados y el crimen organizado, así como la lucha contra el narcotráfico. De hecho, sobre ese último punto fue claro en que traería de regreso la fumigación de cultivos de uso ilícito. Aunque dijo que no lo haría con glifosato, que fue restringido por la Corte Constitucional desde 2017, sí afirmó que se retomaría la aspersión, pero esta vez con herbicidas de menos componentes químicos y más naturales. Sin embargo, exmagistrados y expertos consultados por El Espectador sostienen que el presidente electo no la tendría fácil para materializar esta propuesta cuando llegue a la Casa de Nariño.
El palo en la rueda que tendría De la Espriella para materializar la fumigación arrancó durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que suspendió la aspersión con glifosato en 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó como un químico “probablemente cancerígeno para humanos”. Dos años después, el alto tribunal resolvió una tutela presentada por comunidades indígenas y afrodescendientes de Nóvita (Chocó), que alegaban que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) fue ejecutado en sus territorios, entre 2013 y 2014, sin consulta previa y afectó su salud, ambiente, fuentes hídricas y cultivos lícitos. La Corte, además de darles la razón, puso seis condiciones que deberían cumplirse si en algún momento se quería retomar la aspersión.
Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), asegura que el presidente electo no podrá cumplir su promesa tan fácilmente. La investigadora resaltó que para esa modalidad de fumigación, según definió la Corte, “la regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto e independiente de quienes ejecutan los programas de erradicación de cultivos ilícitos”. Señala que el alto tribunal fue claro al definir que esa regulación “debe derivarse de la continua evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado; el proceso decisorio debe incluir la revisión automática de las decisiones cuando alerte nuevos riesgos, y esta tarea debe estar a cargo de entidades capaces de expedir estas alertas”.
Además, la investigación científica sobre el riesgo de la actividad de erradicación que sea tenida en cuenta para tomar decisiones “debe tener rigor, calidad e imparcialidad; los procedimientos de queja deben ser comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo; la decisión debe fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente”, como lo dice la decisión judicial de 2017. Aunque el alto tribunal se ha referido específicamente al glifosato, los expertos consultados por este medio consideran que el precedente aplica para cualquier producto que se vaya a usar en la fumigación. Juristas y analistas coinciden en que debe primar la consulta previa a las comunidades y la evaluación de los riesgos que puedan correr.
Paula Aguirre, directora de Elementa Colombia, una de las organizaciones de la Sociedad Civil que les ha hecho seguimiento a las políticas de drogas en el territorio nacional, le aseguró a este diario que no es suficiente que De la Espriella diga que no se va a fumigar con glifosato. “Las órdenes tendrían que aplicarse para cualquier herbicida con el que se quiera fumigar. Se tiene que hacer un análisis de riesgo real y de posibles afectaciones a derechos de cualquier químico, tenga el nombre que tenga. Cuando la gente escucha ‘fumigación’ cree que este es un método preciso y sin margen de error. No, estamos hablando de que el químico, sea cual sea, cae sobre humanos, animales, fuentes hídricas y cultivos de pancoger”, señala la abogada Aguirre.
Por esa misma línea apunta la coordinadora de Política de Drogas de Dejusticia. Según ella, De la Espriella “está proponiendo un bioherbicida, pero no ha dicho cuál. Dependiendo de cuál sea, se revisa si está en una lista de sustancias peligrosas, si requiere permiso de importación. Todo eso necesita un permiso, una licencia ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)”. Pereira agrega que “incluso antes de ese paso, el Consejo Nacional de Estupefacientes, que es el órgano rector de la política de drogas, tiene que adoptar una política, una resolución en la que se autorice lo que propone el presidente electo”.
Por su parte, la exmagistrada de la Corte Constitucional y actual decana de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario Cristina Pardo Schlesinger, señala que aunque existe la posibilidad de que se pueda hacer legalmente la aspersión, se deben cumplir con los requisitos establecidos por el alto tribunal, especialmente los relacionados con el riesgo que pueda correr la población. “No es que el riesgo deba ser totalmente descartado o probado, pero sí tener presente el principio de precaución. La sentencia de 2017 trata el tema del riesgo, pero de todas maneras el Gobierno debe hacer un estudio serio y evaluar el riesgo para que no sea un riesgo altísimo de afectación a la salud o al medio ambiente”, dijo a El Espectador. Asimismo, señaló que otro pilar a tener en cuenta es la consulta previa a las comunidades.
