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Los cálculos de Jaime Arias Ramírez, presidente deACEMI (asociación que agrupa a estas entidades), es que de las 70, que existen aproximadamente hoy, “no van a quedar más de 20 ó 30”.
“Este revolcón se viene cocinando desde hace, por lo menos, ocho meses”, dice Arias y recalca que el primer paso ya se dio: entregarle la vigilancia de los aspectos económicos de las EPS a la Superintendencia financiera. Saben que las exigencias financieras serán severas: calculan que se les va a pedir a las Entidades Promotoras de Salud que tengan un patrimonio mucho más sólido, «hasta cuatro veces su patrimonio actual», dice Arias.
Y para ello, recalca, el Gobierno tendrá que garantizar un periodo de ajuste o un tiempo de transición para acomodarse a las nuevas exigencias y, además, facilitarles a las EPS el acceso a créditos. Todo esto teniendo en cuenta que hoy, sin ningún ajuste, ya hay algunas entidades que tienen su patrimonio amenazado, afirma el director de ACEMI.
“Está sucediendo lo mismo que ocurrió con el sistema bancario y las compañías de seguros hace unos años, que tuvieron que vivir procesos parecidos para reestructurar y replantear su funcionamiento. A las EPS las quieren convertir en verdaderas compañías de seguro pero eso implica unas exigencias muy altas”, asegura Arias.
Para Arias, ese gran cambio que van a enfrentar las EPS (y que el gobierno había prometido anunciar a finales de enero) tendrá que regirse por unas “reglas de juego claras”.
Según él, “si ya es cierto que salirse de un negocio es difícil, salirse del negocio de la salud es complicadísimo porque las empresas tienen unos créditos adquiridos, unos contratos a largo plazo y un compromiso social con la población”.