Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Lo había hecho varias veces. Sacar las pinturas de su morral de colegial y dejar como un sello un gato Felix seguido por su firma en alguna pared callejera del barrio había sido fácil. Esta vez le costó la vida. El viernes en la noche, Diego Felipe Becerra, en el ritual obligado de cualquier gafitero, salió corriendo con dos compañeros después de ser sorprendidos por la Policía en la avenida Boyacá con calle 116. Pero sucedió el absurdo. Sonaron disparos. Diego Felipe, con apenas 16 años, murió horas después mientras era atendido en una clínica.
Aunque todavía no son claros los sucesos que terminaron en su muerte, sus familiares insisten en que Diego Felipe fue víctima de una abuso de fuerza por parte de los uniformados. La Policía dice que todavía se investiga si el jóven estaba implicado en el atraco de una buseta, como señalaron inicialmente los agentes que llegaron al lugar.
Su trágica muerte pone de nuevo en la mesa la polémica por la propuesta de regulación del grafiti en Bogotá. La concejal Liliana de Diago, del Partido de la U, y ponente del proyecto que busca que se establecezcan normas para esta práctica en el distrito, está convencida que si ya estuviera en marcha su iniciativa se habría podido evitar un episodio como el que terminó cobrando la vida de Diego Felipe.
“La idea es que los muchachos que se dedican a esta manifestación salgan de la clandestinidad, que dejen de considerarse delincuentes y por el contrario, se empiece a reconocer y a valorar su trabajo”, dice Diago, quien propone que la solución es crear un espacio definido por el Distrito, en el que sea permitido pintar los grafitis. Explica que no se trata de reprimir, sino de llegar a un acuerdo para evitar lo que pasó con Diego Felipe.
Para el concejal Jaime Caicedo, del Polo Democrático, y uno de los mayores opositores del proyecto, la iniciativa de la concejal generaría el efecto contrario al esperado. Según Caicedo, esta regulación terminaría siendo una censura que podría ser motivo de medidas aún más represivas. “El caso de Diego Felipe nos parece un indicativo grave de los atropellos a la libertad de expresión, mucho más teniendo en cuenta que se trata de un menor de edad”, agrega.
“Sabemos que corremos un riesgo, pero ahora el riesgo es morir”, así habla de lo ocurrido un miembro del colectivo Toxicomano -uno de los más activos en grafitis en Bogotá-.En cuanto a la propuesta de Liliana de Diago, asegura que es imposible regular el grafiti porque perdería toda su esencia, estrechamente vinculada con la clandestinidad y el anonimato. Por el contrario, advierte que el caso de Diego Felipe demuestra que auque el grafiti está considerado como una contravención y hay correctivos para este, no son pocos los abusos que los policías cometen con los jóvenes que se atreven a desafiar la limpieza de cualquier pared con un mensaje.
La concejal, por su parte, insiste en que el grafiti como expresión artística sólo dejará de considerarse un delito cuando sea regulado por las autoridades, “La idea es que Bogotá se vea ordenada y se vea limplia”, explica. La respuesta de Jaime Caicedo es que antes de que suceda otra tragedia, la administración distrital tiene que tener unas directrices muy claras con respecto al ejercicio del grafiti, que en ninguna medida podrá estar relacionado con la regulación.