La exmagistrada resalta que la Corte ha sido clara en señalar que “las comunidades tienen derecho a la consulta previa en temas de aspersión. No solo si es sobre sus resguardos, sino sobre el territorio en el que podrían sufrir afectaciones”. Ese derecho “no solamente lo tienen las comunidades que cultivan coca como cultura ancestral, sino el resto de comunidades. Además, se debe garantizar un proceso de participación en el que se suministre suficiente información sobre riesgos y beneficios. Debe ser de buena fe: argumentos y objeciones de las comunidades deben ser contestados con la verdad”. Asimismo, señala que el alto tribunal dejó claro que “como principio de precaución debe haber una serie de medidas escalonadas. Primero la erradicación voluntaria, si las personas no quieren viene la erradicación manual y en últimas la aspersión”.
Además de los obstáculos jurídicos, están los económicos que harían inviable la promesa. Expertos como la abogada Aguirre y Juan Carlos Garzón, especialista en políticas de seguridad y drogas, concuerdan en que experiencias de gobiernos pasados terminan siendo más populistas que efectivas. “Lo que vemos, desde que se fumiga en el país y desde que se ha asumido una perspectiva prohibicionista de la política de drogas, es que la mata que se quita en un lado, a la fuerza, aparece en otro lado. Y muchas veces, en el mismo lado después de un tiempo. Por algo tenemos las cifras de cultivos año tras año”, señala la directora de Elementa Colombia.
A su vez, Garzón dice que se puede destruir la planta temporalmente, pero no la economía que la sostiene. “Si la coca sigue teniendo comprador, si paga más rápido que cualquier cultivo legal y si el Estado no ofrece una alternativa creíble, la erradicación termina siendo un corte temporal, no una solución. El otro límite es el control territorial. En muchas zonas cocaleras los grupos armados regulan precios, imponen reglas, controlan la movilidad y ordenan la economía local. En ese contexto, fumigar puede dar la impresión de una respuesta rápida, pero no cambia la estructura del negocio. Si el nuevo Gobierno Nacional dice que quiere recortar el gasto público, la pregunta que surge es si tiene sentido insistir en una estrategia costosa, difícil de ejecutar y que ha mostrado resultados frágiles”, concluye Garzón.
Justamente en este aspecto hace énfasis Aguirre, ya que De la Espriella no ha explicado de dónde va a sacar el dinero para financiar esta medida. “Se eligió diciendo que Colombia está quebrada por la mala administración del gobierno de Gustavo Petro, entonces, además de decir a qué bioherbicidas se refiere, porque en ningún lado ha hecho referencia concreta a lo que plantea utilizar, tiene que informar con qué va a pagar algo que, según sus cálculos, cuesta tres veces más que la fumigación con glifosato, que de por sí es ridículamente costosa e inefectiva”, concluyó la experta en derechos humanos y política de drogas.
Según Garzón, otro filtro que enfrentaría el futuro gobierno de De la Espriella es el tiempo. “Cumplir esas reglas no se resuelve con un decreto. El gobierno de Iván Duque intentó reactivar la aspersión durante todo su mandato, anunció fechas que luego se aplazaron y avanzó en trámites que nunca fueron suficientes para superar las exigencias de la Corte. Por eso, prometer que se fumigará pronto y, al mismo tiempo, que se respetarán todas las condiciones legales, ambientales y sociales es prometer dos cosas que, en lo inmediato, difícilmente caben juntas”, asegura el experto. La nueva administración, dentro de otras cosas, tendrá que atender las 261.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia, según las cifras del Gobierno Nacional y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Parte de lo que propone el presidente electo para hacerle frente a la problemática no son acciones nuevas, como la fumigación con drones. En febrero de este año el gobierno de Gustavo Petro anunció el inicio de un programa de erradicación de cultivos de coca mediante drones equipados para fumigar, justamente con glifosato, de forma focalizada. La estrategia fue presentada como una alternativa a las antiguas fumigaciones aéreas con avionetas, bajo el argumento de que los drones permiten mayor precisión, reducen la exposición de las comunidades y disminuyen los riesgos para los uniformados encargados de la erradicación. Sin embargo, esa propuesta del progresismo no ha sido puesta en marcha, pues no ha pasado el filtro del Consejo Nacional de Estupefacientes.
Aunque por ahora es solo una idea y puede que no llegue a materializarse antes de que Gustavo Petro deje la Casa de Nariño en menos de tres meses, los habitantes de zonas cocaleras como Cauca y Nariño sostienen que los cultivos de la planta siguen siendo su principal fuente de ingresos ante la falta de alternativas económicas sostenibles. Además, cuestionan que el Gobierno haya recurrido nuevamente al glifosato después de criticar por años esa posibilidad. Más allá de los estrictos requisitos que ha marcado la Corte, la solución, o al menos parte de ella, está en manos del Congreso. Así lo señala la exmagistrada Pardo, quien resalta que aunque las decisiones judiciales han protegido a las comunidades, “falta lo principal, no hay una ley de consulta previa. La Corte ha pedido al Congreso varias veces, pero es un tema muy complejo que ha sido dejado de lado”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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