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Los acusados: siete miembros de la Comisión Italiana de Grandes Riesgos. El delito: homicidio múltiple. La historia: el 6 de abril de 2009 un terremoto de 6,3 grados en la escala Richter sacudió la ciudad de L’Aquila, dejando 309 muertos. Los integrantes del ente estatal son señalados de haber disminuido la alarma entre los habitantes de esta región, a pesar de que se venían presentando leves temblores de tierra durante los últimos cuatro meses.
La parte acusadora sostiene que uno de los señalados, Bernardo de Berandinis (quien fungía como jefe adjunto del Departamento de Protección Civil), había reiterado que los leves movimientos de tierra que se estaban sintiendo en L’Aquila no representaban “ningún peligro” y que en declaraciones a un canal de televisión local aseguró que “la comunidad científica me sigue confirmando que en realidad se trata de una situación favorable, es decir, de un flujo continuo de energía”. Seis días después, L’Aquila y varias pueblos de los alrededores estaban en ruinas.
En su defensa los científicos argumentan que con los medios que existen actualmente es imposible prever con precisión dónde y en qué momento va a ocurrir un terremoto, ni siquiera en una zona de gran actividad sísmica. Esa misma tesis comparten cerca de 5.000 científicos del mundo que firmaron una carta de apoyo a sus compañeros italianos de cara al juicio.
En un artículo de BBC Mundo los fiscales que llevan el caso aseguran que no se trata de un juicio a la ciencia y dicen ser conscientes de que no se puede predecir un terremoto. Lo que cuestionan en esta oportunidad es si los acusados hicieron su trabajo de forma adecuada, si evaluaron correctamente los riesgos y los comunicaron con claridad a las autoridades.