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No fue un año fácil para la cúpula militar. Si bien empezó con un positivo efecto residual derivado de los golpes contra Jojoy y contra Cuchillo, jefe de la bacrim Erpac, y las cifras oficiales indicaban una disminución en las tasas de homicidio, durante el primer semestre, según un reciente informe del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, los ataques guerrilleros aumentaron 24% con respecto a 2010, sobre todo en departamentos como Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia, Valle y Cesar, y el secuestro creció 10%, mientras las acciones de la fuerza pública disminuyeron 4%. En forma paralela, las bacrim ganaron terreno y en las ciudades se deterioraron los índices de seguridad. Por otra parte, no faltaron escándalos, como el denunciado por Semana sobre privilegios a militares recluidos en Tolemaida, y denuncias por irregularidades en algunas contrataciones.
Esta situación, reforzada por encuestas que indicaban la percepción creciente del deterioro del orden público (74% según Invamer Gallup de junio), le cobró el más costoso peaje al ministro Rodrigo Rivera, la única cuota uribista del gabinete, y quien durante los once meses en el cargo tuvo más responsabilidades que autonomía para responder por ellas. Sin haber tenido arte ni parte en el nombramiento de dos de sus tres viceministros, ni en la escogencia del almirante Édgar Cely como comandante de las Fuerzas Militares, cayó muy mal entre el generalato del Ejército, acostumbrado a tener en la cúpula de la cúpula a uno de los suyos, y aunque habría podido capitalizar los exitosos operativos contra “objetivos de alto valor militar y político”, no logró hacerlo y terminó sacrificado en el altar de la seguridad, que se convirtió en el talón de Aquiles del Gobierno. Ni las Fuerzas Militares, ni el director de la Policía, general Óscar Naranjo, responsable de la seguridad ciudadana, la lucha contra las bacrim y el narcotráfico, pagaron tan alto como el ministro Rivera, que nunca superó el 22% de aprobación, mientras Naranjo no bajaba del 75% y las Fuerzas Militares del 76%.
Poco a poco se fueron sumando los factores que precipitaron su renuncia en agosto: la falta de liderazgo y de idoneidad para el cargo (Rivera no logró sintonizarse con los militares, ni ganarse el respeto, ni limar asperezas entre las fuerzas); la rebelión silenciosa del Ejército, cuyo punto más alto fue el llamado a calificar servicios del general Gustavo Matamoros, entonces jefe de Estado Mayor; las observaciones de analistas sobre el rezago de las Fuerzas Militares para asimilar y responder con eficacia al cambio de estrategia de la guerrilla, y las críticas cada vez más subidas de tono del expresidente Uribe contra el Gobierno porque, según él, había bajado la guardia en materia de seguridad y porque había disminuido la presión de las Fuerzas Militares sobre la guerrilla, debido a baja moral como consecuencia de la falta de seguridad jurídica. Ni siquiera el lanzamiento de la nueva estrategia de Seguridad y Defensa (mayo), le permitió al ministro revertir la pobre imagen que sobre su gestión se había formado la opinión y, además abandonado por el uribismo, pese a que se proclamaba continuador de la política de seguridad democrática, no tuvo más salida que dar un paso al costado.
El nombramiento de Juan Carlos Pinzón en su remplazo, muy cercano al presidente, experto en seguridad, conocedor de las entrañas del ministerio y con sangre militar en las venas, y el consecuente cambio en la cúpula, dieron nuevo aire al ministerio y dejaron la sensación de que, al designar en la comandancia de las Fuerzas Militares al general Alejandro Navas, tropero y gran estratega, el presidente le concedía la razón al Ejército. A diferencia de Rivera, la opinión de Pinzón influyó en los nombramientos.
El ministro Pinzón y el general Navas, que cuentan con la aceptación general y el respeto del generalato y las tropas, lograron ponerle punto final a las divisiones internas y que las relaciones entre las fuerzas volvieran a fluir en forma normal. Terminan el año con un sabor amargo, pues el triunfo de la ‘Operación Odiseo’ que dio de baja a Alfonso Cano, aunque crucial y palpable demostración de que la guardia y la moral siguen en alto, fue empañado por la cobarde y vil ejecución de tres miembros de la Policía y uno del Ejército por parte de las Farc, cuando las Fuerzas Armadas adelantaban un operativo que para la familias era de rescate, pese a que el ministro lo negara en repetidas oportunidades.
La institución castrense remata el 2011 con un punto a favor y otro en contra que ilustran los altibajos de una guerra de desgaste de casi medio siglo que ha sembrado la tierra colombiana de dolor, muerte y destrucción. Una guerra que va ganando el Estado pero en la cual, como asegura el general Navas, hace falta recorrer el trecho más empinado. Y a esto se suma la persistente amenaza de las bacrim y el reto de revertir los indicadores negativos de seguridad en las ciudades. Así las cosas, para los colombianos el año termina con un déficit en materia de orden público.