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Voceros del alto tribunal le reiteraron al Presidente que no veían viables los tres nombres propuestos para la Fiscalía y le sugirieron que se revisara la composición de la terna. Gobierno destinará US$3 millones para seguridad de magistrados.
Nuevamente la Corte Suprema de Justicia fijó sus reparos a la terna que le envió el presidente Álvaro Uribe a la Fiscalía. Así se lo hizo saber al Jefe de Estado en reunión privada sostenida en la Casa de Nariño a la que asistieron el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y el presidente y vicepresidente del alto tribunal, Augusto Ibáñez y Jaime Arrubla, citada por el mismo Uribe para tratar el tema de la seguridad de los magistrados. En esencia, los voceros de la Corte recalcaron que hasta tanto haya claridad sobre la transparencia e idoneidad de los candidatos, podrán tomar una decisión.
Además, le recordaron al Presidente que “no es un capricho” de la Corte Suprema las inquietudes que tienen respecto de Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio y Virginia Uribe. En ese contexto, refirieron que desde que se dieron a conocer los nombres para suceder al ex fiscal Mario Iguarán, una serie de reparos han sido ventilados por los medios de comunicación y que dichos cuestionamientos generaron en los 23 magistrados de la corporación hondas preocupaciones aún no resueltas y que tienen en el limbo la escogencia del nuevo jefe del ente acusador.
Aunque no le pidieron al Primer Mandatario que se modificara la terna, sí sugirieron que se analizara nuevamente por la Casa de Nariño la conveniencia de mantenerla, pues el grueso de la Corte Suprema de Justicia tiene la tesis de que de esa terna ni a palos sale Fiscal. No obstante, las puertas para encontrarle una salida a este jaque institucional quedaron abiertas al acordarse una nueva reunión entre Uribe y la Corte para abordar la sinsalida en la que se está convirtiendo la elección del nuevo Fiscal General de la Nación.
No fue el único tema candente. Durante la reunión, los magistrados Augusto Ibáñez y Jaime Arrubla le explicaron en detalle al Presidente la agenda que cumplirán la próxima semana en Washington, que incluye reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia de Estados Unidos, así como el pleno de la Corte Suprema de ese país y, tal como lo informó El Espectador en su edición del pasado miércoles, un encuentro privado con la secretaria de Estado, Hillary Clinton.
Los voceros del alto tribunal le informaron al Primer Mandatario que el propósito principal de su gira en el país del norte era concretar acuerdos de cooperación judicial para garantizar la verdad, la justicia y la reparación de las miles de víctimas de la barbarie paramilitar, tras la extradición en mayo de 2008 de 15 ex jefes de las autodefensas, algunos de los cuales ya renunciaron a seguir colaborando en el marco de la Ley de Justicia y Paz. No obstante, fuentes consultadas por este diario, corroboraron que sí expondrán en Estados Unidos los azarosos seguimientos documentados por la Fiscalía en contra de casi la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
La preocupación del presidente Uribe por conocer los detalles de la agenda de la Corte en Washington era apenas obvia, sobre todo por la pésima imagen internacional que puede derivarse de las reuniones del alto tribunal con sus pares en Estados Unidos y con altos funcionarios del gobierno Obama. Y más teniendo en cuenta las publicitadas noticias que le han dado la vuelta al mundo en torno al espionaje que desde hace varios años montó un tenebroso grupo conocido como G-3 en el DAS y que terminó por hurgar en las vidas privadas de defensores de derechos humanos, periodistas, dirigentes de oposición y, claro, los magistrados de la Corte.
Tras analizar el complejo escenario de la seguridad de los magistrados, el Gobierno convino que tres millones de dólares serían destinados de inmediato con el fin de reforzar los esquemas de protección de los magistrados y sus familias. El ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, explicó que ese dinero saldrá de la incautación que hace unas semanas hizo la Policía de varios contenedores en Buenaventura (Valle) con cerca de treinta millones de dólares, provenientes de la mafia mexicana. El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la partida presupuestal y le pidió al Ministerio de Hacienda incorporarla en la vigencia del próximo año a manera de “crédito puente”, mientras se surte el trámite de extinción de dominio.
Luego del encuentro, la Sala Plena de la Corte Suprema fue informada por los magistrados Augusto Ibáñez y Jaime Arrubla de los pormenores de la cita en Palacio y, nuevamente, la mayoría de los juristas mantuvieron su postura de no votar por ninguno de los integrantes de la polémica terna para la Fiscalía. El centro de las inquietudes son, en el caso de Juan Ángel Palacio, grabaciones que lo relacionan como un ‘lobbysta’ en procesos en el Consejo de Estado. El caso de Camilo Ospina tiene otras aristas: la cuestionada directiva que emitió como Ministro de Defensa y que algunos consideran como la génesis de los falsos positivos, aunque él lo niega, y por supuesto, su cercanía con Álvaro Uribe.
Sobre Virginia Uribe, la Corte Suprema sólo tiene un reparo, y no es menor: desconfían de sus criterios jurídicos para asumir las riendas del máximo ente investigativo de la justicia ordinaria. En conclusión, mientras la interinidad del fiscal encargado Guillermo Mendoza Diago se prolonga más y más —algunos entendidos pronostican que se quedará hasta febrero de 2010—, ni la Corte Suprema ni el presidente Uribe quieren ceder ni un paso. Una fuente cercana a la Casa de Nariño lo resumió todo así: “Esto es un asunto de honor”.
El pulso está servido y la controversia promete no amainar pronto. Analistas plantean que esta medición de fuerzas empieza a trascender a los escenarios internacionales y que las consecuencias aún están por verse. A nivel interno, coinciden en que el fiscal encargado Mendoza afronta una encrucijada mayúscula que es, como él mismo dijo, “mucha carga para tan poco mando”, y que procesos neurálgicos de los cuales espera pronta respuesta el país caminan a paso de babosa, pues continúa en el limbo el nombre del sucesor de Mario Iguarán Arana.
Proponen archivar “supercorte”
El senador conservador Eduardo Enríquez Maya, como ponente del proyecto de la “supercorte”, propuesto por el Partido de la U —que pretendía crear un tribunal especial para el juzgamiento de congresistas y magistrados—, propuso el jueves archivar la iniciativa tras considerarla “inconstitucional” e “inconveniente”.
En lugar de esta figura, Enríquez Maya dice que prefiere fortalecer la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, con legisladores que cumplan todos los requisitos que deben tener los magistrados de las altas cortes.
La “supercorte” pretendía quitarle a la Corte Suprema de Justicia la facultad de investigar a los parlamentarios en casos como la parapolítica.