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Desplazamientos forzados de comunidades negras e indígenas. Contaminación de cultivos de pancoger, plantas medicinales y fuentes hídrícas. Muerte de peces y enfermedades respiratorias y gastroinstestinales en humanos. En estos tres hallazgos se puede resumir un reciente balace que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los efectos que generó la aspersión aérea con glifosato entre 2002 y 2015 en tres municipios de Nariño: Tumaco, Barbacoas y Ricaurte. Una investigación de esta justicia transicional que priorizó en el macrocaso 02 la grave situación de violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a pueblos indígenas, y comunidades negras en esta zona del norte del país.
El documento, conocido por El Espectador y con fecha del pasado 28 de enero, contiene una radiografía sobre el costo humano y ambiental que generaron en esta zona del suroccidente colombiano las fumigaciones realizadas por los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Una estrategia que se usó durante años para reducir los cultivos para uso ilícito en Colombia, pero que fue suspendida por el Ejecutivo en 2015, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó el glifosato como “probablemente cancerígeno”. La investigación concluyó que la política de aspersión aérea con glifosato se implementó en estos territorios sin realizar procesos adecuados de consulta previa con las comunidades que allí vivían.
De acuerdo con ese análisis que hizo la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la JEP, durante esos 13 años, Nariño se convirtió en el principal escenario en Colombia en el que su utilizó este método de erradicación de cultivos de coca. En cifras concretas, dice el informe, entre 2002 y 2015 en ese departamento se fumigaron 443.906 hectáreas, una cifra que equivale al 31 % del total nacional, lo que lo ubica como el territorio más asperjado del país durante ese periodo. Dentro de Nariño, la mayor concentración de las operaciones se registró en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte, donde la aspersión alcanzó 200.356 hectáreas, es decir, cerca del 42 % del total departamental y alrededor del 12 % de toda la fumigación realizada en Colombia.
El documento también recogió otras datos. Por ejemplo, que entre 2002 y 2013, en esos municipios se registraron 215.284 operaciones de fumigación aérea con el herbicida, lo que evidencia “la intensidad y recurrencia de las operaciones en ese territorio”. Uno de los testimonios que llegó a la Sala explicó que en una de la comunidades indígenas Awá “había fumigaciones cada 8 días” y que “se venía la avioneta abriendo todas sus válvulas y llegaba a la parte baja, así sin mirar a vivienda o personas que estuvieran por allí andando o trabajando”. La JEP también encontró que el 77 % de las operaciones en Nariño se realizaron en territorios colectivos afrodescendientes e indígenas awá, lo cual generó una cascada de denuncias ante la Dirección Antinarcóticos de la Policía (Dirán).
De acuerdo con cifras de esa dependencia, entre 2002 y 2013, la Policía reportó 5.072 quejas relacionadas con aspersión en los municipios de Barbacoas y Tumaco. La misma institución sostuvo que en solo 104 “existió una medida de compensación”. Ante esta situación, la JEP realizó un “jalón de orejas” a la Policía sobre este asunto: “No aportó información contextual para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, ni los informes de procedimientos adelantados ni caracterizaciones de la población afectada, lo que limitó la comprensión integral del carácter y alcance de las quejas, incumpliendo parcialmente lo solicitado”. Aun sin esa información, la JEP recalcó que esta estrategia impactó “de manera particular territorios colectivos afrodescendientes e indígenas”.
Las afectaciones y los exgobernadores
Según los informes analizados por la Sala, la destrucción de cultivos de pancoger, la contaminación de fuentes hídricas y el temor por los efectos del herbicida provocaron que “cientos de familias” abandonaran sus territorios. Los testimonios que recogió la JEP indican que la fumigación no solo afectó cultivos de coca, sino también alimentos básicos, lo que dejó a numerosas comunidades sin medios de subsistencia. Sin embargo, el informe no arroja cifras exactas de la dimensión del daño, en parte por la falta de infomación aportada por la Policía. En varios relatos, las víctimas relataron que la pérdida de cultivos y la incertidumbre sobre la posibilidad de volver a sembrar obligaron a muchas familias a desplazarse hacia otras zonas en busca de alternativas económicas o refugio.
Uno de los casos más críticos, y que analizó la JEP, es el del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco. Allí, la justicia transicional documentó afectaciones profundas asociadas a las fumigaciones. Los informes y testimonios describieron que las aspersiones impactaron cultivos de subsistencia, animales domésticos, plantas medicinales y fuentes de agua utilizadas por las comunidades afrodescendientes del territorio. De acuerdo con la evidencia analizada por la Sala, la destrucción de los cultivos y la contaminación del entorno generaron una crisis alimentaria y ambiental que afectó directamente la vida cotidiana del Consejo Comunitario, lo cual generó un desplazamiento hasta del 80 % de las familias del territorio etnico.
Desde 2024, la JEP citó a varios de los exgobernadores de Nariño durante ese periodo. Entre los que declararon estuvo Parmenio Cuellar (2001-2003) y Eduardo Zúñiga Erazo (2004-2007). Según sus relatos, líderes de consejos comunitarios y cabildos indígenas insistieron en varios escenarios en que nunca se realizó la consulta previa exigida por la Constitución, antes de intervenir sus territorios. Además, que los pobladores acudían a sus despachos para advertir que los aviones estaban asperjando cultivos de subsistencia y áreas habitadas y no solo cultivos de hoja de coca. Esas denuncias, dijeron, evidenciaron un patrón de intervención que ignoraba la presencia de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en la zona.
