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En las listas de matrícula, así como en la actas de graduación, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) figuran cerca de 70 nombres que escandalizarían a cualquier rector de otra institución si los descubriera entre sus alumnos.
Allí aparecen personajes como Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, Rodrigo Granda, Salvatore Mancuso, John Jairo Velásquez alias Popeye, Augusto Eduardo Bonilla –conocido entre los hinchas de Santa Fe como alias Barbie y condenado a 20 años de cárcel por agredir con arma blanca a otro hincha en la tribuna–. También Diana Guevara, procesada por activar una bomba incendiaria en Transmilenio.
Sin embargo, para los tutores de esta universidad, estos alumnos representan un reto y son motivo de orgullo. “No somos una universidad común y corriente, queremos llegar a las personas que más necesitan capacitarse y educarse”, comenta Marybel Córdoba, secretaria general de la UNAD, al referirse al convenio que en 2004 firmó la universidad con el Inpec para ofrecer programas educativos a las personas privadas de la libertad. Y añade: “Creo que la educación es en realidad la única forma de resocialización, es la mejor herramienta para que las personas retomen la senda del bien”.
La universidad, que promueve una pedagogía basada en el aprendizaje autónomo, utiliza un sistema de tutorías que aprovecha los sistemas de información y conocimiento para llevar sus programas académicos a cerca de 46.000 alumnos en todo el país, incluyendo por supuesto, a los que están tras las rejas.
La oferta académica abarca un amplio espectro que va desde la alfabetización hasta los programas posgraduales. De los 13 pregrados, el preferido y que más interés despierta entre los “alumnos de las cárceles”, es administración de empresas, seguido por psicología. La licenciatura en etnoeducación y filosofía también han resultado carreras atractivas.
Martha Isabel Pineda, asesora académica de la universidad, comenta que en los últimos meses han recibido decenas de solicitudes por parte de los desmovilizados de las autodefensas en los que muestran su interés en cursar programas relacionados con el agro como zootecnia, agronomía o ingeniería agroforestal.
“Por ahora esto no ha sido posible, porque estas carreras exigen un componente práctico, pero estamos trabajando para que las granjas que tiene el Inpec en algunas cárceles se adecuen y puedan ser aprovechadas por los alumnos”, dice la funcionaria.
A través de consejeros asignados por el Inpec a las distintas cárceles, los reclusos se enteran de las posibilidades académicas que tienen. Si deciden inscribirse, el Gobierno se compromete a cubrir el 50% de la matrícula que, según el programa y el número de cursos, oscila entre 400.000 y 900.000 pesos.
Una vez matriculados, los estudiantes reciben el material de estudio a través de un tutor que los visita mínimo tres veces en la cárcel o por medio de parientes que tengan contacto más frecuente. Quienes tienen acceso a internet pueden mantener un contacto más fluido con sus tutores.
Uno de los proyectos en que trabajan las directivas es continuar con el fortalecimiento de la universidad en la Florida, Estados Unidos. En principio, el proyecto nació con la idea de llevar educación a los colombianos y latinos presos en este país. Se calcula que estas cárceles albergan el 44% de los 13.200 colombianos detenidos en el exterior.
Una de las anécdotas más curiosas de este grupo de alumnos le sucedió a uno de los tutores que tuvo Gilberto Rodríguez Orejuela. Recuerda el tutor que el famoso capo reprobó una materia sobre creación de empresas: “No entendí cómo un hombre que creó un imperio con más de 2.000 millones de dólares en ganancias podía perder esta materia”, recuerda el docente.