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El Gobierno Nacional radicó esta semana ante el Congreso de la República el proyecto que busca darle una nueva cara a la inteligencia civil en el país tras los escándalos de corrupción que involucraron a altos funcionarios del Estado en hechos como las ‘chuzadas’ a magistrados de las altas cortes, periodistas y políticos de oposición, así como en casos de espionaje practicados desde el DAS para favorecer a mafiosos.
En primera instancia, el Ejecutivo considera que la forma de resolver el problema era transformar al DAS en una Agencia Central de Inteligencia, cuyos detalles están contemplados en el proyecto radicado ante las comisiones segundas de Cámara y Senado. Una de las novedades de la iniciativa es que traslada al CTI de la Fiscalía el personal del DAS especializado en interceptaciones con el fin de aprovechar su experiencia para las labores de inteligencia. Dicha idea les ha gustado incluso a los congresistas de oposición, como el senador del Polo Gustavo Petro, quien dijo que está de acuerdo con ese punto, pero manteniendo un cuerpo mas pequeño de inteligencia civil.
El Gobierno argumenta que dicha modificación tiene como objetivo que la Fiscalía “pueda asumir, dentro de sus competencias, las cargas de trabajo generadas por la supresión del DAS en relación con sus funciones de investigación criminal y policía judicial”.
Según el texto presentado por el Gobierno, la nueva Agencia Central de Inteligencia tendrá sede en Bogotá con un director, que sería de libre nombramiento y remoción. También se busca fortalecer las estrategias para obtener información oportuna, a través del intercambio y la cooperación con otros organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones de inteligencia y contrainteligencia de Estado.
Aún no está claro si con esos cambios se resolverán los problemas que llevaron al caos a la entidad. Congresistas de oposición e incluso uribistas ya advirtieron que si todo apunta a un simple cambio de nombre nada va a mejorar. La senadora liberal Cecilia López, por ejemplo, considera que el verdadero problema radica en la forma como la Presidencia maneja el DAS y en el uso que le da. El debate apenas comienza y los congresistas ya empezaron a alinearse para defender o atacar el proyecto, según sea el caso.
Óscar Arboleda, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, ya citó a la primera audiencia pública sobre el proyecto, que será el 12 de noviembre. Samuel Arrieta, su homólogo en el Senado, nombró los ponentes. El senador conservador Eduardo Enríquez Maya pidió transformaciones profundas en el organismo de inteligencia y capacitación para sus funcionarios, independientemente de que pasen a la Fiscalía.
El coordinador ponente del proyecto, el representante del Valle Roy Barreras, del partido de la U, cree que la prioridad es crear una entidad capaz de prevenir ataques terroristas, pero que no se convierta en una agencia de espionaje.
Otro de los ponentes es el senador Parmenio Cuéllar, quien cuestionó las motivaciones del Gobierno al presentar la iniciativa. “El presidente Uribe dice que quiere acabar el DAS, pero es un sofisma de distracción, porque en verdad lo que se quiere dar a entender con esta decisión es que la institución se corrompió sola”. Según él, lo que se quiere es “tapar una realidad: que el Gobierno capturó al DAS”.
El senador Armando Benedetti llamó la atención sobre la posibilidad de que la gente “que sabe ‘chuzar’ y manejar armas” se quede desempleada: “Me preocupa que estas personas puedan dedicarse a otros menesteres como el narcotráfico”. Pidió nombrar a un director que sepa del tema y provenga de la Fuerza Pública. “Aquí se ha nombrado a personas civiles que no tienen idea de seguridad del Estado”, dijo.
En el ambiente persiste la sensación de que el proyecto, que fue presentado con mensaje de urgencia, no tiene mayor acogida en las comisiones primeras de Senado y Cámara. El primer debate ya está programado para el martes 18 de noviembre y están convocadas todas las autoridades comprometidas con el tema.