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El avispero político en que se había convertido Medellín por cuenta de los señalamientos contra el alcalde Alonso Salazar por parte del ex candidato Luis Pérez, quien hace poco más de un mes lo acusó de haber recibido apoyo de los paramilitares en la campaña que lo llevó a la Alcaldía, se acabó de alborotar el martes. En un comunicado expedido desde la cárcel donde se encuentra recluido en Estados Unidos, el ex jefe de las autodefensas Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aseguró que a través de varios líderes comunitarios “se dio apoyo de carácter económico y en publicidad” a Salazar.
En la carta, fechada el 5 de diciembre y enviada a la Fiscalía, el ex comandante del bloque Cacique Nutibara de las Auc señala que “para evitar problemas de carácter legal, se acordó que el contacto entre Salazar y él sería a través del abogado Gilberto Gómez Jaramillo”, esposo de una hermana del burgomaestre. Don Berna, quien se encuentra detenido en el Metropolitan Correctional Center de New York, habla de una reunión en 2003, en Córdoba, con Carlos Castaño y Salazar, en la que se acordó desmovilizar la estructura del Cacique Nutibara y revela que, como Secretario de Gobierno en la administración del alcalde Sergio Fajardo, éste lo visitó varias veces en la cárcel de Itagüí para “tratar asuntos relacionados con la situación social de Medellín”.
El ex jefe paramilitar dice también estar “dispuesto a corroborar” sus afirmaciones ante las autoridades que lo requieran, “desde mi sitio de reclusión en los Estados Unidos”. Y concluye: “El país algún día entenderá que nuestra lucha, con sus errores y sus éxitos, contó con la colaboración de muchas personas. No somos los únicos responsables del conflicto que aún continúa enlutando a nuestra patria. Podemos estar encarcelados, pero la verdad nadie la podrá callar”.
En unas primeras declaraciones a los medios de comunicación, Salazar manifestó no conocer la carta de Don Berna y dijo estar “absolutamente tranquilo” y “ansioso” de que la Fiscalía lo llame para aclarar la situación. Ya desde cuando Luis Pérez le hizo los primeros señalamientos, el burgomaestre había respondido que se trataba de “intereses de rivales políticos” que buscaban “deslegitimar” su gestión y, de esta manera, “afectar la imagen de Fajardo”, actualmente en campaña a la Presidencia de 2010.
Pero más allá de las pugnas políticas entre ganadores y perdedores en las pasadas elecciones, la carta de Don Berna es un capítulo más del enfrentamiento entre el alcalde Salazar y la Corporación Democracia, organización no gubernamental creada tras la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara y que hoy aglutina a cerca de 4.000 de sus ex combatientes.
En julio pasado, tras el asesinato de Antonio López, alias Job —mano derecha del ex jefe paramilitar—, dicha Corporación expidió un duro comunicado en el que denunció que Salazar tenía una amistad de “vieja data” con Job, la cual “nació cuando los dos formaban parte de una estructura política afín a la guerrilla del Eln”. Y hace un mes, el reinsertado John William López, alias Memín, aseguró que fueron los líderes desmovilizados los que movieron sus fichas en las comunas de Medellín para favorecer la candidatura de Salazar en 2007.
Ahora, ante la nueva carta de Don Berna, Jovani de Jesús Marín Zapata, vocero de la Corporación Democracia, señaló que si bien la misiva contiene cosas que ellos no conocían, se confirma la versión sobre los votos que se le consiguieron al hoy alcalde a través de líderes comunales. “La instrucción para este apoyo me la dio Don Berna a mí. Yo me reuní con Alonso Salazar pocos días antes de las elecciones, con el hoy gerente de EPM —quien era su jefe de campaña—, y allí se formalizó lo de la ayuda. Él dijo que listo, que lo aceptaba. Fue Salazar quien solicitó el apoyo a través mío y de Job y así pasó”, dijo Marín Zapata.
En agosto pasado, en una entrevista para El Espectador, el alcalde Salazar manifestó que si bien la gran masa de reinsertados ha cumplido lo pactado en la desmovilización, unos 180 han muerto asesinados, “la mayoría entre ellos mismos”, mientras que otros 300 o 400 han reincidido en acciones criminales. “No les gusta que lo diga pero ha sido así. Han reincidido en formas de delincuencia común, robo de autos, atracos, formas extorsivas, homicidios”. Y al preguntarle por el poder que seguían manteniendo los denominados mandos medios de los paramilitares, como alias Job, respondió: “Sí señor. No me pida nombres porque me denuncian por calumnia, pero ellos lo saben que conozco acciones delictivas de algunos de ellos y que hago esfuerzos por judicializarlos”.
La situación de los desmovilizados en Medellín ocasionó también un choque entre Salazar y el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien hace poco ante una pregunta por su distanciamiento del proceso de reinserción en Medellín dijo que se debió al “juego” que Fajardo y Salazar le habían dado a Don Berna y a Job. El Alcalde, por su parte, acusó a Restrepo de politizarse y querer evadir la responsabilidad, “haciéndole el favor a no sé quién pero buscando dejar una sombra de duda sobre Fajardo”.
En la polarizada Medellín de hoy, los defensores del Alcalde dicen que todo es un “complot” orquestado por los “viudos del poder”, refiriéndose a aquellos que perdieron las elecciones y que, según dicen hoy buscan la revocatoria del mandato de Salazar. Hay quienes aseguran también que al burgomaestre le están cobrando el haberse metido con los Valencia Cossio. Como se sabe, desde 2004, cuando era secretario de Gobierno, el Alcalde había denunciado la infiltración del narcotráfico en las altas esferas de la Fiscalía Seccional de Antioquia, entonces bajo el mando de Guillermo León Valencia Cossio —hermano del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio—, hoy detenido por presuntos nexos con la banda del narcotraficante alias Don Mario.
Pulso político o no, Medellín está en una encrucijada y bien se podría decir que su gobernabilidad está en juego. Falta ver si la Fiscalía le da crédito a la confesión tardía de Don Berna, y decide abrir investigación preliminar en contra de Salazar. Lo que sí queda claro es que el proceso de desmovilización paramilitar en la capital antioqueña, el primero realizado en el país y que debería servir como modelo, denota unas grietas que, por lo visto, nadie se ha atrevido a ver.
La Corporación Democracia en Medellín
En diciembre de 2003, el Gobierno, a través del comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, reconoció a la Corporación Democracia como la organización representante de los reinsertados del bloque Cacique Nutibara de las autodefensas.
En este sentido, dijo que a partir de ese momento sería con ella con la que mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación. En coordinación con la Alcaldía de Medellín y la misma Corporación, serían los encargados de diseñar los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de reinserción.
Sin embargo, con el paso de los meses, la oficina del Alto Comisionado se fue alejando del proceso, al tiempo que con la llegada de Alonso Salazar a la Alcaldía de la capital antioqueña, las relaciones entre la administración y los desmovilizados se resquebrajaron totalmente.
En una reciente entrevista con El Espectador, el consejero presidencial para la reintegración, Frank Pearl, reconoció que “en Medellín hubo personas que se desmovilizaron y que nunca entraron al proceso”. El funcionario habló de “mandos medios que se dedicaron al negocio del narcotráfico”, lo que ha generado “una disputa por los activos, los testaferratos, el control de las oficinas de sicarios y una guerra entre las bandas de ‘Los Paisas’ y de ‘Don Mario’.