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Por el bombardeo al caserío de Santo Domingo (Arauca), el 13 de diciembre de 1998 —donde murieron 17 civiles y otros 26 resultaron heridos—, la justicia ya estableció la responsabilidad del Estado: en dos instancias fueron condenados los tripulantes del helicóptero de la Fuerza Aérea que lanzó la bomba clúster; la Procuraduría los sancionó disciplinariamente y el Tribunal Administrativo de Arauca condenó a la Nación al pago de $5.758 millones por concepto de “reparaciones e indemnizaciones del caso Santo Domingo”.
No obstante, hace dos semanas apareció de la nada un fallo que podría cambiar la historia de este expediente. Un juzgado de Arauca concluyó que las Farc fueron las responsables de la muerte de los 17 civiles. Lo curioso es que la sentencia del juez Rodrigo Rodríguez Barragán se profirió el 31 de enero de 2011, es decir, hace casi 14 meses, y nadie la apeló. ¿Por qué apenas trascendió ahora? El abogado de los pilotos condenados de la FAC, Fernando Vargas, sostuvo: “Fue una sorpresa (…) la encontramos sin querer; una búsqueda en Google nos llevó al documento. Al conocerla nos dimos cuenta de la importancia que tenía”.
Y sí que la tiene. El abogado Eduardo Montealegre —uno de los ternados para la Fiscalía—, en calidad de representante del Estado, el pasado 9 de marzo le hizo llegar Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) copia del fallo del juez Rodríguez Barragán que sostiene en 44 páginas que el crimen de los civiles en Santo Domingo fue ordenado por Germán Suárez Briceño, alias Grannobles, comandante de las Farc en Arauca. Ante la CIDH fue demandada Colombia por varios colectivos de derechos humanos que le atribuyen a la FAC la muerte de estas 17 personas, tal como lo ha sentenciado la justicia en dos ocasiones, la última en septiembre de 2009.
El Espectador conoció que la fiscal (e) Martha Lucía Zamora está muy preocupada con el súbito giro del expediente, ya que al analizar la sentencia del Juzgado de Arauca muchos vacíos han salido a relucir. Por ejemplo, que ese proceso investigaba a las Farc por las muertes de nueve militares durante enfrentamientos con la guerrilla en Arauca, pero nunca se acreditaron como víctimas en este caso los 17 civiles asesinados el 13 de diciembre de 1998. La sentencia, además, obvia los fallos en los que se condena a los tenientes de la FAC César Romero Pradilla y Johan Jiménez, y al técnico Héctor Mario Hernández y, en cambio, atribuye todo a la explosión de un camión bomba de la guerrilla.
Un enredo de 13 años
El Tribunal Superior de Bogotá estableció que el helicóptero de la FAC, con matrícula 4407, sobre las 10 a.m. del 13 de diciembre de 1998 lanzó una bomba clúster o de racimo sobre la población civil de Santo Domingo. Diecisiete personas murieron, incluyendo seis niños, y otras 26 resultaron heridas. Un día antes la FAC había detectado una aeronave que aterrizó en zona rural de Tame, que llevaba armas y dinero con destino al frente 10 de las Farc, y que iba a llevar al Vichada 1.300 kilos de cocaína de regreso. Una conversación interceptada entre Jojoy y Grannobles reveló todos estos detalles.
El Ejército emprendió la persecución, que duró cuatro días y múltiples combates, en donde resultaron muertos nueve integrantes del Batallón de Contraguerrilla Número 36. Otros 16 militares resultaron heridos. La Fiscalía inició dos investigaciones paralelas sobre estos dos episodios. En la primera contra los pilotos de la Fuerza Aérea por el bombardeo en Santo Domingo. La otra contra la guerrilla por el crimen de los uniformados. De esta investigación nada volvió a saberse por años, hasta que el juez de Arauca resultó con la tesis de que ambos expedientes eran uno solo y que la responsabilidad única era de las Farc.
En contraste, sobre el caso Santo Domingo, ya ha habido muchos pronunciamientos judiciales. El caso ha sido protagonista de incontables polémicas. La primera en mayo de 1999, cuando la justicia penal militar (JMP) archivó la investigación contra los pilotos que lanzaron el explosivo. El caso lo revivió la Fiscalía en mayo de 2000 al llamar a indagatoria a los miembros de la FAC. La JPM reclamó de nuevo el caso, pero la Corte Constitucional en 2002 determinó que el expediente debía ser conocido por la Fiscalía. Ese mismo año la Procuraduría sancionó a los pilotos. En septiembre de 2007 un juzgado de Bogotá los condenó.
