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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y gremios de la salud convocaron este lunes a sendas marchas en Quito, tras la amenaza de médicos de renunciar en masa si se castiga la mala práctica profesional conforme a un nuevo código penal.
Correa salió al paso al llamado de protestas de médicos de algunos centros privados y públicos, y reiteró que no cederá a presiones para modificar el texto del código penal que sanciona la mala práctica profesional en cualquier oficio, no sólo médicos o enfermeros, con penas de hasta cinco años de prisión.
«Yo también llamo a las cuatro de la tarde (19H00 GMT) al pueblo ecuatoriano a la Plaza Grande, a defender a su gobierno, a demostrar que somos más», señaló el mandatario en una entrevista radial.
En diciembre, el Congreso de mayoría oficialista aprobó el nuevo código penal, aunque varios de sus artículos fueron vetados por Correa, excepto el que tipifica la mala práctica profesional. El texto fue devuelto al Parlamento, que deberá adoptar las modificaciones del mandatario en los próximos días antes de entrar en vigor.
«Es una nueva crisis totalmente injusta, totalmente ilegítima, incluso diría desleal. No hay gobierno que haya hecho más por los médicos», agregó Correa.
Gremios del sector cuestionan la parte del código relacionada con la mala práctica profesional por considerar que su redacción es ambigua y expone a los cirujanos a juicios penales por homicidio culposo.
A raíz de ello, «tres hospitales han llamado a movilizaciones«, dos privados y uno público, dijo a la AFP Alberto Narváez, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, acusada por el gobierno de hacer oposición política.
El artículo de la discordia
Los médicos amenazaron días atrás con renunciar en masa si se ratifica la norma y algunos han colgado sus batas blancas en las afueras de los hospitales en señal de rechazo.
Hasta el lunes, el servicio de salud era prácticamente normal en el país, salvo en centros como el de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca), en Quito, donde hubo retrasos en la consulta externa, constató un fotógrafo de la AFP.
El artículo que crispó los ánimos del sector fija una pena de tres a cinco años en casos de «muerte por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas«, y aplica a cualquier profesión u oficio.
Correa, que rechaza que el texto esté dirigido a los funcionarios de salud, insiste en que la justicia sólo podrá procesar a un médico si se configuran las tres condiciones (innecesaria, peligrosa e ilegítima), pero Narváez cree que la ley deja todo esto a libre interpretación.
Hay que «vetar o buscar otra redacción que sea más precisa para jueces y fiscales. Esa fue nuestra solicitud al presidente, pero él desestimó estos planteamientos y ahora de una manera prepotente interpreta como quiere», indicó el dirigente.
Por su parte, Correa dijo que no se quedará de brazos cruzados ante una eventual crisis sanitaria y reiteró que ordenó a las «embajadas, sobre todo de países de habla hispana, que empiecen a reclutar médicos».
«No me voy a quedar sentando mirando cómo se juega con la salud del pueblo ecuatoriano. Ya hemos activado planes de contingencia, ya tenemos una lista de más de 700 especialistas dispuestos a venir al país», sostuvo.
La Asociación de Facultades Ecuatorianas de Ciencias Médicas y de la Salud (Afeme) también pidió la modificación del polémico artículo. «No estamos en contra de un control a la actividad, pero nos preocupa esa ambigüedad del artículo, que lo deja a libre interpretación», señaló a la AFP Leonardo Bravo, director de esa organización.