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Como una bola de nieve ha venido creciendo el escándalo por los millonarios recursos girados por el Gobierno con los que han sido beneficiados miembros de influyentes clanes políticos de la Costa Atlántica. El centro de la polémica es el manejo del programa del Ministerio de Agricultura Agro Ingreso Seguro (AIS), creado en abril de 2007 para paliar el impacto del TLC con Estados Unidos en el campo. Aunque se vendió esta iniciativa como la mejor herramienta para inyectarles recursos a los cultivadores, buena parte de estos dineros terminaron en manos de terratenientes, herederos de dinastías políticas y hasta de ex reinas de belleza.
Dos de los casos más llamativos son los de las familias Vives Lacouture y Dávila Abondano, quienes a través de distintas empresas han sido beneficiarios de programa de riego por más de $7.000 millones y $2.200 millones, respectivamente, unas cifras que para muchos constituyen un carrusel de exageradas ventajas que no tienen los campesinos del común. Un ex ministro del campo le dijo a El Espectador que el AIS “tiene un claro sesgo prorrico, pues ningún labriego puede acceder a participar en estos proyectos productivos por la cantidad de requisitos que se exigen. Cálculos dicen que sólo participar cuesta unos $12 millones”.
Y añadió: “Si el Gobierno no quiere aceptar que hubo corrupción, al menos sí que hubo un diseño excluyente de los beneficiarios del AIS”. Posición diametralmente opuesta a la esbozada por el viceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar, quien insistió en que los ganadores del programa cumplieron todos los requisitos para acceder a los subsidios. El director del AIS, Julián Alfredo Gómez —hijo del magistrado de la Corte Suprema, Alfredo Gómez—, explicó que “si dentro de los siete años siguientes a la adjudicación no se le da tratamiento adecuado a la infraestructura que se subsidió, el beneficiario tiene que devolver toda la plata”.
De acuerdo con las cifras del Ejecutivo, un total de 316 mil familias han resultado beneficiadas por el programa AIS, de las cuales el 85% pertenece a pequeños cultivadores y sólo el 2% a grandes productores. En los últimos tres años el Gobierno ha girado para 468 proyectos de riego más de $245 mil millones. A familias y empresas del Valle y Magdalena se les han adjudicado 123 proyectos. Sin embargo, el mayor monto desembolsado corresponde a firmas asentadas en Nariño, que han recibido poco más de $60 mil millones. Sostiene el Ministerio de Agricultura que, gracias al AIS, 85.360 hectáreas del país han sido favorecidas por los programas y sus dueños han derivado ganancias considerables.
El viceministro Salazar dice que sería injusto vetar a un aspirante porque uno de sus familiares ya fue favorecido con el subsidio del AIS. Nadie discute eso, pero, en concepto de analistas consultados, que una sola familia sea adjudicataria de subsidios por varios miles de millones de pesos tampoco parece muy equitativo. El columnista Armando Montenegro indica “que pocas veces en la historia se han orientado tantos recursos a tan escasos beneficiarios y con tan pocos y reprobables resultados”. Planteamiento que coincide con un estudio de 2008 de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, que estima que en los últimos siete años el Estado ha entregado subsidios y apoyos económicos que superan los $2 billones.
Mientras el Gobierno escuda su gestión en cifras redondas y requisitos técnicos legales cumplidos por los beneficiarios, en el Congreso ya se anuncian debates para escarbar en el asunto. El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo advirtió que los beneficiarios del AIS “son prestantes familias cercanas al solio presidencial” y, según Noticias Uno y la revista Cambio —quienes destaparon el escándalo—, también aportaron dineros para la recolección de firmas de la reelección. Por eso citará en los próximos días al ministro de Agricultura, Andrés Fernández Acosta. “¿Por qué les otorgan tantas gabelas a los ricos y nada a los tres millones de desplazados?”, se preguntó un ex ministro.