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Para la Fiscalía no cabe duda de que la escena del crimen del adolescente Diego Felipe Becerra Lizarazo fue adulterada. Para la jueza del caso, la duda persiste, aún más con respecto a la participación en el supuesto montaje de los coroneles de la Policía Nelson de Jesús Arévalo y José Javier Vivas. Esa fue la posición que esgrimió anoche la jueza del caso del joven grafitero, antes de notificar que Arévalo y Vivas, quienes el día que murió Becerra ejercían como comandante de la Estación de Suba y subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, respectivamente, debían ser puestos en libertad de manera inmediata.
La jueza aclaró que, a lo largo de la investigación por la muerte del joven grafitero, la Fiscalía “ha actuado de buena fe” y no ha emprendido una especie de persecución institucional, como lo manifestaron los defensores de los coroneles. Agregó, sin embargo, que no encontraba evidencias para concluir que ellos se habían involucrado en el complot que supuestamente se tejió para encubrir los hechos alrededor de la muerte del joven grafitero, ocurrida el 19 de agosto de 2011. Y, con más contundencia, dio un tiro directo al corazón de la investigación: “No me parece descabellado que los testimonios de los patrulleros fueron modificados para buscar un beneficio”.
Se refería a los tres testigos claves, revelados por la Fiscalía cuando comenzó la audiencia de imputación de cargos de estos dos altos oficiales hace una semana: los patrulleros Nelson Rodríguez y Freddy Navarrete, y el teniente de la Policía Rósemberg Madrid. El primero fue quien llevó en una patrulla al uniformado Wílmer Alarcón, luego de que éste le dijera que había recibido información de que se había cometido un robo cerca de la Avenida Boyacá con calle 116 (noroccidente de Bogotá). Minutos después de que hubieran salido a la calle, Alarcón se bajó del carro y empezó a perseguir a cuatro jóvenes. Ese episodio termina con un Diego Becerra, de 17 años, herido de muerte.
El llamado a juicio en contra de Rodríguez y Madrid por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, alteración de elemento material probatorio, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso y favorecimiento al homicidio se oficializó el pasado 21 de junio. A Navarrete le imputaron los mismos cargos en abril. Todos, para esas fechas, ya le habían confesado al fiscal del caso que habían visto cómo el coronel Nelson Arévalo les había pedido a dos policías de la estación del barrio La Alhambra que fueran al centro a comprar un arma para plantarla en la escena del crimen y así acreditar que el disparo de Alarcón contra Becerra había sido justificado.
La jueza, no obstante, señaló —además del asunto de los beneficios, que no está concretado a la fecha— que sobre la procedencia del arma que fue introducida en la escena del crimen no había más que especulaciones. “Si bien los informes de Medicina Legal concluyen que Becerra nunca portó un arma, eso no permite inferir que se hizo un pacto para alterar la escena del crimen y que en éste participaron los oficiales”, anotó la funcionaria judicial. Y agregó: “No está determinada la distribución de labores del pacto criminal y qué papel cumplió el coronel (Arévalo) en la modificación de la escena del crimen. No se permite establecer que fue Arévalo quien ordenó que (el arma) se implantara en la escena”.
El fiscal del caso, sin embargo, insistió y apeló la decisión. Para él, las confesiones de Navarrete, Rodríguez y Madrid no sólo han sido confiables, sino que le han permitido a la Fiscalía ir armando de a pocos el complejo rompecabezas tras la muerte del joven Diego Becerra. De acuerdo con la Fiscalía, los coroneles Arévalo y Vivas no sólo estuvieron presentes en la escena del crimen mientras ésta era alterada, sino que participaron activamente en el encubrimiento: Arévalo ordenó que se comprara el arma y pidió llamar al asesor jurídico de la Policía Metropolitana Héctor Hernando Ruiz Echavarría —también llamado a juicio— para que éste les indicara a los presentes qué decirles a las autoridades. Todo esto, con la aprobación de Vivas.
La jueza señaló, además, que los coroneles sólo se habían dado cuenta, por radio, de una situación de un robo y una persecución donde hubo un cruce de disparos, sin estar presentes en el lugar donde Diego Becerra recibió el tiro que causó su muerte. Algo que sí ha sido suficientemente establecido a la fecha es que el 19 de agosto de 2011 la Policía no pudo haber reaccionado a una alerta de robo hecha por el conductor de bus Jorge Eliécer Narváez Narváez por dos razones: porque en esa fecha la buseta que él conducía tenía pico y placa ambiental y porque, él mismo lo admitió, su vehículo fue atracado el 18 de agosto. Es decir, un día antes de que Becerra muriera.
El testigo Navarrete
Para la jueza, se trata de un testigo que se contradice. Para la Fiscalía, Freddy Esnéider Navarrete Rodríguez ha sido una pieza fundamental de la investigación. Al inicio de la investigación, reveló el teniente Madrid, Navarrete era uno de los principales interesados en que sólo se divulgara, ante las autoridades y la opinión pública, la versión sobre la muerte de Diego Felipe Becerra presuntamente pactada entre quienes estuvieron en el lugar de los hechos y el abogado Ruiz Echavarría. Sin embargo, Navarrete es hoy una pieza fundamental en esta investigación.
Entre otras cosas, este uniformado le reveló a la Fiscalía que alcanzó a ver a Diego Felipe con vida, antes de que entrara a la sala de urgencias de la Clínica Shaio: “Sabía que estaba vivo. Trataba de hablar, parpadeaba, cerraba los ojos y los volvía a abrir. Alarcón estaba en estado de shock, llorando, temblando y manifestaba que estaba embalado”. Y agregó que escuchó mientras Alarcón hablaba con un mayor, que ha sido identificado con el apellido Peña: “Yo creí que tenía una pistola, pero no sé si está allá. No sé si la tenía o no, lo que sí es que ellos estaban robando”. Navarrete aseguró que él y otros uniformados habían “dado vueltas” buscando el arma de Becerra, pero que no habían hallado nada.
La esposa del conductor
Nubia Mahecha Melo es la esposa de Jorge Eliécer Narváez. Él presentó una denuncia afirmando que el 19 de agosto de 2011 alertó a las autoridades de que Diego Felipe Becerra había asaltado su buseta, lo que, según el patrullero Alarcón, conllevó a que él lo persiguiera y finalmente lo “diera de baja”. Mahecha era quien recogía la plata de los pasajeros y, ante las autoridades, ella refrendó la versión de su esposo. La jueza determinó que ella sí debía permanecer con detención domiciliaria, que se cumplirá en la casa que tiene la pareja en un humilde barrio del sur de Bogotá, mientras las pesquisas de este polémico caso continúan. “Mi esposo se equivocó en la fecha, pero no está aliado con nadie”, le dijo Mahecha a la Fiscalía hace unos meses.
dduran@elespectador.com
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