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Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU, y Miguel Ángel Moralesrussi, excontralor de Bogotá, son los primeros funcionarios en ir a prisión por el carrusel de la contratación de Bogotá. La jueza séptima penal de control de garantías, tras analizar las evidencias que se presentaron en audiencia, atendió la solicitud del fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia y dictó medida de aseguramiento contra los procesados. La diligencia, que estaba programada a las 11:00 de la mañana, tardó una hora en comenzar. A la lectura de la decisión llegó puntual el excontralor, sonriente y saludando. Treinta minutos después, y con algo más de preocupación, llegaron Pardo y Meléndez. La diligencia comenzó a las 12:05 p.m. Al final, los tres terminaron con el mismo gesto de confusión. La jueza resumió las 25 horas de audiencia de la semana pasada, cuando intervinieron las partes procesales, y pasó a analizar caso por caso e indicó: “Si bien es cierto que en las obras existen problemas, lo cierto es que los de este caso no se compadecen con la magnitud de los problemas generados a la comunidad ni el detrimento patrimonial que se derivó, máxime cuando las obras están bajo la dirección de personal idóneo y calificado, del que se espera compromiso, esfuerzo y lealtad para evitar ese impacto y no como sucedió acá, que ha sido de tal gravedad que ha afectado la calidad de vida de los ciudadanos y del fisco”. A pesar de que los abogados pidieron la libertad de sus clientes, argumentando que no tenían antecedentes, que estaban atendiendo el llamado de la justicia y que no eran peligro para la sociedad, la jueza argumentó que las evidencias demostraban su presunta responsabilidad en conductas muy graves. Por esta razón, y para garantizar su comparecencia ante los jueces, consideró necesario dictar la medida. Al cierre de esta edición la juez analizaba si le concedía a Pardo Gaona prisión domiciliaria por tener una hija menor de edad o la enviaba a la cárcel del Buen Pastor. La gravedad de los hechos de corrupción, que supuestamente ocurrieron en el IDU, los altos montos de dinero comprometidos y el daño hecho a la ciudad fueron los principales argumentos que expuso Germán Pabón Gómez, fiscal segundo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para justificar la medida en contra de los exfuncionarios comprometidos en el llamado carrusel de la contratación. El representante del ente acusador hizo hincapié en que enviarlos a prisión sería un mensaje contundente a los corruptos “que se han robado el país”. El fiscal Pabón Gómez entregó detalles de cada contrato investigado y relacionó las que consideró flagrantes irregularidades descubiertas en la etapa preliminar y que serían atribuibles a cada uno de los procesados. En total, son 24 contratos aparentemente contaminados por corrupción, entre los que se encuentran algunos de consultoría, de obras para la Fase III de Transmilenio, de interventoría de obra y de valorización. “Sólo hace falta salir a la calle para ver que Bogotá no es la sucursal del paraíso”, dijo el fiscal. Entre todos se comprometen recursos cercanos a los $2,3 billones, que estuvieron contaminados por la supuesta corrupción y de los cuales casi $500 mil millones se podrían considerar como un detrimento para las arcas de Bogotá. Es decir, casi una cuarta parte de los recursos comprometidos posiblemente se perdieron por las acciones y omisiones de los exfuncionarios. “Esas actuaciones irregulares merecen con urgencia una respuesta del derecho penal, como lo es la pérdida de su libertad», agregó el representante del ente acusador. Liliana Pardo tendría que responder por los delitos de celebración de contrato sin requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos. Inocencio Meléndez, por los mismos delitos de Pardo más el de concusión. Por su parte, a Moralesrussi le imputó cargos por concusión y prevaricato. Las penas a las que estarían expuestos, en caso de ser condenados, están entre los 9 y 15 años de prisión. Pardo, Meléndez y Moralesrussi encabezan la lista de 36 investigados por las irregularidades en la adjudicación de obras en Bogotá, entre quienes se encuentran otros funcionarios del IDU, contratistas y particulares. Por ahora, quedaría pendiente una nueva diligencia para saber si confirman o revocan la medida de aseguramiento a los exfuncionarios. Esta decisión no quiere decir que ellos sean culpables y será un juez de la República, quien decidirá en juicio si los condena o los absuelve. Por lo pronto, Meléndez y Moralesrussi serían recluidos en La Picota, mientras a Pardo Gaona podría acceder al beneficio de prisión domiciliaria. Nule, sin principio de oportunidad El Grupo Nule cuenta con 14 investigaciones penales en Colombia, según lo confirmó la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, quien agregó que el ente acusador no beneficiará a los polémicos empresarios con principio de oportunidad. En medio del escándalo por el carrusel de la contratación, el próximo martes está programada la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los Nule por peculado, fraude procesal, cohecho, concierto para delinquir y falsedad en documento privado. “Si se presentan, podrán aceptar cargos y obtener una rebaja de la mitad de la pena. Otra opción sería un principio de oportunidad parcial, pero lo que debe quedar claro es que no habrá principio de oportunidad total”, indicó la fiscal. Aunque el abogado de los Nule indicó que ellos asistirán a la diligencia, en caso de que no lo hagan la Fiscalía buscará la orden de captura.