El Tribunal de Bogotá, dos años después, aumentó la pena del capitán César Romero y del teniente Johan Jiménez a 380 meses de prisión y ordenó indagar al coronel Sergio Garzón. En 2009 el Ministerio de Defensa pagó al representante de las víctimas del bombardeo más de $5.758 millones. Es decir, en todos los escenarios el Estado había asumido la responsabilidad de este episodio. De hecho, en escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Cancillería reconoció que se habían llegado a acuerdos de reparación con los familiares de las víctimas y puso como ejemplos las sentencias contra los pilotos de la FAC para demostrar que sí ha habido justicia.
Conversaciones comprometedoras de los pilotos, pruebas forenses del FBI, entre otras piezas procesales, hicieron que la Comisión Interamericana determinara la responsabilidad en el caso Santo Domingo de los miembros de la Fuerza Aérea. Con este fundamente llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este punto entró el abogado Eduardo Montealegre a defender a Colombia en el sistema interamericano. Consultado ayer por El Espectador, Montealegre sostuvo que la novedosa sentencia de Arauca respalda la tesis del Estado en el sentido de que los responsables de la muerte de los civiles en Santo Domingo fueron las Farc.
Añadió que los fallos contra los pilotos de la FAC no están en firme, pues falta que se pronuncie la Corte Suprema, que todavía no se ha conocido toda la verdad en este expediente, que “Colombia afirma categóricamente que las muertes producidas allí se dieron como consecuencia de un carro bomba de las Farc” y que aunque la sentencia de Arauca trascendió hace apenas dos semanas, “nosotros la conocimos desde el año pasado”. Montealegre aportó el polémico fallo a la CIDH. El Estado modificó de cabo a rabo su defensa. Abogados de los pilotos reiteraron la tesis de “un falso positivo judicial”.
Yomari Ortegón, abogada de las víctimas del caso Santo Domingo, dijo que el juez de Arauca Rodrigo Rodríguez “tarde que temprano será investigado por prevaricato”, pues a Grannobles lo estaban enjuiciando por el crimen de los soldados, no por el bombardeo que mató a los 17 civiles. “La Fiscalía es la que investiga el ámbito del juicio, en este caso la responsabilidad de Grannobles se circunscribe a los combates en los que murieron los miembros del Ejército. El juez no podía proferir esa sentencia, en donde inexplicablemente amplía la responsabilidad de Grannobles en el crimen de los 17 civiles. Dicho de otro modo, si a usted lo investigan por robo no lo pueden condenar por homicidio”.
En la controvertida sentencia de Arauca, los defensores de las víctimas aducen que para apoyar la tesis de la responsabilidad de las Farc el juez incluyó testimonios de desertores de ese grupo ilegal que fueron desechados antes. Incluso se pidieron investigar a estos exguerrilleros por falso testimonio. Penalistas consultados por este diario aseguran que el juez no podía pronunciarse sobre hechos que no estaban en el expediente y mucho menos acreditar como víctimas de las Farc a quienes nunca aparecieron en la investigación. En síntesis, que no podía meter en la misma bolsa dos hechos distintos.
En la Fiscalía la preocupación ronda porque nadie se percató de la sentencia de Arauca, que hoy es exhibida en escenarios internacionales para probar que el Estado no fue el culpable de la muerte de 17 civiles. Los familiares de las víctimas interpondrán una tutela en los próximos días contra el polémico fallo. Mientras este barullo judicial se resuelve, lo cierto es que hay dos sentencias contrarias que atribuyen responsabilidades distintas al Estado y a las Farc por el crimen de Santo Domingo. “¿Cuál será la posición de la Fiscalía si el elegido para reemplazar a Viviane Morales es Montealegre?”, se preguntó alguien cercano al expediente.
Contratos de Montealegre con Saludcoop
Cerca de $4.700 millones recibió Eduardo Montealegre, ternado a la Fiscalía, por ser uno de los asesores de la cuestionada EPS Saludcoop. Así lo reveló Noticias Uno, dejando en evidencia que las autoridades investigan si los pagos a Montealegre salieron del Fosyga o de recursos propios de la EPS, como lo asegura Montealegre, quien también admitió su amistad con el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino. Por otra parte, divulgó Caracol Radio, Montealegre habría recibido más de $1.000 millones de la Presidencia por asesorías entre 2010 y 2011, referentes a demandas ante el Sistema Interamericano.