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Al menos en materia disciplinaria, la suerte del contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, y del exrepresentante a la Cámara Germán Olano Becerra, ambos investigados por el llamado cartel de la contratación en la capital, podría definirse este lunes. La primera decisión, en la continuidad de la audiencia pública que comenzó el pasado viernes, la tomará el procurador general, Alejandro Ordóñez, y será sobre si atiende o no las peticiones de la defensa. Los abogados defensores solicitaron que se declare la nulidad como prueba de la grabación de una conversación entre Olano y el empresario Miguel Nule, y que la investigación disciplinaria se haga dentro de un procedimiento ordinario y no abreviado oral, como el que se realiza.
La grabación, dada a conocer el 25 de junio pasado por Caracol Radio, es, al entender de muchos, el punto de partida de la investigación del escándalo, debido a que fue precisamente luego de su divulgación que los organismos competentes decidieron abrir indagaciones preliminares sobre el presunto cartel de contratos.
En dicha conversación se escucha cómo supuestamente el exrepresentante Olano solicita a Nule una comisión para el contralor, a cambio de un trato favorable de este último en su control fiscal. Los abogados de Olano y Moralesrussi (Diego Corredor y Álvaro Montoya, respectivamente) dijeron el viernes al procurador Ordóñez que la consideran una prueba “ilícita”, pues fue tomada sin una orden judicial y no estuvo todo el tiempo en cadena de custodia.
En concepto de dos de los concejales que han liderado las denuncias contra el llamado cartel de la contratación, Carlos Fernando Galán y Antonio Sanguino, la grabación hace parte de un grupo de pruebas “que se complementan entre sí”.
“Lo dicho allí se corrobora con las actuaciones del contralor en 2008 y 2009, cuando tuvo una actitud complaciente con los contratos del grupo empresarial Nule, la cual cambió en 2010, justo cuando tuvo varios encuentros privados con Guido Nule”, aseguró Sanguino.
En igual sentido se pronunció Carlos Galán, quien recordó que, según el pliego de cargos que la Procuraduría imputó a 17 funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el contralor le habría recomendado al IDU a través de un memorando que flexibilizara los requisitos para acceder al anticipo de un contrato que tenían los Nule. “Todas son piezas de un mismo rompecabezas”.
El concejal Sanguino respondió, además, a lo declarado el viernes en la audiencia por el contralor, quien aseguró no conocer al empresario Julio Gómez. “No lo conozco. Lo he visto creo que una vez en mi vida”, dijo Moralesrussi.
Sanguino le entregó a este diario los registros de entrada a la Contraloría, entre 2009 y 2010, en los que se evidencia que al menos en cuatro ocasiones Gómez visitó el despacho de Moralesrussi (ver facsímiles).
Según el pliego de cargos que el procurador Ordóñez leyó a Olano y a Moralesrussi, el empresario Julio Gómez presenció una de las reuniones en las que supuestamente el contralor pidió dinero a los Nule.
¿Proceso ordinario?
Los defensores de Germán Olano y de Miguel Ángel Moralesrussi también pidieron al procurador Ordóñez reconsiderar el proceso disciplinario oral y abreviado (que se podría surtir en unos dos meses) por un procedimiento ordinario (que tardaría en acabarse más o menos un año).
¿Las razones? Según los dos abogados, los cargos que la Procuraduría imputó a los investigados (concusión e incremento patrimonial injustificado, para ambos, y no haber presentado su declaración de renta entre 2007 y 2010, sólo en el caso de Olano) no cuentan con el suficiente fundamento probatorio. Para ellos, es meritorio un proceso ordinario.
El exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez explicó que la diferencia fundamental entre ambos tipos de procedimiento en la Procuraduría consiste en que “el abreviado se da cuando ya se tienen todas las pruebas y se considera que éstas son muy contundentes”. Asimismo, “cuando se trata de un caso de impacto social y político”.
“En realidad, el abreviado oral es un procedimiento que poco se ha usado en el país”, agregó.
El exfuncionario también se refirió a la prueba de la grabación y su supuesto carácter “ilícito” recordando que “en el pasado muchos procesos se han caído por esto. Sin conocer a fondo el caso, cualquier prueba debe ser legalmente producida”.
Precisamente, Gómez Méndez era fiscal general en los tiempos del famoso caso conocido como el “miti-miti”, cuya prueba inicial fue la grabación de una conversación telefónica entre los exministros de Estado Saulo Arboleda y Rodrigo Villamizar. En ese proceso, por ejemplo, esa prueba fue considerada como “ilícitamente adquirida”, aunque eso no evitó que siguiera la investigación.
“Decidí que el fundamento de las decisiones no estaría en la grabación, sino en la verificación de unos hechos”, explicó el exfiscal.
¿Qué pasará en el proceso de Germán Olano y Miguel Ángel Moralesrussi? En materia disciplinaria, la respuesta sobre el carácter probatorio de la grabación la dará este lunes el procurador Alejandro Ordóñez. Los dos personajes enfrentan investigaciones también en la Fiscalía (Moralesrussi) y en la Corte Suprema de Justicia (Olano), cuyos pronunciamientos no están necesariamente atados a los del Ministerio Público.
La ciudad política, alborotada con el escándalo del cartel de la contratación, estará este lunes pendiente de la suerte que corran dos investigados que insisten en que son inocentes.
