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En la crónica de un sobrecosto anunciado se ha convertido el ensanche de la capacidad de transporte del gasoducto entre el campo gasífero de Ballena (La Guajira) y Barrancabermeja (Santander), estimado inicialmente en US$170 millones y que debido a cadena de imprevisiones ha generado sobrecostos superiores a US$100 millones. Lo más preocupante es que parte de los platos rotos la pagarán los usuarios industriales y domiciliarios del interior del país, a través de “cómodas cuotas mensuales” de US$0,12 ($243), que se comenzaron a cobrar en las facturas y que se extenderán por tres años.
De la ampliación se viene hablando hace ocho años, pero se le dieron largas. Las obras comenzaron a finales de 2008 y estaba previsto que las entregaran este mes. Pero en el cuarto trimestre de 2009 apareció un imprevisto que hizo prender las alarmas: el fenómeno de “El Niño”. La temporada seca obligó a prender todas las plantas termoeléctricas de generación de energía del interior de Colombia, varias de las cuales operan con gas natural, para que el país no quedara sumido en la oscuridad.
Con tan mala suerte que la ampliación no estaba lista y Ecopetrol no pudo cumplir con los contratos de suministro de gas que tenía firmados con las termoeléctricas.
Viendo lo complicado de la situación, el Ministerio de Minas y Energía se apresuró a sacar una resolución (la 181686, del 2 de octubre de 2009) que permitió que el faltante de gas para la operación de las térmicas se sustituyera por “combustibles líquidos” (diésel, que también suministra Ecopetrol).
Pero los precios de los dos combustibles eran diferentes: mientras el millón de btu de gas estaba en US$3 o US$4, el de diésel oscilaba entre US$21 y US$22 por millón de btu (medida de energía), lo que originó los sobrecostos.
Ecopetrol y los industriales sostienen que ya se empezó a cobrar el cargo adicional, pero, por otro lado, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Javier Augusto Díaz, señaló que la aplicación de la medida hasta ahora se está analizando y concertando con el Ministerio de Minas. Díaz dijo que la resolución está vigente y se van a hacer los cobros, que la CREG estima en US$80 millones y no en US$100 millones, como lo consideran los industriales.
Estaba cantado
El incumplimiento en el suministro de combustible por parte de Ecopetrol se venía dando tiempo atrás, lo que representó la imposición de multas a la petrolera, consideradas bajas por los industriales. Hay antecedentes como la sanción que le impuso la Superintendencia de Servicios Públicos, por $400 millones, que se oficializó el 20 de enero pasado y que corresponde a incumplimientos de 2006.
Así se manejó la situación hasta cuando “El Niño” puso el asunto al descubierto. Incluso, antes de la emergencia climática, cuando entrarían en operación termoeléctricas como Termo Sierra y Termo Centro, el sistema eléctrico del país “hacía agua”, porque la capacidad de suministro de gas para su funcionamiento no era suficiente.
Los sobrecostos ocasionados por las multas y por alimentar las plantas térmicas con combustibles líquidos pasan hoy de US$100 millones. El Ministerio de Minas le dijo a la CREG que estableciera un sistema para repartirlos, como quedó establecido en la Resolución 041 del 16 de marzo de 2010, en la cual se fijaron los criterios: cuánto costaban las multas a Ecopetrol y cuál habría sido el costo si el gas se hubiera entregado a tiempo. El primer punto se calculó en US$50 millones y el segundo en US$15 millones; los US$35 millones restantes se dividieron entre la demanda del interior del país, es decir, los usuarios.
Para que el golpe no fuera tan duro se estableció que lo que les correspondía a estos últimos (industriales y hogares) se distribuyera en el tiempo, y quedó en US$0,12 por millón de btu, durante tres años, que, sin anunciarse, se están cobrando en las facturas que empresas como Gas Natural, Gases de Occidente o EPM les cobran a los clientes finales, a partir del consumo de abril pasado.
Al ser consultado el Ministerio de Minas sobre el tema, explicó que el mayor costo por sustitución de combustibles es de $86 mil millones, lo que le representará al usuario del interior del país (4,1 millones de usuarios) $200 mensuales en la factura.
Este valor fue cuantificado por el Centro Nacional de Despacho y lo empezó a trasladar paulatinamente, durante 24 meses, y no 36, como dicen los industriales, a los usuarios del servicio, contados a partir de febrero de 2010. Sin embargo, los industriales y Ecopetrol señalaron que el cobro se hizo en la factura de mayo. Entonces, ¿a quién creerle?
¿Por qué no se hizo la ampliación a tiempo?
La encargada de realizarla era la Transportadora de Gas Internacional (TGI), antes Ecogás, que hoy hace parte del Grupo Empresa de Energía de Bogotá. El tubo tiene en la actualidad una capacidad para transportar 190 millones de pies cúbicos al día, y la primera etapa del ensanche la aumentaría a 270 millones de pies cúbicos.
Pero TGI no inició las obras hasta cuando Ecopetrol le garantizó que las capacidades adicionales de gas transportado se iban a comprar por parte de las generadoras térmicas y prefirió pagar unas multas pequeñas y aguantar por varios años la firma de este contrato.
A finales de 2008 se decidió que la ampliación sería de 80 mil millones de pies cúbicos y se comenzaron los trabajos: montar una serie de compresores en diferentes puntos del gasoducto, cuya primera etapa quedaría lista en el segundo trimestre de 2010. Con tan mala suerte que apareció el fenómeno de “El Niño” y la ampliación no estaba lista.
Ecopetrol explicó que la venta de Ecogás, en diciembre de 2006, fue una de las causas que retrasaron el ensanche y que no era la indicada para dar la orden de ampliación. Hace unos años, la petrolera suscribió el contrato con TGI, pero sólo el año pasado, justo unos meses antes del fenómeno de “El Niño”, se empezó la ampliación del tubo.
Pero hay confusión, o la CREG la quiere crear. Mientras que Ecopetrol, los industriales y el propio Ministerio de Minas y Energía señalan que el sobrecargo en la tarifa ya se está cobrando, la Comisión de Regulación de Energía y Gas sostiene que se está analizando con el Ministerio a quién se debe cobrar el monto y durante cuánto tiempo.
Lo cierto es que la falta de previsión generó costos adicionales que todos vamos a pagar y que no fueron comunicados.