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En el despacho del procurador de Derechos de Humanos, desde el pasado 31 de enero reposaba el fallo disciplinario de primera instancia, hecho publico el jueves, contra 17 militares que participaron el 22 de mayo de 2006 en la “matanza de Jamundí”, en la que asesinaron a 10 policías y a un civil.
La masacre ocurrió cuando los policías llegaron en tres camionetas a un hospicio psiquiátrico del que se tenían pistas sobre un almacenamiento de drogas. Antes de entrar, los fusilaron por la espalda.
José Luis Ortiz del Valle Valdivieso fue el procurador que adelantó la investigación y, al igual que la justicia penal, quedó convencido de que detrás de la operación que ordenó el coronel Bayron Gabriel Carvajal Osorio, comandante del Batallón de Alta Montaña, hubo un plan criminal.
Casi cinco años después de los hechos, Ortiz del Valle decidió en primera instancia destituir de sus cargos e inhabilitar por veinte (20) años al coronel Carvajal; al teniente Hárrison Eladio Castro Aponte, comandante del Grupo Lince; a tres sargentos, dos cabos y a 10 soldados, por “emboscar y matar a los policías, a los que llevaron bajo engaños al sector de Potrerito en Jamundí, para darles de baja”, dice la sentencia.
A pesar de la extensa providencia, en la que el representante del Ministerio Público analiza testimonios, pruebas técnicas y argumenta los motivos para sancionar a los militares, debió pasar casi un mes desde que firmó la sanción para que esta saliera a la luz pública.
“El fallo lo firmé el pasado 31 de enero cuando era procurador de Derechos Humanos, cargo que desempeñé hasta el pasado 9 de febrero, cuando me vi obligado a renunciar”, indicó a través de un correo electrónico del 23 de febrero. En su reemplazo nombraron a Rafael Durán.
Pero el funcionario va más allá al indicar que se enteró de que en algún momento hubo intenciones de cambiar el sentido del fallo.
En su providencia deja claro cómo el coronel Bayron Gabriel Carvajal, junto al oficial al mando de la tropa que cometió el ataque y el sargento de inteligencia del Batallón de Alta Montaña estuvieron en contacto para coordinar el “golpe”. Y a pesar de que los militares indicaron que fue un fatal error de “fuego amigo” durante una operación antisecuestro, dice el exprocurador que son más los elementos que comprueban que fue un crimen premeditado.
Hechos como que los militares sí tuvieron contacto con Luis Eduardo Betancourth, el civil que llevó a los policías hasta el sitio de la matanza; la manipulación de la escena del crimen, la manera como asesinaron al informante a sangre fría y el relato de dos testigos presenciales fueron claves.
“Se desprende con certeza que modificaron la posición del cuerpo de Betancourth, pues inicialmente estaba boca abajo. Cuando los militares se acercaron, encontraron que estaba con vida y lo tomaron por el pasamontañas para dispararle en la cabeza. Todo lo percibió Betancourth estando vivo, prueba de ello es la lágrima hallada en su rostro”, dice el fallo.
“No hay duda de que el día 22 de mayo de 2006 los militares dieron muerte a 10 policías y a un civil, simulando un combate que nada tiene que ver con el ejercicio pulcro de sus funciones”, concluye el fallo.
De acuerdo con la jefa de Prensa del Ministerio Público, Ortiz del Valle no salió de la Procuraduría, sino que lo trasladaron a otra dependencia de la institución.
Por la “matanza de Jamundí” la justicia penal condenó a los militares procesados.