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Según la Fiscalía, la banda que perpetró el crimen era liderada por César Augusto Ruiz, alias Bigotes, y por el ataque se cobraron entre $1.000 y $1.200 millones. Una vez en la capital de la República, la bomba fue recogida por tres hombres subcontratados por Bigotes para que la llevaran al barrio Perdomo, en el sur de Bogotá.
Por seis días este artefacto fue escondido en una residencia desde la cual también se registraron varias llamadas a las 12 líneas identificadas por las autoridades. En la mañana de los hechos, el 15 de mayo, dos personas vestidas con overoles azules recogieron la bomba en el lugar. Así lo manifestó un testigo que está bajo la protección de las autoridades. Poco después la bomba le fue entregada a alias Carne, el menor de edad que finalmente puso sobre el costado izquierdo del vehículo blindado del exministro el artefacto explosivo. De hecho, resultó herido y por poco no es auxiliado por los demás integrantes de la banda.
La Fiscalía documentó cómo estas cinco personas prepararon y ejecutaron el atentado. Por medio de la identificación e individualización de 12 líneas telefónicas y su posterior interceptación se logró establecer los enlaces de esta organización con una oficina de cobro en Cali. En el análisis se detectó que las líneas celulares que tenían los miembros de esta banda habían sido compradas a finales de abril el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Se pudo determinar, además, una continuidad de llamadas entre estas líneas, las cuales aumentaron dos días antes del atentado.
Lo increíble para la Fiscalía es que las grabaciones de las llamadas mostraron que uno de los ejecutores intelectuales de este hecho fue Diego Fernando Tabares, alias Lucho, un delincuente con antecedentes por extorsión que purgaba una sentencia de 34 años de prisión, pero que, argumentando problemas de salud, desde su casa coordinó con Bigotes, Fernando Collazos, alias Fifi, y Nelson Aguirre, alias Apu, el ataque contra el exministro.
Al cierre de esta edición el juez 27 de garantías de Bogotá estaba a punto de tomar una decisión sobre los detenidos, imputados por los delitos de homicidio agravado con fines terroristas, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo, utilización de menores para actos delictivos y porte, fabricación y uso de armas privativas de las Fuerzas Militares. Ellos podrían enfrentar hasta 60 años de cárcel.