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No es de ahora, cuando se anuncia por parte del Ministerio Público la destitución y sanción con 15 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Desde hace ya un buen tiempo el país político había puesto sobre la mesa la discusión en torno al “ilimitado poder” de la Procuraduría para decidir quién se queda y quién se va de la vida pública. Más aún cuando a la hora de poner la lupa sobre sus actuaciones —en este caso sobre Alejandro Ordóñez— el blindaje es casi impenetrable, pues pareciera que ni la Corte Suprema de Justicia ni el Consejo de Estado tienen los ‘dientes’ suficientes para asumir esa tarea.
“Como ministro de Justicia, creo que hay que revisar la ley constitucional que le permite a un funcionario inhabilitar a personas que han sido elegidas por el voto popular”, dijo ayer Alfonso Gómez Méndez, revelando además que dicha propuesta estaría contemplada en la reforma a la justicia que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos presentará el próximo año al Legislativo. Una idea que incluso podría incluir las opciones de que el jefe del Ministerio Público sea elegido mediante voto popular, se amplíe su período y no haya reelección. Ayer, en un comunicado público, la Presidencia señaló que “respeta la decisión de la Procuraduría” y pidió “respetar los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el alcalde Gustavo Petro”.
Lo cierto es que la destitución del burgomaestre es una decisión con consecuencias aún incalculables en el escenario político nacional. Hay quienes creen incluso que podría tener efectos en las negociaciones que se adelantan con las Farc en La Habana, teniendo en cuenta que Petro, desmovilizado del M-19, es visto como un ejemplo exitoso de un proceso de paz y el grupo guerrillero ya se ha pronunciado al respecto: “Con Gustavo Petro mantenemos políticamente algunas distancias. Pero a Petro, un alcalde independiente, no inscrito en el bipartidismo y elegido por voto popular, no le perdona Ordóñez su compromiso con la defensa de lo público, ni su visión incluyente de ciudad”, manifestó en octubre pasado Iván Márquez, líder de la delegación de las Farc en Cuba.
Para Alfonso Prada, representante a la Cámara del Partido Verde, si bien no se puede decir que el caso de Petro es “un petardo al proceso de paz”, sí es un “mensaje negativo que puede impactarlo, al ser un dirigente reinsertado que fue elegido popularmente”. Y Clara López, candidata presidencial del Polo Democrático, es de las que piensan que, desde la óptica disciplinaria, “es muy criticable el poder y esa función que tiene la Procuraduría, que tiene un cierto carisma antidemocrático. Seguimos creyendo que es necesaria una reforma profunda que cree un tribunal disciplinario en vez de un procurador, que pueda tomar unas decisiones más equilibradas”.
