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La confrontación entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia sigue al rojo vivo. A las 24 horas de que las mayorías del alto tribunal determinaran que no existe satisfacción con la terna enviada por el Presidente para designar Fiscal General de la Nación, el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, tomando la vocería del Ejecutivo, se pronunció para manifestar que espera que la Corte Suprema de Justicia, conforme a su obligación constitucional, proceda a elegir Fiscal, evitando de esta manera un quebrantamiento del orden institucional.
Valencia Cossio, en una declaración pública, expresó que es una función constitucional exclusiva del Presidente conformar la terna para elegir Fiscal, y en esta facultad no puede intervenir ninguna otra Rama del Poder Público. De la misma manera, agregó, “corresponde a la Corte elegir al jefe del ente acusador sin interferencias de otros sectores”. Según Valencia, en cumplimiento de este mandato, el presidente Uribe integró una terna de candidatos “con las más altas calidades profesionales y personales, y cumpliendo con los requisitos para ser Fiscal, que coinciden con las exigencias para ser magistrado de la Corte”.
El Ministro recordó que la interinidad en el cargo de Fiscal lleva 48 días y por eso espera a que la Corte Suprema cumpla con su deber cuanto antes. La postura del Gobierno está en contravía con la asumida por el alto tribunal, que se ha declarado insatisfecho con los candidatos planteados, pues considera que no son sinónimo de garantía para la administración de justicia. Esta posición fue defendida por 13 magistrados, mientras que ocho se mostraron en desacuerdo con esta postura. De cualquier manera, lo que queda en claro es que el pulso entre la cúpula de los dos poderes públicos permanece sin variaciones.
En el mismo tono prevalecen las opiniones de los líderes políticos y analistas. Mientras el precandidato presidencial del Partido Liberal Héctor Helí Rojas considera que con su posición “el Presidente está confesando que quiere y necesita un Fiscal de bolsillo”, el senador conservador Jorge Pedraza cree que el Congreso no tiene competencia en este caso y que la decisión corresponde al Gobierno y a la Corte Suprema. En un término medio, el senador Luis Élmer Arenas, del Partido de la U, resalta su preocupación por el enfrentamiento y la inconveniencia para el país de que se prolongue la interinidad en la Fiscalía.
Expertos en materia jurídica también exteriorizaron su punto de vista. Al tiempo que el ex viceministro de Justicia Rafael Nieto estima que no existe el choque de trenes, pero sí “una suplantación de la Corte a una función exclusiva del Presidente”, el ex vicefiscal Francisco José Sintura admite que la Corte no tiene facultades discrecionales para devolver la terna. Sin embargo, sí cree que el alto tribunal debe valorar los requisitos, ante lo cual el debate trasciende aspectos puramente jurídicos para trasladarse al terreno de los valores éticos de los candidatos, y esa valoración corresponde al Gobierno.
La terna para Fiscal presentada por el Gobierno está integrada por el ex embajador ante la OEA Camilo Ospina, el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio y la abogada Virginia Uribe. Frente a estos candidatos, el ex ministro de Justicia y senador del Polo Parmenio Cuéllar, considera que si bien es competencia del Presidente exigir calidades profesionales de abogados, eso no implica que tenga que hacer una terna con sus amigos, sin pensar en la justicia colombiana. No obstante, su copartidario el senador Jaime Dussán reconoce que sería preferible una terna de reconocidos juristas, pero resulta entendible que ningún presidente va a nombrar a un enemigo.
Por ahora, el asunto parece en tablas y lo único que se advierte en el horizonte es una larga interinidad del ex vicefiscal Guillermo Mendoza Diago al frente del ente investigador. La solución a mediano plazo sería una reforma constitucional que, como en la mayoría de países, permita que la designación del Fiscal General de la Nación sea competencia exclusiva de uno de los poderes públicos. O del Ejecutivo, como ocurre hoy en Estados Unidos, o de la Corte Suprema de Justicia, como en otros Estados. Sin embargo, con la actual confrontación política, ni siquiera este palo está para cucharas.
Los casos clave
Luego de que la Corte Suprema determinara que la Fiscalía debía devolverles los casos relacionados con parapolítica, el ente acusador continuará con procesos clave que de algún modo son sensibles para el Gobierno. Uno de ellos es el de ‘chuzadas’ y seguimientos, por parte del DAS, a periodistas, magistrados y miembros de la oposición por el que se encuentran investigados cuatro ex directores del organismo y otros treinta funcionarios. Asimismo, la Fiscalía deberá definir la suerte de la llamada yidispolítica en la que se encuentran siendo investigados, entre otros, el ex ministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega; el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, y el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno. De igual forma, otro tema clave para el Gobierno son las investigaciones por los falsos positivos, debido al impacto que han tenido en relación con su ‘política de seguridad democrática’.