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La idea de la carta nació tras el accidente aéreo que se presentó el pasado sábado 6 de septiembre, a unos 10 kilómetros de Araracuara, en el que fallecieron dos pilotos y ocho tripulantes, entre los que se encontraban el investigador Roberto Franco y el indígena Daniel Matapí.
Según los firmantes, más allá de las fallas mecánicas que echaron abajo la aeronave, este accidente es consecuencia y reflejo de la falta de instituciones estatales en la zona y la pérdida de gobernabilidad en la región de Araracuara.
“Desde hace un tiempo no muy lejano, esta zona ha venido teniendo un progresivo deterioro en la presencia institucional, que en alguna época tenía allí el centro de investigaciones biológicas y culturales más importantes de la Amazonia colombiana, desde la Corporación Araracuara, hoy Sinchi, pasando por Parques Nacionales, las ONG más destacadas del país, e investigadores de todas partes del mundo, que aportaron a la comprensión de la importancia de esta región”, dice la carta.
El documento señala que ninguna entidad permanece en el territorio, recuerda que el centro de estudios está en ruinas y el avance de la minería ilegal es cada vez más evidente. “Pedazos de dragas, motores, tuberías y bares marcan el nuevo paisaje de este pedazo del territorio en la Amazonia. Una base militar, un puesto de Policía y una torre de Aerocivil, son el rastro de la autoridad”, relata la carta.
La flota aérea tiene a Satena como única aerolínea que viaja a la región. El problema es que ésta “ha tercerizado su operación a empresas que tienen avionetas más pequeñas, con baja capacidad de carga y pasajeros”.
Ese sábado, los pasajeros se subieron a una avioneta llamada Laser. Según relatos de indígenas que presenciaron la colisión, la aeronave iba con sobrecarga, pues transportaba el cupo de tripulantes no permitido y una considerable cantidad de equipos de minería.
La carta finaliza con un llamado de atención al Estado por la falta de autoridad en la región, las precarias condiciones de operación y el mantenimiento de las aeronaves que reemplazan un servicio que debería ser obligatorio. “Aquí, a pesar de las condiciones, el sector ambiental colombiano sigue dando una lucha para mantener su presencia y proteger la riqueza cultural y ambiental de la Amazonia. Cualquiera de nosotros pudo haber corrido la suerte de Roberto, Daniel y las demás víctimas del vuelo”.