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A una semana de que la Fiscalía le imputara cargos por la cascada de señalamientos en el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS y tras varios meses de expectativa sobre la inminencia de su captura por testimonios que ponían en entredicho sus actuaciones, la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado se asiló en Panamá.
Su solicitud fue tramitada con el mayor sigilo y tras haber advertido que si le cabía responsabilidad en el sonado caso de las interceptaciones ilegales contra magistrados, miembros de la oposición y periodistas, era mucho menor que la de quienes la antecedieron en la dirección de la entidad.
El vecino país la acogió bajo la figura de asilo territorial, en una decisión que aunque es respetada por las autoridades colombianas, no dejó de causar roncha en algunas de ellas.
Así lo deja entrever el comunicado emitido por la Cancillería al decir que “lamentamos que teniendo una relación tan buena y tan fructífera como la que tenemos con el gobierno panameño, no nos hayan informado ni nos hayan comentado sobre este asunto…”. La concesión del asilo implicaría que el vecino país reconoce una persecusión política, asunto especialmente delicado en un tema como el de las ‘chuzadas’ y justo cuando el gobierno tiene información de que otros seis implicados en el escándalo piensan acudir a la misma vía para huir de la justicia.
Dado que su nueva situación en Panamá no significa el fin de los procesos en su contra —aunque sí dificulta el avance de los mismos—, Hurtado podría ser pedida en extradición por Colombia en caso de que la justicia así lo decida, tal y como lo afirmó el fiscal general (e), Guillermo Mendoza, al enterarse de la concesión del asilo, figura a la que en vano habían intentado acudir otros alfiles uribistas, como el ex senador Mario Uribe, quien lo pidió ante Costa Rica.
De hecho, la Procuraduría ratificó ayer la destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 18 años contra Hurtado y similares medidas contra los principales implicados en el escándalo, entre ellos el ex director del DAS Jorge Noguera, el ex subdirector José Miguel Narváez y el ex secretario de Presidencia Bernardo Moreno, quien envió ayer una carta al fiscal Mendoza asegurando que no piensa pedir asilo.
Hurtado sustentó su petición de asilo en la supuesta falta de garantías judiciales y la “constante filtración” de detalles de la investigación a los medios de comunicación, lo que, según dijo, la lleva a sentirse condenada con anterioridad.
El Fiscal General enfatizó que los delitos por los que se la investiga no son políticos sino comunes, como concierto para delinquir y violación ilícita de comunicaciones. Que no hay persecución y que la Fiscalía no actúa con criterios políticos. Y ante las críticas por el presunto retraso para imputar cargos, teniendo en cuenta que desde hace varios meses existían testimonios y pruebas que señalaban a la funcionaria de haber instigado o coordinado conductas irregulares de espionaje, dijo que los procesos no se pueden acelerar sin fundamento y sólo se toman decisiones cuando hay evidencia.
La concesión del asilo a Hurtado produjo duras reacciones en los sectores políticos y judiciales. El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, dijo que dicha figura fue consagrada para proteger a los perseguidos, no a los perseguidores.
A su vez, el ex candidato del Polo Democrático Gustavo Petro —víctima de las interceptaciones ilegales— señaló que esta decisión evidencia un plan para proteger al ex presidente Uribe y que la Cancillería hace agua ante la violación de los DD.HH. en Colombia: “No tomaron medidas a tiempo cuando fue dejado en libertad el terrorista Yair Klein y ahora permiten que un país vecino proteja a una delincuente”.
La ex senadora Piedad Córdoba, también afectada por las ‘chuzadas’, manifestó que “de la Corte Penal Internacional (Hurtado), no se podrá asilar en ninguna parte, porque lo que hizo configura un delito de lesa humanidad”. Y el ex presidente del Polo Carlos Gaviria sugirió que Hurtado pidió asilo “no sólo porque la estén investigando, sino porque las revelaciones que ha hecho dentro del proceso pueden poner en riesgo su seguridad”.
Rafael Pardo, presidente del Partido Liberal, consideró como un hecho sin precedentes el que se otorgue asilo a una persona procesada, cuando el asilo es “para defender a perseguidos por gobiernos por razones políticas”, mientras que el representante Iván Cepeda, otro de los que fueron seguidos ilegalmente, rechazó la fuga de la ex funcionaria y organizó un plantón para protestar frente a la Embajada de Panamá.
El círculo en torno a la responsabilidad de Hurtado por las interceptaciones y seguimientos ilegales del DAS entre 2007 y 2008, se ha ido cerrando con los testimonios de los ex directores de inteligencia y contrainteligencia de la entidad, Fernando Tabares y Jorge Alberto Lagos; la ex subdirectora de análisis Marta Leal, el ex director del GONI Germán Ospina y la ex detective Alba Luz Flórez, conocida como la Mata Hari.
Todos han señalado a Hurtado como quien ordenó y coordinó el espionaje ilegal. Tabares fue más específico y recordó un encuentro que sostuvo con Hurtado y el ex secretario general de Presidencia Bernardo Moreno, en 2007, en el que Moreno habría manifestado que el Presidente quería estar informado sobre las actividades de la Corte Suprema, Córdoba, Petro y el periodista Daniel Coronell. Hoy, la ex funcionaria busca escampar de la tempestad en Panamá, mientras las decisiones judiciales en su contra siguen caminando.