Aunque existían parámetros técnicos para regular las fumigaciones, la documentación analizada por la JEP reveló que las operaciones presentaron fallas operativas que aumentaron los impactos de la aspersión aérea. En 2001, una auditoría ambiental del programa identificó problemas en los métodos de vuelo utilizados por los aviones, especialmente en el sistema de aspersión por líneas, es decir, cuando varias aeronaves fumigaban en formación. Bajo ese método se detectaron trayectorias desviadas y traslapes excesivos entre pasadas, explicó la JEP. En la práctica, esto significaba que un mismo territorio podía ser asperjado más veces de lo autorizado o que se fumigaran áreas que no eran el objetivo de la operación.
Algo similar ocurrió con el método denominado “hipódromo”, en el que un solo avión realiza líneas paralelas: los cruces entre trayectorias provocaban zonas doblemente asperjadas, lo que incrementaba la concentración del herbicida y los posibles efectos sobre cultivos, suelos y fuentes de agua. Para la JEP, estos errores técnicos no solo redujeron la eficiencia del programa, sino que agravaron las afectaciones ambientales y sociales documentadas en los territorios intervenidos.
La historia de Nariño con los cultivos de uso ilícito
El documento de la JEP señala que, entre 1999 y 2002, el Pacífico sur de Nariño, especialmente los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, se consolidaron como uno de los principales epicentros de la economía de la coca en Colombia. Este fenómeno se desarrolló en el contexto de la ofensiva contrainsurgente y antinarcóticos impulsada por el Estado a través del Plan Colombia. Las operaciones militares y las campañas de erradicación en otras regiones del país provocaron un desplazamiento de los cultivos hacia esta zona del Pacífico. En poco tiempo, el territorio comenzó a concentrar actividades asociadas a la siembra, procesamiento y comercialización de hoja de coca. Y todo de la mano de los grupos armados.
Este proceso, dice la Sala de la JEP, transformó la economía local y el uso del suelo. Los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU mostraron la rapidez de esta expansión. Mientras en 1999 Nariño representaba menos del 6 % de los cultivos de coca del país, en 2003 ya concentraba cerca del 20 % de la superficie sembrada a nivel nacional. Este crecimiento estuvo acompañado de intensos procesos de migración interna provenientes de zonas con alta erradicación. Como resultado, adviertió esta justicia, los corregimientos de La Guayacana y Llorente, en Tumaco, tuvieron un rápido aumento demográfico y se consolidaron como focos cocaleros.
El auge de la economía ilícita fue tan marcado que, según informes entregados a la JEP, en algunas áreas hasta el 80 % de las tierras cultivables llegaron a destinarse al cultivo de coca. La expansión, aseguró la Sala, también respondió a condiciones geográficas favorables y a la existencia de rutas fluviales y terrestres que conectaban el territorio con Ecuador y el océano Pacífico. La consolidación de estos enclaves productivos atrajo, no solo a campesinos desplazados, sino también a narcotraficantes provenientes de otras regiones del país. Por eso, esta zona sigue siendo clave para los mercados internacionales para el crimen organizado internacional.
Aunque la aspersión aérea con glifosato permanece suspendida en Colombia desde 2015, el herbicida sigue utilizándose en operaciones contra cultivos de uso ilícito mediante erradicación terrestre. De acuerdo con información de la Policía Antinarcóticos y del Ministerio de Justicia, actualmente su aplicación se realiza de forma focalizada por brigadas en terreno y, en algunos casos, mediante tecnologías de aspersión dirigida como drones, con el objetivo —según el Gobierno— de reducir la dispersión del químico y limitar los impactos sobre comunidades y cultivos lícitos. Esta modalidad, explican las autoridades, hace parte de la estrategia vigente de control de cultivos de coca, que combina erradicación manual, sustitución voluntaria y operaciones focalizadas en zonas donde persisten economías ilegales.
El balance que presenta la JEP llega en un momento en que el futuro de la política de drogas vuelve a instalarse en el centro del debate político del país. En 2015, el programa de aspersión de glifosato fue suspendido, luego de que la OMS clasificara el herbicida como “probablemente cancerígeno” para los seres humanos y de que el Gobierno del momento ordenara la suspensión de las fumigaciones aéreas. Una medida que posteriormente fue reforzada por decisiones de la Corte Constitucional, que establecieron estrictas condiciones ambientales, sanitarias y de consulta previa para cualquier eventual reactivación de las aspersiones con el herbicida.
La descertificación que Estados Unidos le impuso a Colombia en septiembre de 2025 por el aumento de los cultivos de coca, volvió a poner en el centro del debate la política antidrogas del país y, en particular, ha reactivado presiones internacionales para endurecer las herramientas de erradicación. En ese contexto, el tema ya ha sido mencionado por varios precandidatos y se perfila como uno de los principales retos que enfrentará el próximo gobierno. Así las cosas, la discusión no solo gira en torno a la eficacia de la fumigación para reducir la coca, sino también a las implicaciones, sociales y ambientales que han rodeado el uso de este herbicida en Colombia.
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Por David Escobar Moreno
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