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Un llamado a las asociaciones de profesionales de la construcción “para salir en rescate de la infraestructura colapsada y para ponerles filtros a los políticos y administradores para no permitir más este desangre”, hace el presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), Diego Sierra Franco, como reto ante la crisis provocada por la ola invernal.
“Yo creo que en esta crisis todos tenemos responsabilidad. Sería injusto decir que la ingeniería colombiana es culpable, tampoco la arquitectura. Hay un componente político, de corrupción, el contubernio entre administradores, políticos y contratistas ha sido fatal en la capital del país y en todas las ciudades importantes”, dice Sierra.
En nombre del gremio, asume la responsabilidad del colapso, aclarando que como cuerpo consultivo de los gobiernos nacional y departamentales, desde 1952, han estado prestos a dar apoyo. “Es que muchos gobiernos son tercos, tienen sus equipos de trabajo privados, todo lo adjudican a dedo y no hacen estudios previos. El resultado es el colapso. La Universidad de la Sabana, por ejemplo, contrató unos consultores holandeses, pero nunca consultó a los gremios de Colombia qué opinaban de su implantación allí y cómo mitigar un posible riesgo de inundación, trajeron un consultor externo a espaldas de la comunidad y pasó eso”, dice Sierra.
Para controlar o prevenir escándalos como el de la calle 26 en Bogotá, la SCA implementa los Concursos de Arquitectura para que la obra pública tenga una mirada transparente y democrática, ganándoles espacio a los contratos entregados a dedo.
“Esas obras sin diseño, con destinatario desde antes de que se adjudiquen, son una práctica bastante lesiva y en esa medida los profesionales vamos ganando terreno para que las cosas se hagan bien”, dice Sierra.
Cultura de informalidad
Casos recientes de colapso de viviendas como en el barrio 5 de Mayo de Cúcuta, el Centenario de Manizales o en el municipio de Gramalote (Norte de Santander) son analizados por la Comisión de Ordenamiento Territorial de la SCA, donde expertos hacen altos estudios, recomendaciones y consultorías, “lo que pasa es que muchos gobiernos prefieren trabajar con sus pequeños equipos y ahí tienen las consecuencias”, agrega Sierra.
Asegura que el 70% de las viviendas en el país fueron construidas bajo la informalidad, “sin planos ni asesorías, en condiciones precarias, incluso los edificios públicos”. En ese sentido, Sierra crítica el papel de las curadurías: “en el sur de Bogotá no hay curadurías, y es donde se concentra la mayor parte de ese 70% de informalidad. Creo que les han dado la espalda a los estratos bajos porque pagan muy pocos impuestos y no son clientes objetivos de las curadurías. La construcción de ciudad no se hace sólo con los estratos altos que pueden pagar las expensas, sino con los estratos pobres que también necesitan ese apoyo para construir bajo la norma”.
Como solución a estas fallas estructurales, la SCA propone la figura de los Observatorios Urbanos, donde arquitectos e ingenieros envíen profesionales a los cordones de miseria para asesorarlos en aspectos de sismorresistencia, salubridad y legalización. “Si los municipios revisan lo que dejan de recibir por predial, estoy seguro de que implementarían un programa que los devuelva a la legalidad”, indica el presidente gremial.
Para este experto, en los planes de vivienda de interés social y prioritario, salvo contados casos, “no hay conceptos de calidad, de bienestar, de unidad de familia, de viviendas amables y mucho menos de entornos apropiados. Son diseños con precariedad absoluta, basados en las utilidades del constructor”, asegura.
Por eso, la SCA asumió la gerencia de megaproyectos de vivienda rural en dos departamentos para los damnificados por el fenómeno de La Niña, que les entregó el Gobierno.
En Bolívar, con la construcción y dotación de 2.400 unidades con un costo de 35 mil millones de pesos sobre lotes propios de cada poseedor, con un relleno de 1,20 metros para librar el área de las inundaciones, con tecnologías y materiales para que preserven en el tiempo, y en Chocó son 2.730 mejoramientos de vivienda por $7.800 millones, representados en cambio de cubiertas, fachadas, puertas, sanitarios, pisos, que mitigan la crisis.
El proceso de formulación comenzó hace seis meses, el 15 de enero iniciarán la construcción y tienen 10 meses para la entrega. Además, con Colombia Humanitaria realizan varias interventorías por ocho departamentos con obras menores de vías, puentes que colapsaron y otros estragos del invierno.
La próxima semana la Sociedad de Arquitectos les solicitará a las Corporaciones Autónomas Regionales un informe, desde el punto de vista ambiental, sobre los avances de los Planes de Ordenamiento Territoriales municipales, para que sirvan de carta de navegación a los nuevos mandatarios. “Necesitamos mostrarle al país resultados, a los nuevos alcaldes, para que vean los rezagos en los temas, porque en general el 90% de los POT está muy atrasado en el país”, dice Sierra.